El fiscal de Medio Ambiente solicita un año y medio de cárcel al ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, por un delito de prevaricación derivado de la concesión de 24 licencias para construir otros tantos chalés en suelo rústico. Este escándalo urbanístico, pendiente del juicio en un Juzgado de Lo Penal de Benidorm, es anterior a la investigación judicial que motivó el encarcelamiento del ex regidor el pasado miércoles por avalar otros 300 chalés ilegales a cambio de regalos y dinero. Mas autorizó las licencias ilegales entre 1999 y 2003.
La investigación de los dos casos partió de denuncias de particulares
El actual regidor asegura que tuvo amenazas por frenar casas ilegales
La investigación de ambos casos arrancó a raíz de denuncias de particulares. En el proceso por las 24 licencias, además de José Mas también están acusados el ex aparejador municipal y el por entonces edil de Urbanismo, ya fallecido, del PP. El aparejador, igualmente en prisión por el segundo sumario, se enfrenta a la misma pena de un año y medio de cárcel.
La magistrada de la trama de los 300 chalés imputa a Mas los delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Fuentes del caso aseguran que el ex regidor avaló las construcciones ilegales a cambio de regalos y dinero de los promotores de las casas.
En el apartado de las dádivas, el ex regidor habría recibido un lujoso turismo (un Mercedes) por parte de uno de los promotores, "aunque el cohecho en este caso va mucho más allá de esos regalos", precisaron esas fuentes del caso. En su declaración ante la juez, José Mas rechazó esas acusaciones y mantuvo que el coche lo pagó de su bolsillo.
Aparte del ex alcalde José Mas y el aparejador municipal, por el sumario de los 300 chalés los agentes de la Brigada de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil arrestaron a otras cinco personas (constructores y promotores). Los guardias dejaron en libertad a dos de los detenidos antes de ponerlos a disposición judicial por motivos "personales y de salud", señalan fuentes del caso. Mientras, la juez ordenó el encarcelamiento del ex alcalde, el aparejador y el promotor cabecilla de la trama y dejó en libertad con cargos a los otros dos constructores.
Por su supuesta implicación en estos hechos, la Guardia Civil interrogó el miércoles al actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, y a otros cuatro concejales. Estos últimos deberán comparecer ante la juez imputados por prevaricación, siempre según las mismas fuentes.
La investigación policial sospecha que el actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, el hoy edil de Urbanismo y otros dos regidores del PP podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación. Los cinco, ediles en el mandato entre 1999 y 2003, votaron a favor de algunas de las licencias que les propuso el ex alcalde popular José Mas. Los permisos permitieron la construcción de viviendas en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados, muchas veces con licencias para restaurar ruinas o instalar almacenes.
No obstante, la Guardia Civil no equipara su comportamiento al de José Mas, debido a que éste no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos urbanísticos. Ayer, Reus declaró estar muy "tranquilo" por esa acusación, dijo que en ningún momento fue cómplice de Mas y añadió: "Cuando ganamos las elecciones intentamos paralizar aquellas construcciones, por lo que recibimos amenazas, presiones y difamaciones, hasta el punto de que a mi primer teniente de alcalde le acusaron de violar a sus hijas, cuando él tiene hijos".
Es más, el actual alcalde socialista aseguró que desde que accedió al cargo en 2003 ya sabía que se había abierto una investigación sobre la gestión de su antecesor: "El primer día que llegué al Ayuntamiento ya estaba esperándome la policía para investigar la trama". "Hicimos lo que pudimos para colaborar, aunque es verdad que no pudimos parar todo lo que hizo el PP y que cometimos algunos errores, pero fue sin mala intención y yo no me llevé ningún dinero al bolsillo" añadió Reus.
El alcalde también reveló que los populares, antes de perder las elecciones, esbozaron un concierto previo que recalificaba no aquellos terrenos rústicos donde ya se había construido sino suelo aún virgen donde tenían interés los promotores ahora encausados. De cara al futuro, el actual gobierno del PSPV planifica un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para legalizar la mayor parte de las viviendas -"ya que las personas que compraron de buena fe no tienen culpa de lo que ha pasado"-, si bien Reus no descartó la demolición de algunas de ellas.
