LA FINANCIACIÓN DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS CANARIOS AL DESCUBIERTO
"Todos los
empresarios damos dinero a los partidos", reconocía sin el menor rubor a
finales de la pasada semana el presidente de
Construcciones Industriales de Tenerife (Cointe), Ambrosio Jiménez,
después de que se conociera que su empresa figuraba en la contabilidad oficial
del PP, incluida en el sumario del caso Bárcenas.
La contabilidad del
partido ultraconservador puso al descubierto unas "aportaciones legales" que
alcanzaban un total de 400.000 euros procedentes de tres empresas isleñas. La ya mecionada Cointe; Gestiones y Asesoramientos 3.000 S.L. - cuyo
apoderado hasta el año 2011 fue el dueño de Seguridad Integral Canaria y
presidente de la U.D. Las Palmas Miguel Ángel Ramírez - y Trabajos y Servicios
Canarios SL - perteneciente al Grupo Lopesan, propiedad del grancanario
Eustasio López.
Estos dos últimos
empresarios eludieron discretamente realizar cualquier tipo de declaración al
respecto. Sin embargo, Ambrosio Jiménez - "un bocazas", según un colega
suyo - provocó con su reconocimiento público de las "donaciones" un
auténtico alud de declaraciones,
réplicas y justificaciones de una buena parte del empresariado canario, repentinamente señalado por su financiación de
las organizaciones políticas del Archipiélago.
SEBASTIÁN GRISALEÑA: "AMBROSIO JIMÉNEZ ES UN
IRRESPONSABLE"
Visiblemente molesto con la indiscreción de Ambrosio
Jiménez, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián
Grisaleña, tachó al constructor de "irresponsable" y se quejó de
que "metieran a todos los empresarios en el mismo saco". Claro que al
final de sus manifestanciones acabó encharcándola, al defender que en España
debería aplicarse el modelo
norteamericano. "Si en Estados Unidos son legales las donaciones aquí debe
ser igual" – aseguró el potentado
importador.
Felix Santiago,
presidente del grupo constructor Félix Santiago Melián y "virrey" del
Norte de la isla de Gran Canaria, tuvo el "arrojo" de reconocer sin
ambages que había financiado a las organizacionesque, una vez instaladas en las
instituciones públicas, conceden las licencias a las que opta su empresa.
"He realizado aportaciones a varios partidos, pero guardo todos y cada uno de los recibos”-
afirmó.
"Si alguien
quiere dar dinero está bien, siempre que sea con transparencia” - apuntó por su
parte Alberto Villalobos, vicepresidente de la Federación de Empresarios del
Metal y Nuevas Tecnologías (FEMMETE) de la provincia tinerfeña.
Quien se mostró como un genuino caradura fue el presidente
de Astilleros Canarios (Astican), Germán Suárez. “Cada empresario es dueño de su dinero y lo
puede donar a un partido, a una organización social o a la Santa Madre
Iglesia”. Cuando se le preguntó si el
grupo empresarial que preside realiza estas donaciones perdió repentinamente su
locuacidad, dando por zanjado el tema con un escueto “eso no se comenta y no
voy a hablar de esto" .
Juan Miguel Sanjuán,
presidente de Satocan, aseguró que “no da nada a los partidos", pero "ve bien que otros lo den de forma legal”. Juan
Padrón, presidente del grupo Jupama, sotuvo también que él "no ha dado dinero", aunque
poniendo inmediatamente en cuestión sus propias palabras y las de su colega.
"Quien lo haya entregado no te lo va a reconocer nunca, por mucho que
llames a los que tienen empresas no conseguirás que te lo confiesen, porque
esto siempre ha estado mal visto".
La razón obvia por la
que esta financiación está “mal vista” la apuntaba José Antonio Santana,
presidente de la Federación Canaria de Ocio y el más sincero del grupo de
empresarios: “Dudo que si alguien da dinero sea a cambio de nada” -manifestó.
El empresario "bocazas", el hoy vituperado Ambrosio Jimenez,
proporcionó una explicación menos sofisticada. Aseguró que el objeto de sus
inyecciones financieras a los partidos politícos institucionales no era otro
que el de "tener un detalle" con ellos.
ANTONIO ALARCÓ: "ES BUENO QUE LA ‘SOCIEDAD CIVIL’ SE
INVOLUCRE Y HAGA ESTE TIPO DE CONTRIBUCIONES"
Aún más claros que
los empresarios se mostraron los representantes de la casta política del
Archipiélago, que no dudaron en reconocer como "necesaria" la
financiación privada de sus organizaciones.
El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel
Barragán, - un dirigente político majorero que al decir de sus conciudadanos en
su vida ha pegado un palo al agua - manifestó que "hace 10 ó 15 años la
situación estaba “desmadrada” porque había menos control. "Ahora - añadió el desvergonzado - se ha
avanzado bastante con las reformas realizadas en la Ley de Financiación de los
partidos políticos". Barragán se manifestó también como
"pronorteamericano" y defendió el modelo USA en el que, como es bien
sabido, el control de los grandes lobbys financieros y empresariales ha
alcanzado su máxima expresión.
Por enigmáticas razones, el senador del PP por Tenerife
Antonio Alarcó realizó una encendida defensa del constructor Ambrosio Jiménez.
“Es un empresario regional que lo único que ha dicho es que contribuye de
manera desinteresada, igualitaria, transparente y cristalina a que los partidos
políticos desarrollen su labor y si eso es así, no hay nada cuestionable en
ello”. “Es más -añadió con un particular toque de cinismo -
pienso que es bueno que la 'sociedad civil' se involucre y haga este tipo de
contribuciones”.
Tampoco a los representantes de Nueva Canarias o el PSOE se
les ocurrió poner en cuestión el sistema que garantiza sus numerosos
privilegios y prebendas y da lugar a sus presuntas corruptelas. El consejero socialista en el Cabildo
tinerfeño y ex secretario de Organización en la Isla, José Antonio Valbuena, se
limitó a manifestar que su partido canaliza las donaciones empresariales a
través de las ejecutivas federal y regional.
El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, por su parte, se
quejó de que "la legislación favorezca más a los grandes partidos".
Las manifestaciones
que en estos días se han visto obligados a realizar empresarios y políticos
institucionales han puesto de manifiesto, en definitiva, lo que la intuición
popular presumía desde hace tiempo: el caracter
esencialmente antidemocrático de un sistema en el que los que realmente
gobiernan - empresarios y banqueros- financian
a “sus” representantes políticos para garantizar su perpetuación como
clase social dominante.
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