El conocido como caso de los asesores municipales se complica por momentos. La denuncia del ex líder del PSA, Pedro Pacheco, contra la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por la supuesta contratación irregular de más de una treintena de personas en el Ayuntamiento jerezano, ha escrito un nuevo capítulo quizá uno de los más importantes de una trama que está alcanzando unas dimensiones más que considerables. O al menos con unas consecuencias determinantes para la resolución final.
La jueza María Aranzazu, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha decidido imputar a otras dos personas en la causa, como ya avanzó ayer por la tarde este medio a través de su web www.lavozdigital.es. Se trata de la actual delegada de Medio Ambiente, África Becerra, y del marido de Pilar Sánchez y ex jefe del Gabinete de Alcaldía, Juan Carlos Jiménez, imputados por su presunta contratación irregularmente por el Consistorio. En el caso de la edil, la imputación se refiere a la legislatura anterior, cuando era trabajadora municipal.
La magistrada dictó la imputación en una providencia el pasado miércoles, aunque fue notificada ayer a las partes implicadas en la causa. En las mismas se les cita el próximo 1 de diciembre a fin de tomarles declaración sobre los presuntos hechos que se le imputan.
Ese mismo día deberán comparecer también Rubén Carvajal y Dolores Caravaca, otros empleados municipales cuya imputación se formalizó el pasado viernes tras declarar en el juzgado como testigos.
De testigos a implicados
En un principio, todos ellos, incluidos Juan Carlos Jiménez y África Becerra, iban a comparecer como testigos el 10 de diciembre, pero la declaración -también el viernes- de una ex jefa del Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral) ha llevado a la jueza a rectificar, y los ha incluido en la causa como imputados -algo que viene pidiendo desde un principio la acusación de Pacheco, representada por el abogado Felipe Meléndez-.
Sin duda, la declaración, el pasado viernes, de la ex responsable del Serjil (a petición de Pacheco) arrojó más luz sobre el caso de los asesores. Esta mujer es Carmen Gutiérrez Amares, ex jefa del Departamento de Promoción de Empleo, que fue destituida de su cargo en el verano de 2007. Según se desprende de su declaración, el despido pudo deberse a «desavenencias» con sus superiores en el Serjil, que «pretendían saltar ciertos procedimientos para la contratación» de ciertas personas, pero ella se negó a firmar los informes porque «no estaba de acuerdo».
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