El último año del chollo para UGT –CCOO y la patronal
(la foto no corresponde al articulo) La gallina de los
huevos de oro hace ya tiempo que dejó de dar alegrías. La crisis ha propiciado
la caída del negocio privado y, por ende, de los impuestos con los que se han
nutrido las administraciones públicas. La Generalitat se encuentra azotada por el
huracán económico hasta tal punto que incluso ha tenido que pedir al Gobierno
ayuda financiera que se eleva a 10.500 millones. Eso sí, el Consell inició hace
poco más de un año un proceso de adelgazamiento en su estructura que no
solamente va a alcanzar de pleno al sector público empresarial y fundacional,
sino también a aquellas entidades que viven a costa del erario público
valenciano, los llamados agentes sociales: los sindicatos y las organizaciones
empresariales.
El actual es el
último año en el que estos organismos van a nutrir sus presupuestos de las
subvenciones públicas de la Generalitat, que en este 2012 ascienden a casi 23
millones de euros.
El actual es el
último año del chollo porque en 2013 el presidente Alberto Fabra quiere que Les
Corts aprueben la ley de Participación y Colaboración Institucional, con la que
poner coto a estas subvenciones que prácticamente se concedían por ser estos
organismos los que eran, ha comentado en más de una ocasión el vicepresidente
del Consell, José Císcar, e incluso el propio jefe del Consell. A partir de
entonces sólo podrán tener asegurado casi un tercio de esos 23 millones. Al
margen queda la deuda económica que mantiene el Consell con esas entidades,
especialmente por cursos de formación, que, según las fuentes consultadas, irá
pagando.
Hasta ahora los
sindicatos mayoritarios en el ámbito económico de la Comunitat y sus
partenaires, las organizaciones empresariales, han nutrido las cuentas de sus
bancos desde la subvención autonómica. Ha sido esta una manera de que el PP
tuviera calmados durante años a las fuerzas sociales, por un lado, y por otro,
fidelizados a los empresarios que han puesto su cara y su aplauso a la hora de
respaldar iniciativas políticas en los años de bonanza. La Generalitat ha
contribuido en ambos casos a mantener la representación de los agentes sociales
a los que se supone representativos de la sociedad aunque no sea la sociedad en
general la que elija a sus representantes entre esas tres entidades sociales.
El caso es que a
partir del año que viene, cuando se apruebe la ley que impulsa el presidente
Alberto Fabra, UGT-PV puede ir olvidándose de tener en sus cuentas de manera
directa 6,5 millones de euros como los que se llevará este 2012 del Gobierno de
todos los valencianos.
CCOO-PV tendrá que
empezar a hacer lo mismo que el sindicato socialista y despedirse de los 6,3
millones de euros que obtendrá durante el actual ejercicio.
Mientras tanto, la
organización patronal autonómica, Cierval, deberá mirar también a sus ya viejos
compañeros de baile en esta democracia valenciana y empezar a pensar que los 10
millones de la Generalitat que recibirá este año en sus cuentas pasarán a la
historia como los últimos que obtengan sin efectuar un esfuerzo y su
consiguiente resultado.
UGT, por ejemplo,
tiene previsto percibir este año de los presupuestos de la Generalitat poco más
de 4,48 millones de euros por sus actuaciones en materia de fomento de empleo.
Por los mismos conceptos, CC OO consigue prácticamente la misma cantidad que su
sindicato casi hermano, 4,46 millones de euros. Cierval, por su parte, eleva
ligeramente la cantidad a 4,58 millones de euros por asuntos relacionados con
la formación.
El sindicato
socialista obtiene, además, 90.000 euros de la Conselleria de Infraestructuras
y Medio Ambiente para efectuar acciones medioambientales. En el mismo caso se
halla CCOO, que también engrosa sus arcas con esa cantidad.
En este apartado
medioambiental es la organización empresarial la que más pesca de la
Conselleria de Infraestructura y Medio Ambiente, con 252.000 euros por este
concepto.
Durante el proceso negociador entre los sindicatos y el
Consell a finales del pasado invierno los representantes sindicales en la Mesa
de General se quejaban de que les echaran en cara que cobraban por asistir a
ese tipo de reuniones. Y lo negaban. En los presupuestos de la Generalitat para
2012 destinados a UGT, CCOO y Cierval hay una partida de 5.000 euros para cada
sindicato y 10.000 para la patronal con el fin de satisfacer lo que parece ser
la prestación de un servicio.
