El Tribunal Supremo condenó en firme el pasado octubre a Diego Periñán y a su hijo Francisco Javier, el primero ex presidente y el segundo ex empleado de Asprodeme. La sentencia ratificó una anterior de la Audiencia Provincial de Cádiz que impuso tres años y medio de prisión por apropiación indebida y falsedad documental al ex presidente de la asociación provincial de atención a discapacitados, radicada en Puerto Real, y dos años y medio a Francisco Javier Periñán Delgado. Ha pasado casi un año y ambos están en libertad. La Audiencia ha permitido a Diego Periñán esperar libre la decisión sobre el indulto que ha solicitado al Gobierno. Y su hijo ha pedido que le cambien parte de su pena por una multa para poder solicitar después la suspensión de condena. La Audiencia aún no le ha respondido.
Diego Periñán Quintero y su hijo se embolsaron en dos años 56.760 euros pertenecientes a Asprodeme, consideró probado la Audiencia tras el juicio celebrado en Cádiz en julio de 2008. De unos 76 años de edad, Diego Periñán fue presidente de la asociación de atención a discapacitados durante 27 años: desde su constitución hasta que en 2003 dimitió de su cargo. Los dos procesados negaron ante el tribunal todas y cada una de las irregularidades que relata la sentencia de la Audiencia y que reproduce la del Tribunal Supremo.
La resolución explica, entre otras cuestiones, que Periñán contrató en 1995 a su hijo Francisco Javier como empleado de Asprodeme pero que éste sólo acudió al trabajo durante unos meses en el verano de 1998 y en el año 2003. En mayo de 2003, Periñán ascendió a su hijo al cargo de director gerente. Y en junio de 2003, tras haber decidido abandonar la asociación y como fórmula para distraer patrimonio de Asprodeme, ideó la maniobra de extinguir el contrato de trabajo de su hijo. Alegó la necesidad objetiva de amortizar su puesto de trabajo y justificó el despido en una situación económica de la asociación que no existía, de modo que le abonó de esa manera 12.734 euros de indemnización.
Entre los meses de enero y junio de 2003, Periñán ordenó el pago a él mismo de compensaciones por gastos de desplazamientos que no había realizado por importe de 882 euros.
Durante 2002, Periñán no ingresó en la cuenta bancaria de Asprodeme 13.093 euros procedentes de las cuotas pagadas en mano por familiares de usuarios del centro. Con ese dinero, el entonces presidente de la asociación devolvió a Asprodeme préstamos que esa entidad le había hecho a su hijo Francisco Javier.
Como fórmula para distraer dinero de la asociación al menos desde el mes de enero de 2002, Periñán, de acuerdo con su hijo, comenzó a pagar a éste cantidades por dietas, gastos y viajes que no realizaba. La sentencia también explica que Periñán acudía personalmente a diversos centros comerciales de la provincia y en particular a Makro, en El Puerto, para hacer la compra de productos necesarios para el centro residencial de Asprodeme. Y que aprovechando que no se hacía inventario alguno de las existencias ni de productos que se compraban para ese centro, también hacía allí la compra de efectos destinados a su domicilio habitual pero abonando el total con cargo a los fondos de Asprodeme.
Asimismo, Diego Periñán cargaba a Asprodeme viajes, compras y gastos en locales de hostelería que no tenían relación alguna con su actividad en la asociación.
Diego Periñán Quintero y su hijo se embolsaron en dos años 56.760 euros pertenecientes a Asprodeme, consideró probado la Audiencia tras el juicio celebrado en Cádiz en julio de 2008. De unos 76 años de edad, Diego Periñán fue presidente de la asociación de atención a discapacitados durante 27 años: desde su constitución hasta que en 2003 dimitió de su cargo. Los dos procesados negaron ante el tribunal todas y cada una de las irregularidades que relata la sentencia de la Audiencia y que reproduce la del Tribunal Supremo.
La resolución explica, entre otras cuestiones, que Periñán contrató en 1995 a su hijo Francisco Javier como empleado de Asprodeme pero que éste sólo acudió al trabajo durante unos meses en el verano de 1998 y en el año 2003. En mayo de 2003, Periñán ascendió a su hijo al cargo de director gerente. Y en junio de 2003, tras haber decidido abandonar la asociación y como fórmula para distraer patrimonio de Asprodeme, ideó la maniobra de extinguir el contrato de trabajo de su hijo. Alegó la necesidad objetiva de amortizar su puesto de trabajo y justificó el despido en una situación económica de la asociación que no existía, de modo que le abonó de esa manera 12.734 euros de indemnización.
Entre los meses de enero y junio de 2003, Periñán ordenó el pago a él mismo de compensaciones por gastos de desplazamientos que no había realizado por importe de 882 euros.
Durante 2002, Periñán no ingresó en la cuenta bancaria de Asprodeme 13.093 euros procedentes de las cuotas pagadas en mano por familiares de usuarios del centro. Con ese dinero, el entonces presidente de la asociación devolvió a Asprodeme préstamos que esa entidad le había hecho a su hijo Francisco Javier.
Como fórmula para distraer dinero de la asociación al menos desde el mes de enero de 2002, Periñán, de acuerdo con su hijo, comenzó a pagar a éste cantidades por dietas, gastos y viajes que no realizaba. La sentencia también explica que Periñán acudía personalmente a diversos centros comerciales de la provincia y en particular a Makro, en El Puerto, para hacer la compra de productos necesarios para el centro residencial de Asprodeme. Y que aprovechando que no se hacía inventario alguno de las existencias ni de productos que se compraban para ese centro, también hacía allí la compra de efectos destinados a su domicilio habitual pero abonando el total con cargo a los fondos de Asprodeme.
Asimismo, Diego Periñán cargaba a Asprodeme viajes, compras y gastos en locales de hostelería que no tenían relación alguna con su actividad en la asociación.
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