El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova (PP), por prevaricación y malversación de caudales públicos en la cesión de una caseta municipal a cambio de 3.600 euros en consumiciones.
El auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, requiere además el pago de una fianza de 3.600 euros para cubrir la responsabilidad civil al alcalde y a la concejala Isabel Fraile, también imputada en esta causa.
Señala además como órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al juzgado de lo penal que por turno corresponda de Málaga.
La Fiscalía sostiene que la tasa correspondiente al uso de las instalaciones durante la feria de San Juan de 2005 fue fijada presuntamente entre el alcalde y el empresario “de manera bilateral” y contraria a las disposiciones legales y a las ordenanzas municipales.
Asimismo, mantiene que el “dinero público” no se ingresó supuestamente en las actas municipales, sino que se estableció un modo de abono “irregular” en tiques para consumiciones en el bar de la caseta de los que disponía tanto el alcalde como la entonces concejala de Fiestas.
El fiscal acusa a ambos de un delito de malversación de caudales públicos por el que pide una pena de seis meses de prisión, una multa de 1.800 euros y un año de suspensión para empleo o cargo público.
El alcalde está acusado también de un delito de prevaricación para el que el fiscal pide la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por siete años, petición que también ha realizado la parte demandante, la entonces portavoz de IU en el Consistorio, Encarnación Ruiz.
Asimismo, el ministerio público considera que el regidor y la concejala deben reintegrar al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la suma de 3.600 euros por la vía de responsabilidad civil.
Por su parte, la demanda pide para ambos un año de prisión, una multa 2.400 euros, suspensión para el empleo o cargo público de tres años por el delito de malversación de caudales públicos.
Villanova aseguró que la explotación de la barra de la caseta municipal no genera tasas al ser un contrato menor y que, según tres interventores municipales, no suponía ingreso público y podía ser adjudicada directamente.
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