Cuando se nombran las
palabras sindicato y patronal lo primero que a cualquiera bien intencionado le
viene a la cabeza es la expresión negociación colectiva. Pues hasta de eso
cobran unos y otros: 18.000 euros cada sindicato y el doble Cierval.
Esta subvención se
encuentra en un apartado de gastos diversos en el que la organización patronal
es la que más dinero obtiene, 409.500 euros por un convenio entre la
Generalitat, Cierval y la patronal nacional, COE, además de los ya mencionados
36.000, otros 52.000 por responsabilidad social de las empresas y 141.910 euros
por la participación en el observatorio sobre la industria y sectores
económicos.
Los dos sindicatos no
suman el casi medio millón de euros porque no tienen convenio con la Generalitat,
pero sí consiguen cada uno de ellos 26.000 euros por la responsabilidad social
de empresas y 68.930 euros más por su participación en el observatorio sobre la
industria y la economía, donde acompañan a los dirigentes empresariales.
Sin embargo,
consiguen cada uno de ambos 11.000 euros de la Conselleria de Turismo, Cultura
y Deporte por el fomento del valenciano. Por fomentar los símbolos autonómicos
desde luego que no, porque en sus manifestaciones no se suelen portar por parte
de los organizadores ninguna Senyera, cuando sí incluyen enseñas propias de
otras comunidades autónomas, incluso en sus propios logotipos y tanto UGT como
CCOO llevan el apellido País Valencià que no reconoce el Estatuto como
denominación oficial.
Los agentes sociales
tienen en su poder el proyecto de ley que quiere el presidente Fabra aprobar el
próximo año y que entre cuanto antes en vigor. Cuando el jefe del Consell
anunció a patronal y sindicatos sus intenciones no pareció que les agradara en
demasía. Quizá por eso UGT, ante la previsión de la caída de sus ingresos, haya
planteado su segundo ERE en los últimos nueve meses, con la esperanza de que le
aprueben 35 despidos. En el que propuso el pasado 20 de noviembre consiguió que
le autorizaran 13, aunque había solicitado hasta 34 despidos.
Con la amplia
denominación de «ley de la Generalitat de participación y colaboración
institucional de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales
representativas de la Comunitat» -todavía es un futuro anteproyecto- pretende
regular las ayudas y subvenciones del Gobierno valenciano a los agentes
sociales «para el cumplimiento de sus fines propios de interés general».
La futura ley
«consagraría una distribución presupuestaria que otorgaría hasta el 30% de
dicha consignación para la participación institucional. El resto, un 70%, iría
destinado para la colaboración institucional», afirman fuentes del Consell. O
lo que es lo mismo: de la cantidad que actualmente perciben sindicatos y
patronal, a partir de la aprobación de la ley podrán contar con un 30% fijo y
el restante 70% será variable en función de los puestos de trabajo que ayuden a
generar las iniciativas que emprendan, acotaron las mismas fuentes.
«La colaboración
institucional consagra el principio de 'recursos por resultados'», señalan
desde el Consell.
Pero este
anteproyecto, además, regula el régimen de esas ayudas. Quien quiera optar a
las subvenciones dentro del apartado de colaboración institucional se la
tendrán que ganar porque «se tramitará preferentemente en régimen de
concurrencia competitiva».
Además, habrá cuatro
criterios objetivos de valoración para concederlas. El primero es que se tendrá
en cuenta, en especial, «el número de beneficiarios a los que se dirijan los
cursos de formación u otras acciones formativas» y se valorará que estas
actuaciones se dirijan a los parados, y dentro de ellos, a los jóvenes sin
empleo.
El segundo es que se
primará el desarrollo de planes, programas, proyectos o actuaciones
institucionales distintos de la formación «que fomenten la igualdad de género
en el empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral».
El tercero de ellos
se refiere a actuaciones que fomenten la integración laboral y social de
personas con discapacidad o inmigrantes.
El último criterio
que prevé el anteproyecto legislativo es el que habla de evaluar «muy
especialmente otras actuaciones que impulsen la actividad económica y
sociolaboral o dinamicen el mercado de trabajo contribuyendo a la generación de
empleo» o que contribuya a favorecer a los emprendedores o ayuden a la creación
de nuevas empresas, con la consiguiente creación de puestas de trabajo.
«Se trata de un texto
normativo pionero en España que consolida un modelo valenciano de participación
institucional vanguardista, innovador y transparente», aseguran desde el
Consell.
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