San Fernando - El Tribunal de Cuentas investigará la gestión de la caja municipal al ver indicios de delito

Una escueta nota. Con apenas diez líneas los periódicos rellenaron varias páginas, las televisiones horas y las radios programas enteros. El Ayuntamiento de San Fernando anunció el 1 de abril de 2009, en un conciso pero directo escrito, que le habían robado. El inicio de una historia de la que tan sólo se tiene claro que durante cinco años se estuvo sacando de la caja municipal varias cantidades de dinero hasta llegar a casi ocho millones de euros. A partir de ahí, declaraciones ante la jueza, detenciones, un enfrentamiento con la Cámara de Cuentas, protestas en la calle, solicitudes de dimisión, la ruptura de un pacto y 60.000 euros gastados para limpiar el nombre de la gestión municipal. Y ahora otro capítulo. El Tribunal de Cuentas ve posibles indicios de delito y responsabilidad contable en el desfalco; motivo por el que va a comenzar una nueva investigación. Lo hace tras haber analizado el informe de la Cámara de Cuentas y cerrar la Fiscalía estas diligencias previas sin poder descartar que se hubieran cometido irregularidades en el control del dinero.


Comienza un largo camino con un único objetivo: desentrañar lo que ocurrió durante años en la caja municipal. No sólo se busca descubrir al autor o autores del robo, sino determinar el grado de implicación de cada uno de los responsables del área de Economía y Hacienda. Desde su máxima autoridad, que como se recoge en el organigrama municipal es el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, hasta los últimos peldaños, como son los cajeros, sin olvidar que uno de ellos, Clemente Ruiz, se encuentra en prisión preventiva por este asunto. Además, con esta investigación se pretende esclarecer otros temas relacionados, como la posible dejación de funciones de los encargados de custodiar el dinero.

El proceso ya ha comenzado y actualmente de lo que se está pendiente es de la asignación de un delegado instructor encargado de coordinar todo este trabajo. Todavía no se sabe si esta función será asumida por un miembro del Tribunal de Cuentas o el órgano fiscalizador derivará esta labor a la propia Cámara de Cuentas, como ha ocurrido en otros casos. Una vez se determine esta figura (que pilotará toda la investigación) se pasará a un proceso de recopilación de información con la petición de documentos a las diferentes administraciones.

Tres informes, un resultado

En este aspecto ya hay un trabajo previo consolidado pues se cuentan con tres informes relativos al robo, el de la Policía Nacional, el del perito judicial y el elaborado por la Cámara de Cuentas. En todos ellos se evidencian la falta de control que había en Economía y Hacienda e incluso se hace mención a la posibilidad de haber abortado el robo, de efectuarse las medidas establecidas para el funcionamiento de la caja municipal.

Al contrario de lo que ocurre con la Cámara andaluza, el Tribunal de Cuentas sí tiene potestad para tratar el robo en la justicia, siempre y cuando confirme estos indicios, ya que la investigación también puede desestimar los indicios de delitos, a pesar de que en las diligencias previas se haya vislumbrado esta posibilidad.