Del saqueo de Caja Madrid al fraude de Bankia
¿Cuándo y por qué Caja Madrid dejó de ser una caja con objetivos sociales y se convirtió en un tiburón financiero más? Los sucesivos Planes Estratégicos aprobados por la entidad desde el comienzo de la presidencia de Miguel Blesa en 1996, han tenido como único objetivo crecer a costa de promover el endeudamiento familiar y el ciclo inmobiliario, mediante dinero barato y políticas de comercialización muy agresivas. Los beneficios anuales se dispararon desde el 2,2% en 2002, pasando por el 23% en 2005, hasta llegar al increíble 117% en 2007. Todo parecía ir viento en popa y los consejeros decidieron premiarse. Por un lado, no escatimaron en préstamos a los propios miembros del Consejo de Administración, ya fuere a nivel personal y a sus empresas; por otro, firmaron un plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección, consistente en una remuneración adicional ligada a los resultados anuales de la caja, articulada a través de una póliza multimillonaria de seguro a cobrar una vez cumplidos los 65 años.
El Consejo de Administración, liderado durante casi 15 años por Miguel Blesa, al que han acompañado ilustres consejeros propuestos en base a los intereses de partidos mayoritarios, sindicatos, grandes empresarios y gobierno regional, se convirtió durante todo el ciclo económico alcista en el centro de gestión de un entramado de operaciones económicas de fomento de la burbuja inmobiliaria y la adjudicación de créditos de alto riesgo que se han demostrado altamente rentables para sus promotores a la vez que ruinosos para las cuentas de la entidad y las vidas de miles de familias.
¿Quién controla el Consejo de Administración? En última instancia son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ambos con gran responsabilidad en la desvirtuación de la cajas, pero lo cierto es que las cajas de ahorro están supeditadas a las asambleas generales de cada entidad. En el caso de Caja Madrid, la Asamblea General es el órgano responsable de aprobar las cuentas anuales, los cambios estatutarios, redistribuir el dinero de la obra social y regular el dinero de las dietas de los órganos y comisiones. Cuenta con más de 300 miembros que representan a las corporaciones municipales, la Asamblea de Madrid, a empleados y clientes (impositores) y a entidades representativas (como la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, la Fundación 1º de Mayo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid o la Fundación Residencia de Estudiantes, entre otras). Lo relevante es los miembros de la Asamblea, que cobran más de 1.200€ de media por asistir a cada una de las dos o tres reuniones anuales, han venido aprobando las cuentas de la entidad sin cuestionar, al menos no de manera contundente, el modelo de “negocio” desarrollado en el último decenio por la entidad.
Podríamos decir que Caja Madrid reúne de manera integral todas las características que definen un modelo bancario fallido por basar unívocamente su actividad empresarial en los intereses exclusivos de los miembros políticos o empresariales de su Consejo de Administración (el 1%) frente a la ciudadanía (el 99%). Entidad clave en el ciclo inmobiliario, causa principal de su situación actual de default, ha sido una máquina preparada para transferir de forma permanente, y hasta su ruina, el dinero de los ahorradores a la oligarquía empresarial madrileña en clara connivencia con los intereses de los consejeros que dependían de los principales partidos políticos. Los “objetivos sociales” que supuestamente debía perseguir una caja sin ánimo de lucro se transformaron en la gasolina necesaria para que el boom madrileño dirigido por el PP funcionase a pleno rendimiento.
Caja Madrid ha sido utilizada en provecho de una minoría. Pero la mentada “politización” de las cajas no evade de la responsabilidad por su mala gestión. La solución no es privatizar. Una entidad financiera pública debe gestionarse con criterios de utilidad social, ser transparente y dotarse de organismos de control para evitar lo que ha ocurrido. De todos los personajes que han participado en el Consejo de Administración destacan cinco con luz propia: Miguel Blesa, Gerardo Díaz Ferrán, Ricardo Romero de Tejada, José Antonio Moral Santín y Rodrigo Rato.
