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sábado, 14 de julio de 2012

EL ALCALDE DE BARBADAS FIGURA COMO TITULAR DE 18 FINCAS URBANAS Y 42 RUSTICAS


El alcalde de Barbadás figura como titular de 18 fincas urbanas y 42 rústicas

Las dos décadas de baltarismo ejercido por el fundador de la estirpe en la provincia de Ourense tejieron una red de fidelidades más allá de la devolución de votos por empleos, ejercicio de clientelismo que desde la oposición se atribuye al exbarón del PP José Luis Baltar. Los alcaldes —a cuyos familiares empleó masivamente en la Diputación y, aunque en menor medida, en el Ayuntamiento de Ourense, fueron su fortaleza. Al lado del expresidente ourensano, ejerciendo importantes cotas de poder, ha estado siempre el regidor de Barbadás —municipio limítrofe hacia el que se expande la capital ourensana—, José Manuel Freire Couto. La documentación en poder de la Fiscalía Anticorrupción incluye un amplio dossier que detalla el considerable patrimonio —de en torno al millón de euros entre bienes inmuebles y empresas incluyendo los que están a nombre de su mujer e hija— del alcalde, diputado provincial y presidente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) dependiente de la institución provincial.

 El denunciante aporta documentación del registro de la propiedad y del mercantil en el que figuran a nombre de Freire —y en algunos casos también de su mujer y su hija— tres bajos en el centro urbano de Barbadás (A Valenzá), cinco plazas de garaje en Ourense, 13 viviendas en distintos municipios gallegos, una bodega, 18 solares urbanos —a los que se suman otros tantos a nombre de su mujer— y 42 fincas rústicas. Solo el valor catastral de las fincas urbanas y rústicas del matrimonio supera los 880.000 euros. Cuando fue consultado por este diario respecto al origen de estos bienes, el regidor precisó que “procede todo de una herencia”.

 Las fincas del alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, se completan con las propiedades empresariales. Figura en cuatro empresas, dos de ellas con sede en Portugal. En el polígono de A Grela de A Coruña, el regidor del entorno más próximo a Baltar posee una inmobiliaria, Couto y Freire SC; en la calle Progreso de Ourense, el psicotécnico Psico-Bluster, SL, en el que figuran como administradores su mujer y su hija; y en la Salvador de Madariaga, también de Ourense, la empresa Eichoa, dedicada a la promoción de bienes inmuebles. Esta empresa, constituida con un capital social de 3.200 euros realizó en 2010 una ampliación hasta superar los 90.000 euros.

 La hija del regidor de Barbadás figura como titular de otra promotora inmobiliaria en Portugal, Alba María, SL, ubicada en la localidad de Matosinhos y de la que es socio gerente Freire Couto al mismo tiempo que accionista, junto con su mujer. La empresa no tiene ningún empleado. La actividad empresarial completa la dedicación política que ejerce Freire Couto en el PP de Ourense. La documentación registrada en la Fiscalía Anticorrupción detalla las actividades del alcalde de Barbadás. Precisa que mantiene desde hace años la presidencia del Inorde con dedicación exclusiva, por la que percibe alrededor de 60.500 euros. El regidor también percibe ingresos de las mismas arcas de la Diputación por su condición de diputado provincial, ya que cobra por la asistencia a plenos, juntas de gobierno, comisiones informativas y reuniones preparatorias.

 La alcaldía de Barbadás, la Diputación de Ourense, el Inorde, el psicotécnico —que compagina con su plaza de médico en la compañía Caser— y las empresas inmobiliarias le dejan tiempo para ejercer de coordinador de las secretarías de área del PP de Ourense junto al parlamentario autonómico amigo del hijo del exbarón, Miguel Ángel Santalices, y la diputada en Cortes y exalcaldesa de Bande, Ana Belén Vázquez. En el PP, Freire forma parte, además, de la directiva provincial y del comité de dirección.

 La denuncia hace mención expresa a los "enchufados" del alcalde de Barbadás: un sobrino colocado en la Policía Local de ese municipio junto con hijos de otros exconcejales del PP. Según la documentación en manos de Anticorrupción, a estos se suma un sobrino del jefe del servicio de Hacienda de Barbadás, que está empleado en el Ayuntamiento de Ourense. Este último aprobó la oposición en uno de los mandatos del PP, cuando ocupaba la concejalía de Personal Javier Rodríguez Nóvoa, cuya mujer tiene plaza fija en el Ayuntamiento de Barbadás.El mismo día en que José Luis Baltar abandonó la presidencia de la Diputación de Ourense en la que habría de sucederle su hijo, quedaron listas diez nuevas contrataciones de personal en la institución provincial, sobresaturada ya de empleos. La mayor parte de los aspirantes a esos puestos de trabajo eran personas vinculadas al PP. Una de ellas, la sobrina política de José Manuel Freire Couto. Pugnaba por una de las siete plazas de funcionario que se ofertaban con categoría de auxiliar administrativo. La consiguió, como otros parientes de diputados del PP que en los días siguientes debían confirmar al hijo del exbarón como presidente de la Diputación saltándose el orden establecido.

 La carrera política en el PP —llegó a este partido procedente del CDS— del alcalde ha estado estrechamente ligada a Baltar. Freire estuvo los últimos 13 años al lado del patrón provincial y en los últimos, asumiendo la presidencia de un organismo responsable del desarrollo de una provincia que se empeña en ocupar los últimos puestos en renta per cápita de España.

 En una entrevista publicada en Faro de Vigo el pasado febrero, el regidor reconocía que su misión al frente del Inorde no era sino la de "sacar adelante proyectos europeos y pujar para captar inversiones para la provincia". Y como logros, presentaba los siguientes: la implantación de Xero y el Proyecto Estaciones, entre otros. La propuesta anunciada por el Inorde hace un año y medio para instalar en Melón la fábrica de los coches elécticos de Xero está estancada, a falta de un parque empresarial en ese municipio. El Proyecto Estaciones, de rehabilitación de las antiguas estaciones de tren, puesto en marcha en 2004 por el Inorde con fondos de la Unión Europea (6,2 millones de euros para la parte española y 1,4 para la portuguesa), fue denunciado por el PSOE. Pese a la inversión, la mayor parte de las dependencias están abandonadas y carentes de actividad.

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