La Junta paga una ayuda secreta al alquiler de 1.900 euros a sus altos cargos
La Junta andaluza, en virtud de un acuerdo secreto en vigor desde al año 2000, lleva 12 años pagando hasta 1.900 euros al mes a algunos de sus altos cargos para abonar el alquiler de las viviendas en las que residen tras haberse trasladado de sus ciudades habituales para ejercer su responsabilidad política.
Tal y como publica El Mundo, el acuerdo se tomó de forma secreta en el año 2000, bajo el mando de Manuel Chaves, y no se hizo anuncio alguno del mismo. No fue publicado en el BOE, ni en internet, ni se hizo anuncio alguno en el Consejo de Gobierno. Un privilegio al que tienen acceso consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales....
El único requisito, expone el diario, es demostrar que su domicilio habitual está a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares, según detalla el acuerdo del 31 de octubre del año 2000 del Consejo de Gobierno de la Junta.
Esto hace posible que el alto cargo que percibe la ayuda tenga una vivienda en propiedad en la misma provincia donde le toque ejercer su responsabilidad. Se trata de una ayuda, además, totalmente libre de impuestos, ya que se concede en concepto de "indemnización".
Se trata de otro más de los privilegios de los altos cargos de la Junta, que coincidiendo con el plan de ajuste de la Administración autonómica para cumplir el objetivo del déficit, y que incluye una subida de impuestos, paralización de obras públicas y una bajada salarial importante para los 262.000 trabajadores de la Junta.
La ayuda comenzó siendo de 1.186,35 euros en ese año 2000, más de 197.000 pesetas. Según El Mundo, hasta tres fuentes de toda solvencia han indicado que en la actualidad el tope máximo ronda los 1.500 euros aunque se puede llegar a pagar hasta 1.900 euros.
Algunos sindicatos andaluces están denunciando la situación. No obstante, al tratarse de un acuerdo del Consejo de Gobierno, y no de un decreto o normativa, no puede recurrirse ni a los tribunales ni ante la administración.
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