“O te presentas a las elecciones o te echo”. Cristina Gándara nunca hubiese imaginado que su primera incursión en política se produciría a la fuerza, presionada por Xaquín Rodríguez, el alcalde del municipio orensano de Rairiz de Veiga (1.700 habitantes), en el que ejerce como trabajadora social. “Le pedí que me diera tiempo para pensármelo, pero me obligó a ir en las listas del BNG en las municipales de 2007.
Lo único que le rogué entonces es que no me pusiera en puestos altos. En las elecciones generales del año pasado volvió a amenazarme, quería que repartiese propaganda electoral y que acudiese a actos del partido. Me llegó a prometer un contrato indefinido si aceptaba”, rememora. Cristina, en nómina del Ayuntamiento desde hace seis años, llegó a asumir como algo normal que el alcalde la coaccionara. Hasta que los gritos, amenazas y golpes en la mesa se convirtieron en una constante. Marisa Carnero, que lleva más de dos décadas como administrativa, coincide con Cristina y asegura que empezó a sufrir acoso laboral por parte del regidor poco después de llegar a Rairiz, hace tres años.
Ambas aseveran que hace tiempo que el alcalde utiliza los servicios del Ayuntamiento, con un censo de población rural y envejecida de más del 75 por ciento, en beneficio propio. “Emplea a las auxiliares de ayuda a domicilio para ‘carrexar’ [conseguir] votos; las obliga a llevar a los ancianos a votar. Le hemos pedido por favor que no politice el servicio”, solloza Marisa, quien acusa a la empleada de la farmacia, hermana del alcalde, de “retener” hasta el día de los comicios los DNI de los jubilados con la excusa de que “los necesita” para dispensarles la medicación.
Marisa y Cristina mantienen que las presiones que padecen en su lugar de trabajo llegaron con las denuncias por las irregularidades que, dicen, comenzaron a observar en la Casa Consistorial. “Todo lo que nos pasa es por querer hacer las cosas bien. Aguantamos insultos; [el alcalde] nos dice que somos ‘parvas’ [tontas] e incluso, un día me empujó porque le pillé desviando 10.000 euros que debían ser para una subvención”, explica Marisa.
Las responsables de los servicios sociales de Rairiz se han querellado contra su jefe porque, a pesar de que el juez no lo considera probado, un estudio realizado por el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Santiago de Compostela ha cuantificado en un 48 por ciento el mobbing que ambas han padecido y que terminó por materializarse en una baja médica de año y medio de duración por “depresión reactiva”.
Ambas solicitaron el alta voluntaria porque, pese a todo, insisten, les gusta el trabajo que realizan.Desde que en octubre se reincorporaron a sus puestos, aseguran que la presión no ha hecho más que agudizarse. Acusan al alcalde de dejarles notas sobre sus mesas instándolas a marcharse. “Me ha llegado a pedir que falsee informes, que certifique que algunos usuarios no cuentan con ayudas a domicilio sin ser cierto.
Cuando le respondí que no podía hacer eso porque no quería que me inhabilitasen, me contestó que él firmaba cosas similares todos los días”, relata Cristina. En la denuncia penal presentada en el juzgado se recoge que el alcalde –que en julio abandonó las filas del Bloque Nacionalista Galego (BNG)– “siempre trata de beneficiar a personas de su entorno”.
El alcalde, que rechaza las acusaciones, asegura que todo es fruto de una “campaña de desgaste y de desprestigio en mi contra. Aquí se han hecho muchas cosas buenas en los últimos años. Lo que ocurre es que hay dos personas que pretenden campar a sus anchas y no quieren trabajar. Hay varias quejas de gente del pueblo en contra de Cristina porque no cumple con su cometido”.
El regidor niega también haber instado a la trabajadora social a que se sumase a la candidatura del BNG. “Le interesaba ir en las listas para consolidar su puesto de trabajo, aunque ahora lo niegue”, justifica.