Gerardo Díaz Ferrán era copropietario del Grupo Marsans junto a su socio Gonzalo Pascual. Entre 2007 y 2010 también fue presidente de la CEOE . Cuando Marsans quebró, la administración concursal determinó que ambos «utilizaban la compañía como un “monedero” desde el cual traspasaban dinero a sus sociedades patrimoniales provocando así su insolvencia». ¿De dónde sacó dinero Ferrán para su «negocio»? Entre 2004 y 2009 recibió préstamos por un importe de 34,5 millones, lo que equivale al 88% por ciento de lo que se concedió a los miembros del consejo de Caja Madrid. Entre otros, figuran créditos a familiares por 7,9 millones, tres de ellos hipotecarios, para las casas de sus hijos. Recientemente el juzgado de instrucción nº 9 de Madrid ha decidido reabrir la investigación por una línea de crédito de 26,6 millones de euros. Blesa, el presidente de la entidad, ha sido denunciado por conceder esos créditos a sabiendas de que los negocios de Díaz Ferrán estaban al borde de la quiebra. Parece que esa disputa se resolverá en los juzgados. A pesar de todo, Ferrán ha conseguido renovar ese crédito, ahora bajo la presidencia de Rato.
El caso Marsans no ha sido el único caso de préstamos irregulares. Martinsa-Fadesa, la inmobiliaria que tuvo la mayor suspensión de pagos, logró créditos de unos 1.000 millones con Caja Madrid cuando la inmobiliaria estaba abocada a suspender pagos. En el caso Gescartera, La Caixa y Caja Madrid fueron condenadas en 2008 como responsables civiles subsidiarias por coadyuvar conscientemente al “mantenimiento de la irregular operativa empresarial que realizaba Gescartera”. Caja Madrid se tuvo que hacer responsable de 26 de los casi 88 millones de euros del agujero.
Ricardo Romero de Tejada se hizo famoso con el tamayazo, aquellos dos tránsfugas del PSOE de la Comunidad de Madrid que provocaron la convocatoria de nuevas elecciones. Así subió a Esperanza Aguirre al gobierno en 2003. En ese momento, Romero de Tejada estaba vinculado a los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez, con grandes intereses inmobiliarios en la comunidad. Bravo y Vázquez reservaron las habitaciones de hotel que Tamayo y Teresa Sáez ocuparon tras el golpe de mano y consiguieron varias oportunas recalificaciones en Villaviciosa de Odón (PP). Tejada, por su parte, fue acusado de delitos de estafa, falsificación de documentos y fraude cometidos en 1998, cuando era alcalde de Majadahonda. Tejada fue sucedido en este municipio por Guillermo Ortega, vinculado a la trama Gürtel.
José Antonio Moral Santín, el vicepresidente de Caja Madrid. Moral entró por IU pero pronto se vio que iba a su aire, estableciendo alianzas más que duraderas con los consejeros del PP; ha sido este partido y la Federación de Banca de CCOO (Comfia) quienes lo han mantenido en puesto tan elevado. Moral ha levantado mucho revuelo al conocerse su sueldo: 278.000 euros como vocal de Bankia y otros 231.000 como consejero en la matriz de la entidad, Banco Financiero y de Ahorros.
Pero claro, no es el único sindicalista millonario: formar parte de Caja Madrid es una lotería instantánea. En la actualidad, el dirigente de UGT, secretario general del sindicato en Madrid, José Ricardo Martínez cobra 181.000 euros al año. Martínez logró el cargo gracias dentro del reparto acordado por el PSOE con el PP regional, que buscaba respaldo político y sindical cuando lograron sustituir a Miguel Blesa al frente de la entidad. Además, ha sido elegido consejero de la Corporación Cibeles, el ‘holding’ financiero de Caja Madrid, por lo que puede cobrar otros 198.000 euros de sueldo al año. Por su parte, Francisco Baquero Noriega y Pedro Bedia Pérez, ambos de CCOO, ganan más de 300.000 euros como consejeros.
