El sector industrial pierde 7.000 puestos de trabajo en los
últimos cinco años
Los trabajadores del sector del metal de la provincia se han
echado esta semana a la calle con todas las consecuencias. La defensa de sus
puestos de trabajo y, sobre todo, de los intereses que regula su convenio
colectivo han sido motivo suficiente para plantar cara a la patronal. La
industria gaditana no levanta cabeza desde 2007. La crisis ha tocado de lleno a
uno de los sectores productivos más importantes de la economía provincial del
que dependen unas 10.000 familias. Los efectos de la parálisis que sufren los
astilleros, así como la ausencia de actividad en otras factorías han llevado a
una pérdida de peso del sector industrial que se ha traducido en un aumento del
paro. Más de 7.000 personas han perdido su empleo en el sector del metal en los
últimos cinco años. La hemorragia no ha terminado. Las tres plantas de Navantia
se enfrentan en los próximos meses a una reconversión naval encubierta. La
dirección de la compañía ha informado al comité intercentros, donde están
representados los seis astilleros públicos del país, que la situación económica
y financiera de la compañía es muy grave, debido a la falta de actividad. Ante
esta situación, Navantia ha diseñado un plan de ajuste que tiene como objetivo
prioritario reducir gastos y contener la sangría de pérdidas que acumula de los
tres últimos ejercicios.
Los planes de
Navantia han puesto en guardia a la plantilla, que teme la aplicación de
medidas laborales. De momento, la empresa se ha mostrado partidaria de
trasladar mano de obra de las plantas con menos actividad, caso del astillero
de Puerto Real, a otras donde haya una carga de trabajo puntual, como
Cartagena. La medida ha sido rechazada de pleno por los trabajadores de la
factoría puertorrealeña, que consideran que esta actuación es el principio del
desmantelamiento de la fábrica.
La incertidumbre que
vive el sector naval de la Bahía pone en jaque a unos 1.500 trabajadores.
Navantia ha desvelado alguna de sus cartas, sin embargo, todo apunta a que se
guarda un as para más adelante. De momento, su política de contención del gasto
trata de hacerla efectiva recortando los contratos que mantiene con las
empresas auxiliares y revisando los programas con algunos proveedores. El
anuncio ha caído como un jarro de agua fría entre las empresas subcontratadas, que
temen ahora la pérdida de los contratos de mantenimiento, electricidad y mano
de obra en los astilleros gaditanos. La dirección de Navantia quiere que esa
actividad, hasta ahora externalizada, la desarrollen los propios trabajadores
del astillero.
El movimiento de la
industria naval, especialmente de su máquina tractora, los astilleros, es clave
para alterar o no el mercado laboral de la Bahía. La última Encuesta de
Población Activa (EPA) correspondiente a cuarto trimestre de 2012 ha arrojado
en Cádiz una tasa de desempleo del 40,6%, lo que significa unos 214.000
parados. Se trata de una cifra récord.
El desempleo en el sector industrial ha ido escalando
posiciones desde 2007. En enero de ese año sólo había 7.977 parados del metal
en la provincia frente a los 16.496 que hay en estos momentos.
El cierre definitivo de Gadir Solar el año pasado, que dejó
en la calle a unos 150 trabajadores, la deslocalización de Visteon, que envió
al paro a 400 trabajadores, y la adscripción de los exDelphi a la bolsa de parados
de la provincia, han sido tres fenómenos que han multiplicado el desempleo
industrial en la Bahía.
El conflicto de
Delphi sigue marcando la actualidad laboral de la provincia seis años después
del cierre de la planta. Unos 600 extrabajadores de la factoría, que aún siguen
sin recolocar, exigen a la Junta que cumpla con los compromisos firmados en el
protocolo de junio de 2007. La administración regional dio por concluida la
relación con la plantilla de Delphi el pasado septiembre al reconocer que no
había más fondos públicos para mantener la actividad formativa remunerada de la
plantilla. La Junta se comprometía entonces a buscar un inversor que se hiciera
cargo de la planta. Así, se captó la atención del grupo asiático BWI, pero las
condiciones de esta multinacional, que quería abrir una fábrica de embragues y
rodamientos en la antigua Delphi, dio al traste con la posible recolocación.
Los asiáticos querían los mínimos costes de mano de obra y una contratación por
debajo del salario mínimo interprofesional. Esta opción de inversión se ha dado
por pérdida. Los asiáticos han centrado su punto de mira en Polonia, donde los
costes laborales son menores.
Ante esta situación,
la plantilla de Delphi reclama una solución al conflicto. La Junta ha
reconocido las dificultades para la recolocación. Ante ello, los extrabajadores
mantienen un calendario de movilizaciones por sorpresa. El pasado lunes, los
exDelphi se desplazaron a Conil, donde el vicepresidente de la Junta y
coordinador regional de IU, Diego Valderas, daba una conferencia en la Casa de
la Cultura. La plantilla exigió a Valderas que cumpliera las promesas que hizo
cuando estaba en la oposición. Los extrabajadores reprochan a IU su nuevo
discurso tras el pacto de gobierno con el PSOE.
La Junta y el Estado
han desembolsado entre 2007 y 2011 unos 307 millones de euros correspondientes
al plan de reindustrialización, orquestado por el Gobierno central con 190
millones de euros; y el plan de incentivos a la innovación, amparado por la
Junta con 116 millones de euros. El objetivo no era otro que buscar una salida
a los 1.889 trabajadores que dejó Delphi en la estacada. Al final, el asunto
Delphi ha resultado un auténtico fiasco.
El tercer frente que
se mantiene abierto en la provincia es el futuro del parque de Las Aletas,
clave para el desarrollo de la Bahía. La última sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía da el jaque mate a un proyecto que lleva más de diez
años de gestación. El pasado enero, la Justicia anulaba el carácter autonómico
de la inversión de Las Aletas. El TSJA reconocía en su fallo que no estaba
justificada esta declaración. La sentencia complementa a la que ya emitió en
octubre de 2009 el Tribunal Supremo, aclarando que el proyecto vulnera la Ley
de Costas en lo relacionado a la ocupación del dominio público marítimo
terrestre. Ahora, los propietarios de los terrenos afectados han dado un paso
más y han elevado al Supremo el proceso expropiatorio. Las últimas sentencias
avalan la solicitud de los afectados y es lógico que la sentencia anule también
el trámite de expropiación forzosa que llevó a cabo la Junta en 2008 y obligue,
además, a la devolución del suelo a sus propietarios.
Ante esta situación
el Consorcio de Las Aletas se enfrenta a un nuevo escenario. No se puede continuar
el proyecto en estas circunstancias. Los representantes del PSOE en el consejo
de administración de las Aletas han sido los primeros en solicitar el borrón y
cuenta nueva. La vicepresidenta del Consorcio y consejera de Presidencia de la
Junta, Susana Díaz, se ha mostrado a favor de realizar una nueva ordenación
urbanística de Las Aletas y acometer el proyecto en dos fases y con menos
superficie. Igualmente ha lanzado un órdago a los gestores, ahora en manos del
PP, al proponer que sea el Consorcio de Las Aletas el que compre los terrenos
de Delphi y garantice así la inversión industrial. Las espadas están en alto y
el sector industrial de la Bahía tocado y hundido por falta de actividad. La
única esperanza se encuentra ahora en la aeronáutica.
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