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sábado, 23 de marzo de 2013

LA JUEZA ARGENTINA ADMITE EL ESCRITO CONTRA MARTIN VILLA - UTRERA MOLINA - FERNANDO SUAREZ Y BILLY EL NIÑO


La jueza argentina admite el escrito contra Martin Villa, Utrera Molina, Fernando Suárez y Billy el Niño, entre otros

(la foto no pertenece al articulo) Los ex ministros franquistas Martín Villa, Fernando Suarez González y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), los policías de la brigada social Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar famoso por su intervención en el golpe de estado del 23-F o el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro, son algunos de los nombres presentes en el escrito de imputación que ha admitido la jueza argentina María Servini de Cubría quien investiga los crímenes del franquismo, según ha manifestado a ELPLURAL.COM fuentes de los querellantes. La jueza debe presentar un exhorto ante el Fiscal General del Estado para que estas personas comparezcan ante ella. Si no lo hacen, la magistrada emitirá orden de busca y captura a través de Interpol.

 “Es el mismo procedimiento que Garzón siguió con Pinochet”, ha explicado a ELPLURAL.COM José María Galante “Chato”, miembro de la Asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna que figuran entre los promotores de esta querella quien valora de forma muy positiva la admisión de este escrito de imputación en que “se piden diligencias indagatorias y se solicita se ordenen detenciones internacionales”.

 Lo que plantean es la imputación por crímenes de lesa humanidad de responsables concretos y aún vivos que los querellantes consideran protagonistas de la represión franquista. Entre ellos figuran los ex ministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, José Utrera Molina, los policías de la Brigada Social Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), José Ignacio González Giralte, y Celso Galván Abascal; el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar, el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro y el capitán Jesús Cejas Mohedano. Todos ellos figuran en alguna o varias de las querellas presentadas ante la jueza María Servini de Cubría como presuntos autores de distintas acciones represivas.

 Más de 300 querellas

 La red ciudadana contra los crímenes del franquismo, red AQUA, ha recogido más de 300 querellas de víctimas de franquismo y más de 6.800 adhesiones, que han sido presentadas ante la jueza argentina. Estos testimonios incluyen crímenes relacionados con la guerra civil, presos condenados a trabajo esclavo, niños robados, torturas del aparato policial franquista y ejecuciones ordenadas por el Gobierno de Franco entre otros delitos en un periodo de tiempo que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977. El PLURAL.COM ha sido publicado de forma continuada buena parte de estos relatos desde que el conjunto de asociaciones decidieron realizar esta acción ante la justicia argentina que se inició cuando dos ciudadanos residentes en ese país denunciaron ante la magistrada la muerte y desaparición de sus familiares en España.

 Martín Villa y las muertes de Vitoria

 La petición de imputación de Rodolfo Martín Villa se refiere a su etapa como ministro de Relaciones Sindicales ya que le señalan como presunto corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976. Los representantes de las empresas en lucha se reunían en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa y aquel día la Policía asaltó el templo y disparó contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea. Cinco personas murieron. Otras 150 resultaron heridas.

 La ejecución de Puig Antich

 Otro de los citados es el falangista José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. En enero de 1974 fue nombrado Ministro Secretario General del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro. La querella contra el franquismo que resalta su firma en el decreto o “enterado” para la ejecución de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. Puig Antich fue condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán. El consejo de ministros dio vía libre a su ejecución.

 Condenas a muerte

 En el caso del ex ministro Fernando Suarez González Fernando Suárez quien era ministro de Trabajo en 1975 el escrito de imputación le cita como posible corresponsable en la sentencia a muerte aprobada por el Consejo de Ministros del que formaba parte, de los últimos ejecutados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.

 Billy el Niño el más denunciado

 Juan Antonio González Pacheco, el policía conocido como Billy el Niño, aparece en 17 querellas de las presentadas en Argentina por delitos de tortura. También se incluye en el escrito a otros miembros de la Brigada Política Social, acusados de presuntas torturas. Se trata de José Ignacio Giralte Gonzalez, Celso Galván Abascal o Jesús Muñecas Aguilar, capitán de la guardia civil destinado en Euskadi famoso por su participación en el golpe de Estado del 23 F quien anunció a los diputados que había que esperar “ a la autoridad militar, por supuesto”.

 A Jesús Cejas Moheadano, capitán militar que fue vocal auditor en el Consejo de guerra que juzgó a Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Pablo Mayoral Rueda y Vladimiro Fernández Tovar los querellantes le denuncian por formar parte del juicio y por firmar las condenas de muerte. Finalmente solo fue ejecutado Baena, ya que los demás resultaron indultados.

 El juez del TOP que “no creía en torturas”

 Por último, se piden diligencias para la personación de Rafael Gómez Chaparro quien fue juez del Tribunal de Orden Público. En este caso hay diversas querellas en que se le cita por el motivo de que se presentaron ante él denuncias por torturas y no las atendió. Jose María Galante comenta: “Normalmente, los jueces del TOP daban curso a las denuncias y, eso sí, podía aparecer un médico cinco meses después del acontecimiento cuando ya no se veía nada. No tenía realmente ningún valor. Pero Gómez Chaparro, no admitía estas denuncias, no llegó a aplicar ni siquiera la exigua legalidad de entonces sobre la tortura. Por ese motivo se le ha incluido, porque había gente que llegaba hecha un auténtico cuadro…”

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