La Junta eleva a 85 millones el dinero defraudado
con los ERE
Después de 14 meses de trabajo, los auditores de la
Cámara de Cuentas han culminado un anteproyecto de informe que relata el caos
que reinó durante una década en la Dirección General de Trabajo. Y las cifras
disparan todo lo conocido hasta ahora sobre el polémico fondo. Este ha costado
a las arcas públicas nada menos que 1.217 millones, incluidos la refinanciación
de la deuda y los intereses de demora acumulados. Los intrusos se elevan hasta
126 (la Junta había identificado 72 hace un año) y en total Empleo ha analizado
las pólizas de 323 personas, 141 de ellas están aún siendo investigadas por la
Administración y 56 casos cumplían los requisitos para cobrar las ayudas
públicas. La Junta ha iniciado hasta ahora 99 expedientes de reintegro a los
intrusos que suman 11,2 millones.
El Parlamento encargó en abril de 2011 la
exhaustiva auditoría, que supone el mejor mapa realizado hasta ahora sobre el caso de los ERE al margen del farragoso sumario. A pesar
de que la investigación judicial avanza con paso firme y la Consejería de Empleo prosigue con su reclamación de las
ayudas mal dadas, el mutismo administrativo de meses que impusieron las
elecciones autonómicas, se ha roto: al margen de los 73,8 millones que
entregaron a los empresarios, los 126 intrusos detectados percibieron hasta
12,3 millones y habrían cobrado otros 15,2 millones de no haberse detectado a
tiempo el fraude.
El caos era ley en la Dirección General de Trabajo:
“No ha contado con un sistema de información que permita conocer el número de
solicitudes de ayudas presentadas, las desestimadas, las concedidas, su
seguimiento y justificación, así como el control de beneficiarios”, revela el
borrador del informe. Y las ayudas nacieron viciadas, puesto que el convenio
que las autorizó en 2001 no fue prorrogado “ni expresa ni tácitamente” y
careció de previsión para tramitar pagos. A pesar de ello, Empleo firmó cientos
de convenios con cientos de empresas, instituciones, Ayuntamientos y fundaciones
privadas.
La fiscalización de los ERE confirma que las ayudas
carecieron “del control previo exigible” y que ignoraron el procedimiento
administrativo preceptivo. Los auditores se alinean así con la policía, la
Guardia Civil, la fiscalía y la juez, y censuran las transferencias de
financiación que utilizó Empleo para pagar los ERE porque contravienen hasta
cuatro leyes: “Se ha realizado una clasificación económica de los créditos
inadecuada, consignando como transferencias de financiación lo que en realidad
eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder”.
Respecto a las modificaciones presupuestarias que
autorizó el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como
consejero de Hacienda, los auditores censuran que no se ajustaron a las
previsiones normativas en materia presupuestaria, ya que no se adecuaron “a la
naturaleza del gasto” aprobado. Es decir, el dinero se utilizó para otros fines
distintos de los presupuestados. La auditoría analiza 14 expedientes de
modificaciones presupuestarias por 101 millones, de un total de 125 millones
que autorizaron tanto Griñán como el Consejo de Gobierno. Los informes contaron
con la conformidad de la Dirección General de Presupuestos y el informe
favorable de la Intervención General, pero según los auditores, esto no
representaba una garantía. ¿Por qué? Los auditores se alinean con la tesis de la juez Mercedes Alaya: dadas las irregularidades
detectadas, la Intervención General debió haber emitido informes de actuación
que alertaran del menoscabo de fondos públicos. Y esta no lo hizo.
“La Intervención debió emitir el informe de
actuación por haber constatado que los gestores de Idea no adoptaban las
medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas a lo largo de los
ejercicios 2003 a 2008 y haber apreciado circunstancias que por su importancia
pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos”, subraya la auditoría. Así
la teoría de la juez de que la Intervención General ignoró
su obligación de “examinar y hacer un juicio crítico de la gestión realizada de
los programas presupuestarios, en términos de economía, eficacia y eficiencia”,
en palabras de los auditores, cobra fuerza. Y ahí radica la madre del cordero
del devenir del caso, que aclarará el ex interventor general Manuel Gómez entre
otros. Mientras, el borrador de auditoría aún debe incorporar las alegaciones
de Empleo y ser modificado por el pleno de la Cámara de Cuentas antes de su
entrega al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. Pero su cualificación técnica
ante el devenir del caso es indudable.
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