La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha imputado al máximo accionista y consejero delegado del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, como presunto autor de un delito societario por su gestión al frente de la entidad heliopolitana.
Junto con Lopera, deberán declarar, asimismo, un total de seis personas, cuyo testimonio fue también pedido por parte de la acusación, en calidad de administradores de las empresas Tegasa, Encadesa y Farusa, vinculadas a la gestión del Betis.
Como se recordará, la magistrada, previamente, había rechazado la solicitud de archivar la causa por prescripción de los posibles delitos, tal y como había pedido el Ministerio Fiscal.
El auto dictado por la juez, a cuyo contenido ha tenido acceso hoy Europa Press, explica, en su apartado de razonamientos jurídicos, que "es obvia la procedencia" de la declaración de los imputados solicitada por las acusaciones particulares.
No obstante, la misma "se practicará cuando se concluya el estudio de los informes periciales" recientemente aportados a la causa, así como el informe aportado por la defensa de Lopera, "y cuando la agenda de señalamientos así lo permita". De este modo, habrá que esperar para conocer la fecha en la que el dirigente bético tendrá que comparecer ante el Juzgado.
Por contra, no se tiene en cuenta, por el momento, la solicitud de declaración de dos antiguos apoderados del Banco Hispanoamericano, como firmantes del certificado de cantidades depositadas en cuenta el 30 de junio de 1992, fecha de la conversión del Betis en sociedad anónima deportiva. No obstante, las mismas podrían realizarse cuando se lleven a cabo las diligencias pendientes.
Igualmente importante es la precisión, formulada en el auto, en la que la juez indica que la posibilidad de ampliar la investigación del caso a los hechos ocurrido en ese año 1992 se analizará si alcanza firmeza el auto de 5 de mayo del presente año. De este modo, podría llegar a tomar forma la existencia de un delito continuado por parte de Lopera.
Ese citado auto es el mismo por el que se rechazó la antes mencionada petición de la Fiscalía de archivar la causa, por prescripción. A este respecto, hay que recordar que el auto está pendiente de que se interponga contra él un posible recurso de reforma por parte del Ministerio Fiscal.
Esta causa nace de la demanda interpuesta contra el dirigente verdiblanco por las asociaciones opositoras 'Por nuestro Betis', 'Béticos por el Villamarín' y 'Liga de juristas béticos'.
Junto con Lopera, deberán declarar, asimismo, un total de seis personas, cuyo testimonio fue también pedido por parte de la acusación, en calidad de administradores de las empresas Tegasa, Encadesa y Farusa, vinculadas a la gestión del Betis.
Como se recordará, la magistrada, previamente, había rechazado la solicitud de archivar la causa por prescripción de los posibles delitos, tal y como había pedido el Ministerio Fiscal.
El auto dictado por la juez, a cuyo contenido ha tenido acceso hoy Europa Press, explica, en su apartado de razonamientos jurídicos, que "es obvia la procedencia" de la declaración de los imputados solicitada por las acusaciones particulares.
No obstante, la misma "se practicará cuando se concluya el estudio de los informes periciales" recientemente aportados a la causa, así como el informe aportado por la defensa de Lopera, "y cuando la agenda de señalamientos así lo permita". De este modo, habrá que esperar para conocer la fecha en la que el dirigente bético tendrá que comparecer ante el Juzgado.
Por contra, no se tiene en cuenta, por el momento, la solicitud de declaración de dos antiguos apoderados del Banco Hispanoamericano, como firmantes del certificado de cantidades depositadas en cuenta el 30 de junio de 1992, fecha de la conversión del Betis en sociedad anónima deportiva. No obstante, las mismas podrían realizarse cuando se lleven a cabo las diligencias pendientes.
Igualmente importante es la precisión, formulada en el auto, en la que la juez indica que la posibilidad de ampliar la investigación del caso a los hechos ocurrido en ese año 1992 se analizará si alcanza firmeza el auto de 5 de mayo del presente año. De este modo, podría llegar a tomar forma la existencia de un delito continuado por parte de Lopera.
Ese citado auto es el mismo por el que se rechazó la antes mencionada petición de la Fiscalía de archivar la causa, por prescripción. A este respecto, hay que recordar que el auto está pendiente de que se interponga contra él un posible recurso de reforma por parte del Ministerio Fiscal.
Esta causa nace de la demanda interpuesta contra el dirigente verdiblanco por las asociaciones opositoras 'Por nuestro Betis', 'Béticos por el Villamarín' y 'Liga de juristas béticos'.
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