Griñán le da a un sobrino de Felipe González el control de la energía en Andalucía
La nueva configuración de la Administración andaluza, a raíz del pacto PSOE-IU, sigue dando muestras del poder de las sagas familiares. A la colocación de hijos y hermanos de varios dirigentes de IU se une el fortalecimiento de la figura de Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González, que pasó por la dirección de Invercaria, y a quien ahora se le nombra presidente de la Agencia Andaluza de la Energía.
El sobrino de Felipe ya ocupaba la Secretaría General de Innovación en el anterior Gobierno, puesto al que llegó después de haber sido secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y antes presidente de la sociedad Invercaria, sumida últimamente en denuncias sobre irregularidades, que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Una de las estrellas del Gobierno andaluz
La Agencia Andaluza de la Energía es uno de los departamentos estrella en el firmamento de la abigarrada Administración andaluza. No en balde, gran parte de la política que en materia de innovación ha desarrollado la Junta se apoya en la energía y, sobre todo, en las renovables, de las que en Andalucía depende un importante volumen de empresas y subvenciones.
La Agencia Andaluza de la Energía forma parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al frente de la cual se encuentra Antonio Ávila, una de las personas de mayor confianza del presidente Griñán. El hecho de que esta Consejería haya asumido las competencias de Empleo se debe a la necesidad que el PSOE tiene de desdibujar en el organigrama de la Junta el epicentro de las irregularidades detectadas en el caso de los ERE falsos, con protagonistas en este asunto como el ex consejero Antonio Fernández, o el director general del “fondo de reptiles”, Francisco Javier Guerrero, ambos en prisión preventiva por decisión de la juez Alaya.
La figura de Juan María González saltó a la palestra hace meses por haber presidido la sociedad de inversión Invercaria, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que un alto cargo grabó unas conversaciones con la presidenta de la entidad, Laura Gómiz, en las que presuntamente ésta le conminaba a falsear informes para justificar determinadas inversiones ante la Cámara de Cuentas. Juan María González había sido presidente de la misma sociedad previamente, aunque bajo su gestión no se detectaron irregularidades.
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