Los sindicatos ofrecieron una fiesta de homenaje a Javier
Guerrero cuando abandonó la Junta
Dirigentes de UGT y de Comisiones Obreras organizaron y
brindaron un homenaje de despedida al exdirector general de Trabajo de la Junta
de Andalucía, Javier Guerrero, cuando éste abandonó la administración andaluza.
Se da la circunstancia llamativa, además, de que el homenaje se celebró en el
restaurante Río Grande de Sevilla, que fue una de las primeras empresas que
fueron investigadas por recibir subvenciones a cambio de tramitar falsos
Expedientes de Regulación de Empleo, con intrusos incluidos.
La historia, que se conoció de forma tangencial al principio
de la instrucción del caso del los ERE, adquiere ahora una relevancia especial,
tras conocerse las últimas líneas de investigación de la juez que instruye el
caso, Mercedes Alaya, y que apunta, precisamente, a la desviación de grandes
sumas de dinero a los intermediarios, uno de los estamentos de los que se
compone la pirámide de responsabilidades en la que se puede encajar visualmente
la trama de los ERE. Entre los intermediarios, se encontrarían los propios
sindicatos que cobraban comisiones, según la jueza, gracias a la capacidad de
influencia y la información privilegiada de la que gozaban ante la Junta de
Andalucía. Los principales dirigentes de UGT y de CCOO, como veremos luego, han
desmentido estos extremos, pero detengámonos ahora en el momento en el que
Javier Guerrero abandona la Junta de Andalucía.
Por lo que se supo nada más estallar el caso de los ERE, en
el Gobierno andaluz y en el propio PSOE andaluz se conocía desde hacía tiempo
los desmanes de Javier Guerrero en su vida privada, su adicción a las drogas y
al alcohol. De hecho, en cuanto trascendió la existencia de los primeros
intrusos en los ERE (personas que se incluyeron para cobrar la prejubilación
sin haber trabajado jamás en esas empresas) la justificación que se ofreció en
el PSOE fue esa, la adicción a la cocaína del que había sido durante tantos
años director general de Trabajo. También se conoció que, desde 2007, el
entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, había intentado destituir a
Guerrero, pero que se encontró con la oposición frontal del poderoso secretario
general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, también exconsejero de Empleo,
y de los sindicatos, con gran poder de influencia en el Gobierno andaluz. Ni
uno ni otros querían que Guerrero dejara el cargo en el que estaba y desde el
que repartía decenas de millones a su antojo, sin el menor control.
La situación personal de Javier Guerrero, sin embargo,
siguió deteriorándose y finalmente, tras ingresar incluso en una clínica de
desintoxicación, acabó abandonando el cargo en abril de 2008. Fue entonces
cuando los sindicatos, que habían defendido su gestión con todas sus fuerzas, le organizaron un
homenaje de despedida. Del acto festivo se tiene constancia judicial porque,
para más inri, se celebró en un restaurante investigado por los falsos ERE. El
16 de septiembre de 2011, la propietaria del restaurante Río Grande, María del
Carmen García, se vanaglorió ante la juez Alaya de que en su establecimiento
acudían, “gracias a dios, muchos políticos y muchísima gente”, y puso como
ejemplo que fue allí donde UGT y CCOO organizaron la fiesta de despedida de
Javier Guerrero.
En aquella
declaración, de la que la propietaria de Río Grande salió imputada de varios
delitos, se conocieron, además de aquel homenaje de los sindicatos, algunos
detalles de la trama de los ERE, entre chuscos y grotescos, como la existencia
de una peluquera, a la que se había incluido como prejubilada intrusa del
restaurante, para que prestara su cuenta corriente, de donde el dinero de la
prejubilación entraría y saldría cada mes. Cuando sacaron todo el dinero “me
dieron 1.700 euros para que me tomara una cerveza”, contó la peluquera. El
restaurante recibió mucho más, una subvención de un millón y medio de euros a
pesar de que el año anterior había declarado beneficios superiores al millón de
euros y que ni siquiera había presentado una solicitud para acogerse a los ERE.
Pero si tenía beneficios y ni siquiera había presentado una
solicitud, ¿cómo llega ese restaurante a beneficiarse de las subvenciones del
fondo de reptiles? Por lo que conocemos ahora, ése era, precisamente, el
trabajo de los sindicatos: captar empresas para que se acogieran a los ERE.
Luego, la Junta de Andalucía aprobaba la subvención y las consultoras y los
bufetes de abogados se embolsaban la correspondiente comisión, de hasta el 25% (la
comisión a precio de mercado no llegaba al 1%), y abonaban a los sindicatos su
parte alícuota.
Como se decía antes, esto es lo que sospecha la juez Alaya,
porque así lo han expresado varios implicados, pero los sindicatos lo
desmienten. Ayer mismo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, lo negó
con rotundidad y, más allá, afirmó incluso que los sindicatos son “víctimas”
del fraude de los ERE. Cándido Méndez se remitió luego a las explicaciones que
ya han ofrecido los dirigentes sindicales en Andalucía. Manuel Pastrana, por
ejemplo, es secretario general de UGT de Andalucía y, desde hace meses, combate
con todos sus medios las acusaciones que se realizan. A su juicio, “UGT
Andalucía no ha recibido ni un céntimo que tenga que ver con los ERE. Ni legal
ni ilegalmente. Ni directa ni indirectamente". "Nuestro papel no ha
ido nunca más allá de la firma de protocolos con las empresas, si existía, y
las administraciones afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de
soluciones a empresas en crisis. Nunca hemos formado parte de ningún proceso de
negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama
interno, esa responsabilidad corresponde a las Federaciones estatales que
poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con total autonomía
en el ámbito de sus competencias”, afirmó.
'Lanzas', uno de los
principales imputados de la trama, estuvo más de veinte años en UGT y durante
más de una década ocupó cargos de responsabilidad, con lo que la conexión con
el sindicato es evidente
Esa es la explicación que ofrece UGT y, como se puede
observar, a quien exculparía, en todo caso, es a las direcciones regional y
federal de los sindicatos, pero no a las personas que sí negociaban los ERE en
nombre de los sindicatos. De hecho, la juez Alaya habla en sus autos de “los
entornos de los sindicatos”, en referencia a particulares y a algunas empresas
participadas por ellos, que se habrían beneficiado con cerca de cinco millones
de euros. De la participación de los sindicatos en la trama se tiene
constancia, además, por varios testimonios. El exdirector general de Empleo,
Javier Guerrero, le dijo a la juez Alaya que "los sindicatos cobraban una
comisión por la negociación que llevaban en los conflictos laborales". Y
más tarde, el ex director de una de las consultoras, Vitalia, Antonio
Albarracín, también declaró que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández,
que también pasó por prisión, me manifestó que "él hacía las pólizas con
quien le decían los sindicatos”.
Todo ello sin contar, obviamente, con que el propio Lanzas,
uno de los principales imputados de la trama, estuvo más de veinte años en UGT
y que durante más de una década ocupó cargos de responsabilidad, con lo que la
conexión con el sindicato es evidente. Si quedaba alguna duda de la implicación
directa o indirecta de los sindicatos en la trama de los ERE, sólo faltaba
recordar aquel homenaje en Río Grande para cerrar el círculo de sospechas. Si
como dice Cándido Méndez, UGT es víctima del fraude de los ERE, parece claro
que lo es por culpa de algunos de sus propios dirigentes.
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