Insultar
o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000
euros
Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle y la Policía podrá establecer "zonas de seguridad" contra los escraches
Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle y la Policía podrá establecer "zonas de seguridad" contra los escraches
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será
considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con
entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales
novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior
prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de
los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el
Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
En el redactado también se contempla como infracción
"muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la
distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los
agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su
familia o que puedan poner en riesgo una operación.
Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas
concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego
difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y
siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron
datos personales de los policías.
En total hay 21 infracciones consideradas "muy
graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En
este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los
Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la
Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con
independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto
también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además
de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del
orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos
y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como
las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras
críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de
movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge
entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre
30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con
dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros
medios de transporte como aviones.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la
infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas,
gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte
de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda
asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí
valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.
PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES
Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana
aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o
aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de
menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan
afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto
de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos
supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que
ofrece los servicios sexuales.
El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el
inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las
Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre
otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución
era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.
En el apartado de las infracciones graves se mantienen
aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no
estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de
utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce como grave la plantación o el cultivo de
drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.
Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como
'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39
artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones
leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del
Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles
en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta
nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA'
Otra de las principales novedades es que los padres tendrán
que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos
menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer
"zonas de seguridad". El hecho de que los progenitores tengan que
pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en
marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka'
y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige
Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario
urbano, también podría considerarse una infracción grave.
En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar
los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una
iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300
metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los
responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este
recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.
El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado
administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como
infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la
calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a
monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es
decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y
se consume droga.
MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES
Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan
variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con
multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las
infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley
de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas
que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según
Interior.
Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse
ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se
compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los
agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o
telemática.
Este articulado regula que los agentes puedan requisar el
documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de
Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones
había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no
entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se
les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
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