Miguel Blesa ha sido el gran presidente de Caja Madrid, desde 1996 hasta la maniobra aguirrista para colocar a su hombre Ignacio González. Aguirre cambió la Ley de Cajas para tener más control, lo que fue denunciado ante los tribunales por Gallardón. Esta pelea nada disimulada se cruzó con las críticas de Cobo a la presidenta en una entrevista a El País que llevó a los aguirristas a pedir su expulsión ante Rajoy y en la Asamblea de Madrid. Aguirre no consiguió poner a González, a pesar de tener un acuerdo con Tomás Gómez del PSOE, y tuvo que ceder ante el elegido del PP nacional: el gran Rodrigo Rato. Sin embargo, la lideresa no pudo ocultar su satisfacción al arrebatarle un puesto al “hijoputa” (palabras de Aguirre) de Gallardón en favor de IU.
Blesa fue relevado del puesto pero se había blindado bien con los famosos bonus. El programa de fidelización, sin límite temporal definido, entró en vigor el 1 de enero de 2007 y hubiera supuesto 25 millones de euros para sus beneficiarios, los diez miembros que en ese momento integraban la alta dirección de Caja Madrid: el propio Blesa y nueve ejecutivos más: Juan Astorqui, Carlos Martínez, Ramón Ferraz, Rafael Spottorno, Matías Amat, Carmen Contreras, Mariano Pérez Claver, Ricardo Morado e Ildefonso Sánchez. Desde que Rodrigo Rato llegó a la cúpula de Caja Madrid, tres miembros de la alta dirección han salido de la entidad financiera: el propio Blesa; Juan Astorqui, director de comunicación; y Ricardo Morado, que era el responsable de sistemas; entre los tres han recibido una indemnización de casi seis millones de euros. Blesa cobró 2,8 millones; Astorqui, 1,4 millones y Morado, 1,8 millones. Estos pagos tendrán un aplazamiento dada la situación de la caja.
Rodrigo Rato accede a la presidencia de Caja Madrid y comienza la operación Bankia, entidad resultante del matrimonio de Caja Madrid y Bancaja, además de otras cinco pequeña entidades (Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja de la Rioja). Bankia no es otra cosa que un banco privado pagado por todos: miles de millones de gente que habían depositado su dinero en cajas de ahorro públicas, a los que hay que sumar los 4.500 millones de euros del Estado a través del FROB. Bankia, el primer banco por depósitos y activos de residentes españoles, más de 330.000 millones de euros, salió a bolsa el 20 de julio de 2011. A Rodrigo Rato se le ocurrió sacar a Bolsa la entidad para seguir con el crecimiento financiero del nuevo banco a costa del dinero de mucha gente. Las acciones, que captaron el dinero de 400.000 ahorradores gracias a una costosa campaña publicitaria, han pasado de 3,75 euros a 1 euro en menos de un año. Tras el fracaso, que lleva probablemente varios delitos asociados, Rodrigo Rato abandona la presidencia en Bankia, no así la de Caja Madrid, llevándose una indemnización de 2,1 millones de euros.
Después de realizar un análisis de las prácticas financieras de Caja Madrid y Bankia, podemos afirmar que la deuda contraída es ilegítima, porque se debe al lucro de los consejeros y empresarios afines en connivencia con partidos políticos y grandes sindicatos (en orden de resposabilidad: PP, PSOE, IU, CCOO y UGT). No dudaron en conceder préstamos de riesgo a empresas, constructoras y particulares. No dudaron en vender preferentes a abuelos y timar sin reparo a muchos con el redondeo al alza de hipotecas. No dudaron en crear un banco privado a partir de cajas públicas y sacarlo a Bolsa agravando la crisis del país. Si se van de rositas vendrán muchos detrás. Ya se ha lanzado una querella ciudadana contra Rato y el exconsejero de Caja Madrid, Miguel Blesa, irá a los tribunales por los préstamos fraudulentos a Díaz Ferrán. Sólo la matriz de Bankia, en manos del Estado, cuesta 13.635 millones. El rescate europeo por valor de 100.000 millones de euros irá a parar a los bancos, sobre todo a Bankia. Por todo ello es necesaria una auditoría de esa deuda ilegítima y que se depuren responsabilidades. Los culpables de este desastre deben responder con su patrimonio y acabar en la cárcel. Pero no debemos olvidar que Bankia está pagada por todos y que sus viviendas, con escaso precio en el mercado, siguen teniendo un enorme valor social si se les da un uso apropiado.
29/06/2012
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