El INEM quiere ir a la huelga indefinida contra Gobierno y sindicatos

LORENZO RAMÍREZ
Los sindicatos más subvencionados de España comienzan a recoger lo sembrado. Han tenido que pasar tres años desde el inicio de la crisis económica para que los trabajadores comiencen a sublevarse ante unos supuestos representantes que sólo se dedican a proteger al Gobierno socialista, a cambio de una parte jugosa del Presupuesto público que procede del dinero de todos los contribuyentes.
El plante comienza en el sector del funcionariado, después de que el líder del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, haya anunciado que va a recortar los sueldos de los empleados públicos un 5% este año, para congelarlos en 2011.
Y los primeros en plantarse ante los sindicatos mayoritarios y el Gobierno son los que trabajan en los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM), que son precisamente los que más están sufriendo las consecuencias de la errática política económica española y la falta de criterio de un ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ha huido de forma sistemática de las reformas necesarias para flexibilizar una normativa laboral que procede del régimen franquista.
Según ha podido saber Libertad Digital, los empleados de las oficinas de empleo están aunando fuerzas para convocar una huelga indefinida al margen de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la central que representa a los funcionarios CSI-CSIF. La convocatoria sólo recibiría el apoyo de la Unión Sindical Obrera, único sindicato que no vive de los Presupuestos Generales del Estado y que se financia mediante las cuotas de sus afiliados.
"Los motivos de la convocatoria que se está fraguando son la rebaja salarial anunciada por Zapatero y su Gobierno, la discriminación salarial o el agravio comparativo frente a los compañeros de las comunidades autónomas, de los servicios de empleo autonómicos, que vienen cobrando salarios de casi en doble en las mismas categorías y puestos de trabajo, sin tener responsabilidad alguna en la toma de decisiones económicas que afectan directamente a los desempleados", explican fuentes del antiguo INEM.
Además, denuncian la "discriminación del personal estatal, que se encuentra marginado a los rincones en las oficinas de empleo, porque la administración y propiedad de las mismas depende de las comunidades autónomas, y la falta de defensa de los trabajadores, desde la dirección política del organismo, ante estos abusos, el descrédito de los funcionarios en los medios informativos, y los continuos insultos, amenazas y, ocasionales, agresiones que se vienen sufriendo en la mayoría de las oficinas de prestaciones del antiguo INEM."
No es la primera vez que estos funcionarios se enfrentan al Gobierno, pero sí supone una novedad que planteen huelgas y movilizaciones al margen de los sindicatos mayoritarios. A finales de 2009 la coordinadora nacional de CSI- CSIF denunció que la red de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal estaba inmersa en un caos, con avalanchas diarias de desempleados en interminables filas esperando ser atendidos e incluso, en no pocos casos, con graves conflictos de orden público.
La causa de la protesta fue que el Ministerio de Trabajo "ni tan siquiera había comunicado a la representación de los trabajadores de qué manera se iba a implementar el nuevo Programa de Protección por Desempleo e Inserción". Se trataba de las ayudas de 420 euros a parados sin prestación, el nuevo PER nacional.
Una huelga general de este colectivo tendría unas consecuencias nefastas para los más de 4,6 millones de parados que reconoce oficialmente el Gobierno. Además, las avalanchas de nuevos desempleados que acudirán a las oficinas del INEM en los próximos meses pueden generar graves problemas de orden público, ya que no podrán acceder al cobro de las prestaciones si se produce esta huelga indefinida.