Los 445.000 políticos que hay en España cuestan más de
14.000 millones de euros al año
(la foto no pertenece al articulo)
Por primera vez, un informe desveló uno de los secretos
mejor guardados, como era saber que España tiene 445.000 políticos, que pagamos
todos los ciudadanos, y que esta cifra era de 280.000 más que Alemania, 215.600
más que Italia y 202.500 más que el centralista Francia. La noticia, publicada
en exclusiva por Diario El Aguijón por nuestro compañero Javier Fonseca dio la
vuelta a toda la geografía nacional, y a favor del citado informe y en contra
se han levantado numerosas voces. La última polémica ha sido levantada en
twitter por el popular escritor Arturo Pérez Reverte quien opina, como una
amplísima mayoría de los ciudadanos en las redes que antes de recortar o subir
impuestos debe aminorarse de forma importante ese número de políticos.
Casualmente, es la misma conclusión a la que llegaron los tres asesores de la
Moncloa que elaboraron el informe a lo largo de más de dos meses y que tiene
más de 600 páginas.
Las conclusiones del polémico informe
Hoy Diario El Aguijón, les muestra en exclusiva
las conclusiones del polémico informe, en el que los tres asesores
señalan la necesidad de reducir ese número de políticos, y ejemplifica casos de
despilfarros absolutamente prescindibles. Especialmente críticos con él han
sido algunos articulistas, en su inmensa mayoría políticos en activo de
diferentes partidos, que intentaron atacar la información y de paso al
informante, no sin ocultar en muchos casos su intención de defenderse de lo que
consideran una grave acusación, y que consiste en el análisis de tres expertos
que aseguran que España tiene una estructura política que no podemos pagarnos.
Curiosamente ninguno de los críticos parece haberse dignado en llamar a
Presidencia del Gobierno para saber sobre el informe, como también resulta
curioso que de no ser cierto el informe tal y como afirman los críticos, desde
Presidencia del Gobierno no se negara o
rectificara la información en ningún momento, lo que demuestra la certeza de la
información publicada por nuestro diario. Este ataque directo a la información,
en la técnica habitual de matar a mensajero, basado en supuestos desajustes de
cifras sólo evidencia el nerviosismo ante la creciente corriente de opinión que
pide que se eliminen privilegios, de los que disfrutan la mayoría de quienes
han escrito en contra del estudio. Polémicas aparte sobre pequeñas diferencias
de datos aparte, lo que nadie duda ya tras conocer los datos sacados a la luz
por este informe es que España tiene un número insostenible de políticos, y la
ciudadanía pide que los recortes comiencen por los políticos antes de llegar a
los servicios públicos.
Un informe elaborado a lo largo de más de dos meses con el
que se sigue trabajando
El informe que fue finalizado el 29 de marzo de 2012 y
consta de más de 600 páginas, constituyó uno de los documentos de trabajo que
destapó la existencia de empresas públicas inactivas desde hace muchos años,
algunas desde los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla en 1992. En las
conclusiones puede observarse que se destaca la existencia de una empresa
dedicada al fomento de la tortilla de la patata, que fue el ejemplo puesto por
Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
del 16 de marzo en la que se anunció el
plan para eliminar 80 empresas públicas. La Vicepresidenta llegó a denunciar en
la rueda de prensa que “hay empresas con más miembros en el consejo de
administración que personal”, y que no por casualidad coincide con el análisis
repetido a lo largo de todo el informe por los tres asesores.
En la elaboración del informe que fue encargado por
Hacienda, participaron no sólo los tres asesores que dependen de las áreas de
Hacienda, Administraciones Públicas y la Oficina Económica, sino que estuvieron trabajando en su
elaboración al menos otras 15 personas y se tardó unos dos meses en terminarlo.
El informe se está utilizando ahora mismo en una comisión sobre duplicidades,
además de haberse tenido en cuenta en los análisis de las deudas de las
comunidades autónomas.
El ejército de políticos nos cuesta más de 14.000
millones como “coste mínimo”
En este punto y para aclarar la polémica, Diario El Aguijón
ha querido saber cuánto nos cuesta esa inmensa cantidad de políticos, además de
analizar y contrastar las partidas señaladas por los críticos del informe. Para
ello Diario El Aguijón ha pedido a dos importantes investigadores de la
economía que realizaran esas valoraciones. Un encargo que ha sido aceptado por
Luis Huete, Economista del Estado y jefe del servicio de estudios y análisis de
la Asociación Profesional de Directores de Recursos Humanos y por el editor del
diario económico más antiguo de España, El Mundo Financiero.com, José Luis
Barceló, profundo conocedor de la realidad política nacional, y que estos días
es noticia al ser el medio de referencia económica sobre la situación de España
para la prensa china y taiwanesa.
El coste calculado por ambos expertos es de uno 14.000
millones de euros. Para ello han tomado como base el dato que la Agencia
Estadística Europea estableció en 2010 del salario medio de 31.230€ al año para
los cargos públicos españoles. A este sueldo medio se le ha aumentado el IPC de
2011, lo que lo sitúa en unos 32000 euros anuales, es decir unos 2285 € brutos
mensuales con dos pagas extraordinarias.
