El alcalde socialista del ayuntamiento pontevedrés de Caldas de Reis vive en una casa construida sin licencia y por la que lleva 28 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que le corresponde. La vivienda en la que reside Juan Manuel Rey fue construida elevando un piso la casa de su padre. Para hacerlo, no se pidió permiso al ayuntamiento, de forma que el inmueble no está declarado como tal en el catastro y no paga los tributos que debería por una vivienda de sus características.
El alcalde ha confirmado que está censado en esa casa y que el piso superior fue construido con posteridad al resto, pero negó conocer las irregularidades detalladas. "Es de una fecha en la que yo no llevaba cuenta de esas cosas, tendría que informarme, pero no tengo claro esto", explicó, a lo que añadió "esto es de hace 30 años y hace 30 años yo no llevaba el control".
Asimismo, aclaró que "esa casa es de mis padres, la construyeron mis padres, yo no estoy enterado de nada y no está a mi nombre. Cuando yo me mudé allí con la familia, ya estaba hecho". En relación al supuesto abono de un IBI incompleto, explicó: "lo lleva mi madre, que es viuda, y yo no estoy enterado de absolutamente nada".
Los datos revelan que el padre del regidor, que llegó a ser teniente de alcalde por el PSOE en la localidad, empezó a construir la casa en la que vive Rey en el año 1983 utilizando como base la vivienda previa de una planta que había edificado en 1982. Antes de comenzar las obras, no solicitó licencia municipal para la ampliación ni para la construcción de una vivienda nueva.
Las obras llegaron a ser paralizadas
En aquel momento, un particular denunció la edificación de una nueva planta en la vivienda del padre del alcalde en el lugar de Outeiro-Bemil. La denuncia llegó a conocimiento de la Alcaldía, que ocupaba el socialista Adolfo Abalo Ríos, y el Ayuntamiento ordenó paralizar las obras, pero el padre de Juan Manuel Rey reaccionó comunicando al Gobierno local que quería reformar el tejado.
El expediente urbanístico abierto en 1983 por la ilegalidad de la casa del alcalde se cerró una vez que se presentó esta solicitud para arreglar el tejado y, hasta el día de hoy, casi 28 años después, ningún Gobierno local de Caldas de Reis ha vuelto a revisar la vivienda.
Sin embargo, las obras siguieron según se habían iniciado y no se limitaron a reparar la cubierta, sino que se levantó un piso nuevo sobre la vivienda inicial. En la actualidad, son dos casas independientes y Juan Manuel Rey tiene fijado su domicilio en la superior, si bien reside parte de la semana con su pareja en Vila de Cruces (Pontevedra) y justifica que "esa casa puede llegar a ser mía, pero también de cualquiera de mis hermanos".
Construida en una zona afectada por Carreteras
La ilegalidad de esta vivienda no reside sólo en que se edificó sin licencia municipal, sino que, además, se hizo en un terreno en el que, aunque hubiese pedido permiso, no se lo habrían dado. El inmueble está ubicado a escasos metros de la carretera N-550 que comunica Caldas de Reis con Santiago de Compostela.
La ubicación concreta de la vivienda no está a la distancia reglamentaria de la carretera si se tienen en consideración las normas de la Dirección General de Carreteras del Estado.
Además, al haber sido declaradas únicamente la realización de obras de reforma en el tejado de la casa, en el catastro sólo está dada de alta una vivienda de un piso, de tal forma que la madre del actual alcalde paga el IBI, pero no consta que se abone ningún tributo por los metros del piso superior.
Los otros desmanes urbanísticos del Gobierno local
El alcalde de Caldas de Reis no es el único que comete una irregularidad urbanística en su vivienda. Las hijas de dos de los tres tenientes de alcalde y el cuñado del tercero también tienen fijada su residencia en inmuebles que no cuentan con licencia municipal. En relación con los tres casos, Juan Manuel Rey aseguró: "yo no tengo ni idea" e indicó que "los concejales no quieren contestar" a la invitación de este medio a dar su versión de los hechos.
La hija del teniente de alcalde José Fuentes Fresco acaba de construir un chalé unifamiliar en el lugar de Regengo-Godos sin haber obtenido licencia de ninguna clase que le permita su construcción. La situación se vuelve más irregular si se tiene en cuenta que la casa está enclavada en suelo rústico de protección agropecuaria, con lo cual no es legalizable según las normas subsidiarias del Ayuntamiento de 1995, actualmente en vigor.
En el caso de esta vivienda, resulta llamativo que en el verano de 2010 el Gobierno local de Caldas llevó al Pleno de la Corporación municipal el asfaltado de un camino de acceso a la casa con cargo a un programa de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia para la mejora de acceso a instalaciones vitivinícolas.
La casa no sólo es ilegal, sino que, además, en ella no hay ninguna bodega ni negocio similar. A pesar de la propuesta del Grupo municipal socialista, esta obra no llegó a ejecutarse al contar con los votos en contra de los concejales de la oposición (el PSOE gobierna en Caldas con mayoría simple).
Casas en zonas de protección agraria
El cuñado del primer teniente de alcalde de Caldas, José Blanco Magariños, también cuenta con el consentimiento del Gobierno local para cometer una irregularidad urbanística. Acaba de construir un chalé unifamiliar en el lugar de A Gándara-Saiar sin haber obtenido licencia municipal de ningún tipo.
Además, esta casa se levantó sobre un suelo rústico de especial protección agraria, de forma que, como en el caso del inmueble anterior, no es legalizable y bastaría con cualquier denuncia de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) para que tuviese que ser demolida.
El tercer desmán urbanístico achacable a un miembro del Gobierno local caldense lo protagoniza la hija del último teniente de alcalde, José Lemos, quien empezó a rehabilitar una casa en Saiar habiendo pedido una licencia de obra menor, permiso que resulta insuficiente para el alcance de la reforma acometida.
Resistencia a que el urbanismo se investigue
Estos desmanes urbanísticos achacables al alcalde y a los concejales socialistas de Caldas de Reis son realizados con conocimiento del Gobierno local, de forma que resulta entendible la postura adoptada por el Grupo municipal del PSOE cuando la oposición llevó a un Pleno del pasado verano la adhesión del ayuntamiento a la (APLU).
La adhesión a la APLU conlleva que es este organismo el que ejerce la vigilancia sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística. Cuando llegó a Pleno, los tres partidos de la oposición apoyaron la moción, que fue aprobada con las abstenciones del alcalde y los cinco concejales del PSOE y los votos a favor de BNG (1), Independientes por Caldas de Reis (1) y PP (5). La adhesión a este organismo está ahora pendiente de la aprobación de la Xunta de Galicia.
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