Los afectados por expedientes de suspensión o reducción no
podrán recuperar su prestación de paro
Hace pocas semanas, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, se jactaba en una entrevista del aumento de expedientes de suspensión y
de reducción de jornada (aquellos en los que, en lugar de despedir a los
trabajadores, las empresas reducen su jornada o la suspenden durante un tiempo
para luego readmitirlos) respecto a los tradicionales expedientes de extinción
de contratos (la estadística muestra, no obstante, que la destrucción de empleo
hace que crezcan todos los tipos de ERE). Pues bien, los Presupuestos Generales
para 2013 contienen una medida que perjudica directamente a los trabajadores
involucrados en expedientes de suspensión o reducción de jornada, ya que no
podrán recuperar la parte de su prestación por desempleo que consuman mientras
su empresa lleva a cabo el expediente.
Hasta ahora, durante
la vigencia del ERE de suspensión o reducción, los trabajadores cobraban una
parte proporcional de su prestación por desempleo en función de la reducción de
jornada que aplicaba la empresa, o bien la cobraba durante los meses en los que
su contrato quedaba en suspenso. Una vez que volvían a su jornada ordinaria, se
les reponía esa prestación que habían consumido (con un máximo de 180 días)
para no perjudicarles.
Por ejemplo, si un trabajador ha tenido suspendido su
contrato durante dos meses en los que ha cobrado la prestación por paro que le
correspondía, una vez que vuelve a su puesto de trabajo el Servicio Público de
Empleo le 'devolvia' esos dos meses de prestación por desempleo. De esta forma,
si esa persona quedaba en el paro definitivamente podría percibir la prestación
íntegra que hubiera generado, sin la merma del tiempo que duró el ERE de su empresa.
Desde enero de 2013
ya no será así, y los trabajadores cuyas empresas hagan expedientes de
suspensión o de reducción de jornada no podrán recuperar la parte de prestación
de paro que hayan consumido durante los mismos.
Esta era un medida
dirigida a facilitar que las empresas hicieran este tipo de expedientes de
regulación, en lugar de ERE de extinción de contratos que implican miles de
despidos, al mismo tiempo que los trabajadores conservaban su derecho a la
prestación. Fue además producto del diálogo social entre el Gobierno, los
sindicatos y la patronal.
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