«Si esto sucede será de una desvergüenza supina, porque entonces cualquiera podría despedir a sus trabajadores y lavarse las manos». Juan Carlos Cabrera, representante de los trabajadores, explicó que si la empresa entra en concurso de acreedores, algo improbable, el procedimiento de los empleados irá por el juzgado de lo Mercantil. Pero en caso contrario, será por la vía de lo Social y se celebrará un juicio en el que se tendrá que demostrar la improcedencia de los despidos. Los empleados recibieron una carta el 30 de septiembre en la que se les comunicó el cese por cuestiones disciplinarias, así como el importe de la indemnización que le correspondía a cada uno. «Una pantomima», a juicio de Cabrera, porque el verdadero motivo era el cierre por quiebra. «Además, en la carta reconocen que no es procedente. Tocasánchez tendría que haber seguido el proceso de un Expediente de Regulación de Empleo, al tratarse de un despido colectivo. Pero esto ha de pasar la Inspección de Trabajo».
Los subsidios son cantidades pequeñas, de hecho la más alta ronda los 4.000 euros, por la corta trayectoria de la empresa en El Puerto. En el caso de que ganen el juicio, tendrán derecho al cobro de 45 días por año más los salarios de trámite. Si Tocasánchez no asume las indemnizaciones, éstas serán cubiertas por el Fondo de Garantía Salarial de las Cotizaciones de la Seguridad Social. «Al final cobrarán, pero no sabemos cuánto. Lo injusto es que los empresarios responsables de los despidos se vayan de rositas y que al final paguemos todos».
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