La Policía asegura que la investigación sobre la supuesta trama corrupta en la Administración regional podría durar todavía «varios meses»
Los funcionarios de la Consejería de Educación recopilaron y enviaron en la madrugada del pasado jueves al Juzgado de instrucción número 4 de Gijón miles de documentos que había solicitado con carácter de urgencia la magistrada Ana López Pandiella. Los encargados de recopilar la documentación trabajaron hasta las cuatro de la madrugada para preparar las facturas y los contratos que posteriormente serían remitidos en un furgón a la sede judicial gijonesa.
La magistrada que investiga el caso de supuesta corrupción en el que se han visto involucrados políticos, empresarios y funcionarios asturianos había solicitado originales y copias de contratos que el departamento de Educación estableció con diferentes empresas asturianas desde el año 2000.
López Pandiella continúa de esta manera con las diligencias abiertas en la Consejería de Educación en torno a la denominada «operación Marea» contra la corrupción. El que fuera máximo responsable de esta institución, el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, y la que ejercía como su «número dos», María Jesús Otero, se encuentran actualmente en la cárcel de Villabona cumpliendo una orden de prisión provisional dictada a raíz de este caso. Con ellos está también la funcionaria de Administraciones Públicas Marta Renedo, e imputados y libres bajo fianza se encuentran los propietarios de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín. La magistrada investigará ahora la nueva documentación.
Las fuentes consultadas aseguran que los funcionarios que llevaron a cabo la recopilación de documentos estuvieron acompañados en todo momento por el actual consejero Herminio Sastre. La magistrada gijonesa había fijado la mañana del jueves como fecha tope para la entrega de los documentos. «Los pidieron con muy poco tiempo de margen», apuntaban ayer algunas fuentes cercanas a la Consejería. Un camión trasladó decenas de cajas hasta los Juzgados gijoneses.
La Audiencia dirimirá el día 23 en una vista oral los recursos contra la orden de prisión
Entre los documentos que el pasado jueves fueron enviados a la juez figuran algunos de los contratos que la Consejería de Educación firmó durante los últimos diez años con las empresas investigadas dentro de esta supuesta trama de corrupción: Igrafo, Almacenes Pumarín y Asac Comunicaciones. Ésta última empresa se ha incorporado a la lista de sospechosas desde que esta semana la Policía Nacional le achacara varios delitos.
La labor de investigación de estos agentes podría llevar aún «varios meses», tal como aseguraron ayer a este periódico fuentes cercanas a la Comisaría gijonesa. Los diez funcionarios policiales que trabajan en el Grupo de Delitos Económicos deben aún cerrar varias líneas de investigación. Los agentes tomaron declaración a lo largo de la pasada semana a varios empresarios y trabajadores de banco que habían tenido relación con la empresa de Marta Renedo Avilés, Implants Mounts. La ex jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas del Principado utilizó esta empresa para desviar fondos públicos, según los investigadores, por lo que ahora se estudia si otras firmas tuvieron también trato de favor.
La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, acogerá el miércoles 23 de febrero la vista oral en la que la que los abogados que defienden a los tres imputados que actualmente cumplen una orden de prisión pedirán la puesta en libertad de los acusados. La juez de instrucción envió a la cárcel para evitar la fuga y la destrucción de pruebas al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, a la que fuera «número dos» de su Consejería, María Jesús Otero, y a la funcionaria del Principado que dio origen a la investigación de la trama corrupta, Marta Renedo Avilés.
La fiscal encargada del caso, que fue la única en solicitar una orden de prisión para los tres imputados, ya manifestó su intención de prolongar la orden de prisión, por lo que ahora serán los magistrados de la sección octava de la Audiencia, presidida por Bernardo Donapetry, los encargados de decidir en torno al recurso. La vista oral comenzará en torno a las diez y media de la mañana y se prolongará durante varias horas, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Lne.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario