“El gran objetivo de la reforma de las pensiones es
repartirse un botín de 100.000 millones de euros”
Enric Llopis
Entrevista a Héctor Illueca y Adoración Guamán, firmantes del documento
"En defensa del sistema público de pensiones"
La realidad económica se interpreta oficialmente a partir de
diferentes “mantras”. Uno de ellos es que el sistema público de pensiones no es
sostenible por el desequilibrio entre cotizantes a la seguridad social y
ciudadanos con derecho a una pensión. Se oculta, de nuevo, que cualquier
“reforma” o recorte obedece a criterios políticos e ideológicos que suelen
esconderse bajo razones tecnocráticas. Los especialistas en derecho laboral,
Héctor Illueca y Adoración Guamán, afirman que el gran objetivo de la “reforma”
de las pensiones es que entidades financieras y grandes aseguradoras se hagan
con un botín de 100.000 millones de euros. Y eso, en un momento en que las
pensiones se han convertido para muchas familias en el último refugio contra la
crisis. Illueca y Guamán forman parte del grupo de 24 economistas y juristas
que han suscrito el documento “En defensa del sistema público de pensiones”.
El gobierno y sus
“expertos” consideran que el actual sistema público de pensiones resulta
insostenible. ¿Qué opináis?
Es así, en caso de
que se parta de una opción teórica, la que ellos manejan. Pero desde otros
planteamientos sí que resultaría viable el sistema público de pensiones.
Básicamente, consideran que el sistema está en riesgo por un incremento en la
esperanza de vida. Pero, ciertamente, existen otros muchos factores que
influyen y que el gobierno no tiene en cuenta: niveles salariales, tasas de
empleo, productividad y extensión de la economía sumergida, entre otros. Son
muchos factores los que garantizan el equilibrio presupuestario del sistema.
Además, el principal riesgo para su sostenibilidad son las políticas económicas
que están desarrollándose.
¿Cuál es el objetivo real de la reforma de las pensiones?
Un objetivo muy
simple. Conseguir un “botín” de 100.000 millones de euros para las entidades
financieras y las grandes aseguradoras, mediante el incremento de los fondos de
pensiones privados (un sistema de ahorro que, por lo demás, cuenta con
desgravaciones fiscales). Ahora bien, es sabido que el 60% de los ciudadanos
carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si
ahorra, lo hacen en una cuantía insuficiente para garantizar el mínimo vital en
la jubilación.
¿Invierte mucho el estado español en pensiones
públicas?
Según el informe de
la Comisión Europea “The 2012 Ageing Report”, el gasto en pensiones en España
será, en el peor de los escenarios, del 14% del PIB en 2050, aproximadamente lo
mismo que hoy gastan países como Austria, Francia (15%) o Italia (16%).
Actualmente, España destina el 10% del PIB al sistema público de pensiones,
mientras que la media de la Eurozona se sitúa en el 12,2% y en el conjunto de
la UE, en el 11,3%.
Se plantea en el fondo una disyuntiva entre
los sistemas de “reparto” y de “capitalización”
En el sistema de “reparto”, el que actualmente rige en el
estado español, las personas que cotizan a la seguridad son las que financian
el sistema público de pensiones; existe una solidaridad intergeneracional que
se rompe con el sistema de “capitalización”, en el que cada individuo gestiona
su propio fondo de pensiones al tiempo que asume un riesgo individual. Este
modelo pivota sobre la capacidad de ahorro de cada persona y la mediación de
las entidades financieras.
¿Existen problemas
para financiar las pensiones públicas?
El gran problema en
este país es de distribución de la riqueza. El sistema público de pensiones
podría financiarse perfectamente mediante los presupuestos generales del
estado, que podrían incrementar su dotación con una reforma fiscal progresiva.
De hecho, la presión fiscal en el estado español es la más baja de la Europa de
los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%).
Pero asimismo es inferior a la de Francia (tres puntos de diferencia), Italia
(diez puntos de diferencia) y Alemania (ocho), según las cifras de Eurostat.
Sin embargo, el Ministerio de Empleo insiste en la certeza de sus
previsiones
Ya pronosticaron la
quiebra del sistema en los años 1995, 2000 y 2005, pero nunca acertaron porque,
ciertamente, no hay razones para los argumentos catastrofistas. El problema,
insistimos, no es de gasto sino de dónde se obtienen los ingresos. Las
pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente a partir de las
cotizaciones sociales. Son la totalidad de los recursos del estado los que
tienen que hacer frente a los gastos del estado, incluidas las pensiones
públicas.
Se recurre, además, a la argumentación
“demográfica” para justificar los recortes en las pensiones
Las predicciones
demográficas a largo plazo han fallado en su aplicación al mercado laboral
español. En su día no se consideraron, por ejemplo, la incorporación de la
mujer al trabajo o la entrada de población inmigrante (en la década de los 90,
con tasas de natalidad muy elevadas). El gobierno de Rajoy y sus “expertos”
toman en cuenta los argumentos demográficos, pero desatienden elementos como la
productividad.
¿En qué sentido?
La productividad es
un factor decisivo en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Menos
trabajadores pueden producir, hoy, una cantidad de riqueza mucho mayor, y así
destinar más recursos a las pensiones públicas. El gran error es basar las
argumentaciones sólo en la relación número de trabajadores/pensionistas. Hace
50 años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector
agrícola; actualmente lo hace el 4,5%, pero este pequeño porcentaje produce más
que el 30% anterior. Es decir, menos trabajadores pueden mantener a un mayor
número de pensionistas.
Otro elemento de
crítica es que no se tienen en cuenta las “tasas de actividad”
Porque remiten al problema del paro. Y ello supone señalar
las políticas económicas que están desarrollándose: la austeridad impulsada por
la Troika con la complicidad de los gobiernos nacionales. Debido a la falta de
estímulos y crecimiento económico, el paro se desboca y disminuye el número de
trabajadores que cotizan a la seguridad social. El equilibrio del sistema
público de pensiones guarda, en definitiva, una estrecha relación con las
políticas económicas que se implementen.
¿Qué alternativas
proponéis a la “reforma” de las pensiones planteada por el gobierno?
No se deberían poner repartos a que las pensiones públicas
pudieran financiarse mediante los Presupuestos Generales del Estado. Porque la
separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y
contable, pero no económica y, mucho menos, política. También existe la
posibilidad de crear impuestos nuevos o aumentar los que hoy están en vigor.
Por ejemplo, subir el IRPF a las rentas más altas o incrementar el impuesto de
sociedades. Hay que tener en cuenta, cuando se proponen estas medidas, que
España es casi un “paraíso fiscal” para las grandes empresas. Y que un país de
45 millones de habitantes dispone de un importante margen de maniobra (por el
volumen recaudatorio) en política fiscal.
¿Podría, incluso, invocarse la Constitución española de 1978 para la
defensa del actual modelo de pensiones públicas?
De hecho, el vigente
texto constitucional habla de “estado social”. La reforma atenta contra el
Artículo 50, en el que se afirma que “los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Asimismo, la Declaración
Universal de Derechos Humanos menciona en su artículo 25 a la tercera edad,
sector de la población al que se le reconoce el derecho a un nivel de vida
adecuado y al bienestar.
Por último, ¿qué efectos sociales implicará la
“reforma” de las pensiones?
Sin duda, llega en la
peor coyuntura. En plena crisis, se recorta el poder adquisitivo del único
grupo de población que había mantenido su capacidad de consumo. Esto
dificultará la recuperación de la economía. Además, en 2011, la media de las
nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales. El 20% de las
pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo
del umbral de la pobreza. El 72% de los jubilados cobra actualmente menos de
1.100 euros mensuales, y el 49% no sobrepasa los 700 euros al mes. Y ello
teniendo en cuenta que en muchos casos la pensión del jubilado se ha convertido
en la única fuente de ingresos, el último “colchón”, de las familias frente a
la crisis.
Rebelión
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