La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de de 12.020 euros públicos a su contable, Tomás Martín, para elaborar un estudio sobre el valor del suelo a cambio y que fue plagiado íntegramente de Internet.
La sentencia obliga además a ocho años de inhabilitación absoluta a Vicens, cuatro al ex director de Territorio y año y medio para el contable. Los acusados deberán hacerse cargo también de las costas procesales.
La sentencia se conoce precisamente un día después de que el Pacte de Govern, que tiene tan sólo un voto más que el PP en el Parlament, aprobase los Presupuestos de la Comunidad con el voto del diputado condenado y ex conseller de Territorio.
El caso, una pieza separada dentro de Son Oms, llevó a Vicens y al ex secretario general de UM y ex director general de Territorio, Damià Nicolau, que a su vez ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel, al banquillo de los acusados.
Tras conocer su sentencia el diputado ha manifestado en el Parlament que no tiene "previsto dimitir" y que "cabe el recurso al Tribunal Supremo", que es su siguiente paso.
Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, si bien éste mantiene su escaño en la Cámara.
Detalles de la sentencia
El TSJIB considera probado que Vicens encomendó un estudio "de nulo valor para la Administración" a Martín, pagado con fondos públicos, "deseoso" de agradecerle los servicios que le prestaba como contable y aprovechando su condición de conseller insular de Territorio de Mallorca.
El Tribunal reconoce asimismo que Martín se mostró "reticente" al principio a la hora de aceptar el encargo, pero que Vicens le dijo que no se preocupara, que podría hacerlo consultado simplemente unas direcciones de Internet que se le facilitaron.
La sentencia admite que el que entonces era director insular de Ordenación del Territorio, Damià Nicolau, aún consciente de que el informe era innecesario, aceptó intervenir en el expediente de contratación menor y que se abonaron a Martín 10.465,90 euros por el "Estudio sobre el valor del suelo en la isla de Mallorca".
El informe consta de 17 páginas cuyo contenido "íntegro copió (Martín) de las dos o tres páginas web que le habían proporcionado a instancias del señor Vicens" y fue traducido al catalán mediante un programa informático, detalla en la sentencia el TSJIB.
El estudio realizado por Martín solo fue leído por Vicens y Nicolau, no por los técnicos y el personal de la Conselleria, y ninguno de los dos condenados puso pegas al trabajo, que el TSJIB considera una "artimaña" de Vicens para gratificar a su contable, según infirma Efe.
Al abrirse la investigación del caso, antes de declarar por primera vez ante el juez, Tomás Martín compareció voluntariamente ante el magistrado instructor para reconocer la realidad de los hechos y, acto seguido, ingresar al TSJIB en concepto de "reparación del daño" los 12.020 euros que recibió por el informe.
El TSJIB señala que si bien la declaración de Tomás Martín tiene un peso "sensible" en las pruebas de cargo que avalan la condena, "en absoluto es la única", pues existen otras muchas que la confirman.
Entre ellas, el TSJIB señala el hecho de que el informe se encargara escasos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el que el autor tuviera pocos o nulos conocimientos sobre la materia que versaba el estudio y que el documento está lleno de "generalidades e imprecisiones", entre otras.
La sentencia obliga además a ocho años de inhabilitación absoluta a Vicens, cuatro al ex director de Territorio y año y medio para el contable. Los acusados deberán hacerse cargo también de las costas procesales.
La sentencia se conoce precisamente un día después de que el Pacte de Govern, que tiene tan sólo un voto más que el PP en el Parlament, aprobase los Presupuestos de la Comunidad con el voto del diputado condenado y ex conseller de Territorio.
El caso, una pieza separada dentro de Son Oms, llevó a Vicens y al ex secretario general de UM y ex director general de Territorio, Damià Nicolau, que a su vez ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel, al banquillo de los acusados.
Tras conocer su sentencia el diputado ha manifestado en el Parlament que no tiene "previsto dimitir" y que "cabe el recurso al Tribunal Supremo", que es su siguiente paso.
Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, si bien éste mantiene su escaño en la Cámara.
Detalles de la sentencia
El TSJIB considera probado que Vicens encomendó un estudio "de nulo valor para la Administración" a Martín, pagado con fondos públicos, "deseoso" de agradecerle los servicios que le prestaba como contable y aprovechando su condición de conseller insular de Territorio de Mallorca.
El Tribunal reconoce asimismo que Martín se mostró "reticente" al principio a la hora de aceptar el encargo, pero que Vicens le dijo que no se preocupara, que podría hacerlo consultado simplemente unas direcciones de Internet que se le facilitaron.
La sentencia admite que el que entonces era director insular de Ordenación del Territorio, Damià Nicolau, aún consciente de que el informe era innecesario, aceptó intervenir en el expediente de contratación menor y que se abonaron a Martín 10.465,90 euros por el "Estudio sobre el valor del suelo en la isla de Mallorca".
El informe consta de 17 páginas cuyo contenido "íntegro copió (Martín) de las dos o tres páginas web que le habían proporcionado a instancias del señor Vicens" y fue traducido al catalán mediante un programa informático, detalla en la sentencia el TSJIB.
El estudio realizado por Martín solo fue leído por Vicens y Nicolau, no por los técnicos y el personal de la Conselleria, y ninguno de los dos condenados puso pegas al trabajo, que el TSJIB considera una "artimaña" de Vicens para gratificar a su contable, según infirma Efe.
Al abrirse la investigación del caso, antes de declarar por primera vez ante el juez, Tomás Martín compareció voluntariamente ante el magistrado instructor para reconocer la realidad de los hechos y, acto seguido, ingresar al TSJIB en concepto de "reparación del daño" los 12.020 euros que recibió por el informe.
El TSJIB señala que si bien la declaración de Tomás Martín tiene un peso "sensible" en las pruebas de cargo que avalan la condena, "en absoluto es la única", pues existen otras muchas que la confirman.
Entre ellas, el TSJIB señala el hecho de que el informe se encargara escasos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el que el autor tuviera pocos o nulos conocimientos sobre la materia que versaba el estudio y que el documento está lleno de "generalidades e imprecisiones", entre otras.
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