“Vivimos en el siglo XIX”
A pesar de que el alcalde insiste en quitar hierro a las denuncias, lo cierto es que en una inspección de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta, realizada el 12 de noviembre, se detectaron numerosas irregularidades, como la falta de un registro de beneficiarios de los servicios sociales. Una situación de la que el alcalde culpa a las denunciantes: “Tenemos testigos de que son ellas las que se llevan en bolsas los expedientes; la trabajadora que las sustituyó durante la baja sí cumplía con su cometido correctamente”, disculpa resuelto. Las trabajadoras sociales de Rairiz advierten de que el resto de los empleados del Ayuntamiento reciben presiones para que declaren a favor del alcalde. “Nos ha puesto en contra de los demás”, explica Cristina, quien estando de baja médica recibió una notificación de despido que el Tribunal Superior declaró nulo. “Antes el acoso era sutil, ahora no”, asegura.
Las denuncias contra el regidor no son hechos aislados. Manuel Pérez, conductor del camión de recogida de basura, se ha visto obligado a pleitear por los asuntos más insignificantes. A la hora de solicitar las vacaciones, días de asuntos propios, reclamar el pago de su sueldo o de las prestaciones durante un periodo de baja, ha de acudir al juzgado. Los tribunales le han dado la razón en una decena de ocasiones.
Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) calculan que la deuda del Ayuntamiento con Manuel y con la Inspección de Trabajo ronda los 50.000 euros. Anxo García, líder de la CIG en Verín, asegura que “vivimos en el siglo XIX. Aquí, es difícil poder trabajar si no participas en el partido del alcalde y eso no es de recibo. En la provincia, a estas alturas, se suceden los despidos por cuestiones ideológicas. El caso de Xaquín, antes en el BNG y ahora coqueteando con el PP, es uno más”.“No tiene principios ni ética.
El cien por cien de lo que hace el alcalde es para utilizar el pueblo a su antojo. Sólo quiere trabajadores sumisos”, denuncia Eulogio Fernández, portavoz municipal del PSdeG-PSOE. El edil socialista se revuelve en la silla mientras aporta pruebas de que el regidor “no se ciñe a los presupuestos municipales [1,2 millones]”, gasta “indiscriminadamente” y acumula impagos “de 20.000 y 30.000 euros, algo contrario a la ley”. Sólo correspondientes al año 2007, la secretaria judicial –la quinta funcionaria en pasar por el puesto en los últimos tres años– ha dado cuenta de 56 actuaciones del alcalde contrarias a derecho. “Son frecuentes las contrataciones de personal sin pasar por el Inem.
A cargo del Plan E del Gobierno se han realizado adjudicaciones directas de obras por valor de 306.000 euros que se fraccionaron en tres obras otorgadas a una misma empresa. Tenemos pruebas que acreditan que se compraron veinte marquesinas en Portugal, a 1.500 euros cada una, y que el Ayuntamiento facturó a 7.500 euros”, prosigue Fernández.Obras en entredichoTampoco las obras de construcción de una escuela infantil están ausentes de polémica. Los socialistas denuncian irregularidades “en la tramitación de facturas del proyecto, la modalidad de la ejecución de las obras, en la dirección de los trabajos, la contratación de medios personales y en la certificación de la escuela”.
Existe incluso duplicidad de facturas. Así, lo acredita un informe interno al que ha tenido acceso interviú, en el que la interventora municipal expresa sus reparos a los gastos de finalización de los trabajos. Según la funcionaria, “o las facturas de los trabajos están incorrectamente datadas o el gasto al que se refieren no fueron ejecutados para esa obra”. Además, hace constar que existen “irregularidades en la justificación de la subvención recibida”.
Para el alcalde, no hay nada anormal porque “es frecuente que se certifiquen obras con prisas y a veces con errores de forma”.La que sí cumplió las normas fue Eva Paz, que ha sufrido en sus propias carnes las supuestas irregularidades que se suceden en Rairiz. “He gastado mucho dinero en tasas del Ayuntamiento cada vez que se abría una convocatoria pública de empleo, y en todos los casos mi documentación ha desaparecido de manera misteriosa”.
Eva también da fe de la inadecuada administración de las ayudas a domicilio. “Mi abuelo pagaba todos los meses por un servicio que había dejado de recibir. Cuando reclamamos, el alcalde me despachó con un «cállate, que no eres de los míos»”. El delito de Eva fue el de figurar como suplente en las listas del PP.
fuente: Interviu
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