El Estado decidirá los sueldos de los jefes de policía
local, arquitectos, técnicos o jardineros municipales
Desde el alcalde al último funcionario municipal. Será el
Gobierno central el que decida no sólo qué retribución reciben los regidores y
los interventores, tesoreros o secretarios de los entes locales, que pasarán a
tener habilitación nacional y a depender de la Comunidad autónoma o del Estado,
sino de todo el elenco de funcionarios lo que incluye a los jefes de policía
local, a los arquitectos a los técnicos y hasta al personal de mantenimiento o
los jardineros en caso de que estos servicios no estén externalizados.
Montoro no quiere que
nadie de los entes locales escape a su control y así queda claro en la Ley para
la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A fin de
cuentas es una supervisión que no puede ejercer, por cuestiones competenciales
y estatutarias, sobre las Comunidades Autónomas pero sí sobre los municipios,
salvo en el caso de aquellos gobiernos regionales que han acudido al Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA). El ministro de Hacienda y de Administraciones
Públicas tiene la llave de la caja y eso supone pérdida de autonomía, por eso
comunidades como la de Madrid o Extremadura, gobernadas por el PP, se resisten
a llamar a su puerta.
Pero en el caso de
los ayuntamientos ha entrado con plenos poderes y la disposición adicional
tercera en su punto cuarto establece que serán los Presupuestos Generales del
Estado los que establecerán “un límite máximo y mínimo total que por todos los
conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades
locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación
profesional así como de otros factores que se puedan determinar” en las Ley de
Presupuestos. Esto afecta a las retribuciones básicas, a las complementarias y
a las que se pagan en especie, que computarán a efectos de cumplir los límites
de la cuantía máxima de la retribución total.
Que se apliquen la
lección las Comunidades
Los entes locales han
asumido la intervención del Estado después de una larguísima negociación del
anteproyecto de la Ley a cambio de quitarse de encima las competencias
impropias, que se llevan hasta un 25 por ciento de su presupuesto anual. Pero
la FEMP cree que parte de las imposiciones que se van a aplicar a los entes
locales deberían trasladarse a las Comunidades, como el límite de diputados
regionales con dedicación exclusiva, de modo que no cobren todos, sino sólo los
“liberados”, así como en el número de asesores.
Con la reforma
Montoro el, 82 por ciento de los concejales de los 68.285 que hay en toda
España, no tendrán sueldo. Sólo 12.188 cobrarán. Pero es que además, el
personal eventual que puede contratar cada administración local “no podrá
exceder de su número de concejales, diputados provinciales o, en general,
electos, según corresponda” salvo en las poblaciones de más de 500.000
habitantes, donde será inferior al 0,7 de la plantilla municipal. Los
municipios de menos de 5.000 habitantes no tendrán asesores; los de entre 5.000
y 10.000, sólo uno; entre 10.000 y 20.000 habitantes, dos, y los de entre
20.000 y 50.000, siete. El número de personal de libre designación de los
ayuntamientos que tienen entre 50.000 y 75.000 vecinos no superará a la mitad de
los concejales, mientras que los de entre 75.000 y 500.000 no podrá superar al
del total de la corporación municipal. En total, según los cálculos de Montoro,
se reduce a 6.489 el número total de asesores municipales en España.
Los alcaldes
vaticinan una guerra abierta ayuntamientos-Comunidades. Algunos presidentes
autonómicos como el de Madrid o el de Cantabria, Ignacio González e Ignacio
Diego, respectivamente, ya han dicho que no podrán asumir el gasto de algunas
competencias que les corresponden, con lo que desde la FEMP temen “un frente
común autonómico” para pedir a Hacienda que dé marcha atrás en algunos aspectos
de la reforma.
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