Luis Huete advierte, que “es difícil creer que los políticos o sus
cargos de confianza cobren 1500 o 1600 euros netos al mes, y para eso sólo hay
que darse una vuelta por los sueldos publicados en la prensa o por las
administraciones madrileñas, pero dado que no existen otras comparativas, hemos
preferido utilizar este dato para establecer el coste mínimo. A partir de ahí, la cifra real siempre estará
por encima”. Esta cifra, multiplicada por los más de 445.000 políticos que
refleja el informe nos da un resultado total de más de 14.258 millones de euros
y siempre teniendo en cuenta que como explica Luis Huete se trataría de la
cantidad mínima.
Los datos controvertidos no alterarían el resultado final.
Ambos coinciden en señalar que algunos de los cargos
señalados en el informe no tienen coste para los contribuyentes o lo tienen en
cantidades pequeñas. Por ejemplo la mayoría de los concejales de unos 5000
municipios no suelen tener una retribución fija, aunque sí es común cobrar por
la asistencia a plenos y alrededor de un 45% de los liberados sindicales lo son
a cargo de empresas privadas por lo que su coste no es sostenido por el
presupuesto. Aún así ambos señalan que dado que el informe refleja un margen de
error de un +-6%, estos pequeños colectivos no influirían en el resultado total
del coste, dado el gran volúmen final señalado. Ambos coinciden en señalar que
parece haber pequeños desajustes en algunas cifras del informe como el total de
diputados y senadores donde hay un pequeña variación que no coincide con el
dato actual, aunque ambos señalan que puede deberse a la inclusión de ese grupo
a algunos de los cargos de confianza existentes en el Congreso y el Senado o a
alguna otra variante. Por el contrario, si el informe señala algunos diputados
y senadores de más, los dos analistas han señalado a Diario El Aguijón que
también en el listado no encuentran a los cargos políticos que desarrollan su
labor en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Luis Huete señala que
“cuando se hace un informe tan complicado como éste, es normal que parezca que
existen desajustes, pero normalmente suele ser debido a que se contabilizan en
unas partidas u otras a determinados colectivos, lo cual sólo se ve cuando se
estudia pormenorizadamente el informe. Por ejemplo en la tabla no vemos a los
Delegados y Subdelegados del Gobierno, que evidentemente son cargos
políticos”. Por su parte José Luis
Barceló indica que “el informe se nota que está muy trabajado y sus autores
explican en las conclusiones las dificultades que han tenido para elaborarlo.
Para mí la síntesis es que la cifra final que arroja está muy afinada y aunque
ellos mismos reconocen que pueden tener un margen de error de un 6%, este tema
hay que tomárselo muy en serio porque un tamaño de políticos o de colocados por
designación política de estos volúmenes es insostenible para cualquier país, y
sólo hay que verlo en comparación con el resto de Europa”.
Las partidas controvertidas del informe y la crítica a la
existencia de múltiples duplicidades en trabajos para los que ya están
contratados funcionarios.
Como señala José Luis Barceló, el estudio elaborado por los
tres asesores de Presidencia del Gobierno, y destinado uno de ellos en la
Oficina Económica del Gobierno, el otro en asesoramientos relacionados con la
administración pública y el tercero en Hacienda, señala en sus conclusiones un
margen de error de un +- 6% sobre el total de los 445.568 políticos empleados
en todas nuestras administraciones. Este margen de error, según señala el
propio informe es debido a “la dificultad para acceder en algunos casos a los
datos concretos” y en ningún caso se han incluídos funcionarios o empleados
públicos sino exclusivamente aquellos que son cargos electos o que han sido
elegidas, designadas o nombrados por estos, y que por tanto cumplen una función
política en la administración.
. En esas conclusiones indican que estas dificultades les
han llevado incluso a tener que extraer datos de personas externas de la propia
administración. Además en el informe, que no duda en calificar a la
“administración pública sobredimensionada hasta extremos elefantiásicos”,
señala que esta sobredimensión se debe principalmente a los políticos que
realizan funciones para los que ya existen funcionarios a un menor coste,
elemento que está en la base de las críticas que ha recibido el informe y que
casi han sido lanzadas unánimemente por personajes que viven o han vivido una
parte importante del erario público.
Precisamente uno de los datos que recoge el artículo y que
más duramente ha sido criticado ha sido el poner número a los liberados de los sindicatos
y la patronal. Los autores del estudio señalan que aunque no eran objeto del
estudio han preferido incluirlos porque era un dato que nunca se había aclarado
y que lo hacen “a mayor abundamiento” y porque estos delegados “realizan una
función de representación institucional y por tanto política, y que son
financiadas con fondos públicos”.
Otro de los puntos más controvertidos del informe es la
crítica a las inversiones en los medios de comunicación, en el que se destacan
la enorme cantidad de personas dedicadas al control político de los tareas
administrativas de todas las administraciones señalando casos en los que
destacan la presencia de políticos encargados de funciones de comunicación y
prensa incluso en ayuntamientos que no cuentan más que con un solo policía
local.
Como podemos ver, la realidad es que la denuncia de Arturo
Pérez Reverte tiene una sólida base, mientras que los críticos al informe,
simplemente han demostrado o no conocer la realidad, o estar exclusivamente
defendiendo sus intereses y sueldos personales mostrando su nerviosismo por
unos datos que siempre se habían intentado tener a resguardo de la opinión
pública.
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