Parte de esas viviendas ilegales ni siquiera tienen luz y agua y en una zona de 70 casas impulsada por de uno de los promotores implicados en la trama los propietarios se ven obligados a funcionar con placas solares.
La investigación de los dos casos partió de denuncias de particulares
El actual regidor asegura que tuvo amenazas por frenar casas ilegales
La investigación de ambos casos arrancó a raíz de denuncias de particulares. En el proceso por las 24 licencias, además de José Mas también están acusados el ex aparejador municipal y el por entonces edil de Urbanismo, ya fallecido, del PP. El aparejador, igualmente en prisión por el segundo sumario, se enfrenta a la misma pena de un año y medio de cárcel.
La magistrada de la trama de los 300 chalés imputa a Mas los delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Fuentes del caso aseguran que el ex regidor avaló las construcciones ilegales a cambio de regalos y dinero de los promotores de las casas.
En el apartado de las dádivas, el ex regidor habría recibido un lujoso turismo (un Mercedes) por parte de uno de los promotores, "aunque el cohecho en este caso va mucho más allá de esos regalos", precisaron esas fuentes del caso. En su declaración ante la juez, José Mas rechazó esas acusaciones y mantuvo que el coche lo pagó de su bolsillo.
Aparte del ex alcalde José Mas y el aparejador municipal, por el sumario de los 300 chalés los agentes de la Brigada de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil arrestaron a otras cinco personas (constructores y promotores). Los guardias dejaron en libertad a dos de los detenidos antes de ponerlos a disposición judicial por motivos "personales y de salud", señalan fuentes del caso. Mientras, la juez ordenó el encarcelamiento del ex alcalde, el aparejador y el promotor cabecilla de la trama y dejó en libertad con cargos a los otros dos constructores.
Por su supuesta implicación en estos hechos, la Guardia Civil interrogó el miércoles al actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, y a otros cuatro concejales. Estos últimos deberán comparecer ante la juez imputados por prevaricación, siempre según las mismas fuentes.
La investigación policial sospecha que el actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, el hoy edil de Urbanismo y otros dos regidores del PP podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación. Los cinco, ediles en el mandato entre 1999 y 2003, votaron a favor de algunas de las licencias que les propuso el ex alcalde popular José Mas. Los permisos permitieron la construcción de viviendas en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados, muchas veces con licencias para restaurar ruinas o instalar almacenes.
No obstante, la Guardia Civil no equipara su comportamiento al de José Mas, debido a que éste no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos urbanísticos. Ayer, Reus declaró estar muy "tranquilo" por esa acusación, dijo que en ningún momento fue cómplice de Mas y añadió: "Cuando ganamos las elecciones intentamos paralizar aquellas construcciones, por lo que recibimos amenazas, presiones y difamaciones, hasta el punto de que a mi primer teniente de alcalde le acusaron de violar a sus hijas, cuando él tiene hijos".
Es más, el actual alcalde socialista aseguró que desde que accedió al cargo en 2003 ya sabía que se había abierto una investigación sobre la gestión de su antecesor: "El primer día que llegué al Ayuntamiento ya estaba esperándome la policía para investigar la trama". "Hicimos lo que pudimos para colaborar, aunque es verdad que no pudimos parar todo lo que hizo el PP y que cometimos algunos errores, pero fue sin mala intención y yo no me llevé ningún dinero al bolsillo" añadió Reus.
El alcalde también reveló que los populares, antes de perder las elecciones, esbozaron un concierto previo que recalificaba no aquellos terrenos rústicos donde ya se había construido sino suelo aún virgen donde tenían interés los promotores ahora encausados. De cara al futuro, el actual gobierno del PSPV planifica un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para legalizar la mayor parte de las viviendas -"ya que las personas que compraron de buena fe no tienen culpa de lo que ha pasado"-, si bien Reus no descartó la demolición de algunas de ellas.
Parte de esas viviendas ilegales ni siquiera tienen luz y agua y en una zona de 70 casas impulsada por de uno de los promotores implicados en la trama los propietarios se ven obligados a funcionar con placas solares.
fuente: el pais
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