El Gobierno ultima el mecanismo para despedir a empleados
públicos
(la foto no es del articulo) Los Presupuestos Generales del
Estado para 2013 que se presentan este jueves contienen nuevos recortes en
gasto de personal. Así, entre otras medidas, el próximo año volverán a
congelarse las retribuciones de los empleados públicos y se mantendrá a cero la
tasa de reposición del personal que se jubile, salvo en los servicios
esenciales (Sanidad, Educación y Sanidad), que podrán tener una tasa de
"hasta el 10%", según informó el miércoles la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas a los sindicatos del sector público.
Además, aunque los
empleados públicos volverán a cobrar las pagas extras el próximo año, el
Gobierno no concretó cómo recuperarán la que se dejará de percibir el próximo
diciembre. Sin embargo, más allá de la congelación salarial, los sindicatos
temen que el grueso del recorte en el gasto de personal se materialice mediante
despidos colectivos entre el personal laboral, tanto de las Administraciones
como de las empresas públicas. Es decir, mediante la reducción de plantillas,
una medida que en ningún afectará a los funcionarios. El Ministerio de Empleo
ultima el reglamento que permitirá aplicar EREs en el sector público.
La reforma laboral ya
contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena
aplicación está a la espera de desarrollo reglamentario. El borrador del
proyecto se elaboró el pasado julio y no se esperan grandes modificaciones, ya
que los sindicatos no han recibido respuesta del Ministerio de Empleo a las
alegaciones que presentaron, según las fuentes consultadas. El proyecto
clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos.
Empresas públicas
Por un lado, las
empresas públicas podrán aprobar un ERE alegando "causas económicas",
al igual que cualquier otra compañía privada. Se entiende que concurren
"causas económicas" cuando existan "pérdidas actuales o
previstas", o bien una "disminución persistente de su nivel de
ingresos ordinarios o ventas". En todo caso, se entenderá que la
disminución es persistente "si durante tres trimestres consecutivos el
nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al
registrado en el mismo trimestre del año anterior".
Administraciones
Públicas
Por otro lado, las
Administraciones Públicas (Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Seguridad Social,
organismos autónomos, Universidades y otras entidades públicas) podrán despedir
personal laboral alegando, igualmente, "causas económicas". Sin embargo,
en este caso, el borrador define esta circunstancia de forma diferente:
Se entenderá que
concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los
servicios públicos correspondientes. A estos efectos, se entenderá que existe
insuficiencia presupuestaria, al menos y entre otros, en los siguientes casos:
a. Cuando las subvenciones nominativas del Departamento,
Consejería, Entidad Local, ente u organismo hayan disminuido, al menos un 10%
con respecto al ejercicio anterior.
b. Cuando las transferencias de capital correspondientes a
las entidades citadas en la letra a) hayan disminuido al menos un 10% con
respecto al ejercicio anterior.
c. Cuando la aportación presupuestaria al convenio o al
contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad de que se
trate haya disminuido, al menos, un 10% con respecto al ejercicio anterior.
d. Cuando se haya adoptado un acuerdo de no disponibilidad que
afecte al Departamento, Consejería, Entidad Local, ente u organismo de que se
trate.
En resumen, si el
ente público registra una reducción presupuestaria mínima del 10% interanual,
podrá aplicar un ERE. Según fuentes sindicales, este mecanismo legal abre la
puerta a una sustancial poda de empleados públicos, sobre todo en la
Administración Local y en las numerosas empresas de las CCAA. En los últimos
meses se ha baraja la posibilidad de que el Gobierno impulse el despido de unos
300.000 empleados, como ya anunció Italia. Pero, con independencia de su
cuantía final, lo cierto es que la aprobación de dicho reglamento, si el
borrador no sufre modificaciones, permitiría reducir de forma sustancial las
abultadas plantillas públicas.
Más de 3 millones de
empleados públicos
España cuenta con
cerca de 3,04 millones de empleados públicos, según la Encuesta de Población
Activa (EPA) del segundo trimestre, apenas 180.000 menos que a mediados de
2011, cuando alcanzó su máximo histórico. De esta cifra, cerca de 1,6 millones
son funcionarios y, por tanto, tienen su puesto garantizado de por vida.
M.LLAMAS
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