La juez reclama el expediente completo de cada contrato
La investigación de la «operación Marea» sigue creciendo. La brigada de delitos económicos de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón investiga también la actividad comercial que han mantenido en los últimos años algunas de las filiales de las firmas Igrafo y Almacenes Pumarín, las dos suministradoras habituales de la Administración regional cuyos propietarios, Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, respectivamente, se encuentran en libertad bajo fianza tras depositar un aval de trescientos mil euros. Están acusados de cohecho y tráfico de influencias. La juez que instruye el caso, la titular del Juzgado número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, también ha imputado en su investigación al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; a la que fue su número dos en la consejería, María Jesús Otero, y a la funcionaria de Administraciones Públicas Marta Renedo Avilés. Los tres se encuentran en prisión desde hace ya veinte días. Riopedre ingresó el día 25 de enero, mientras que Otero y Renedo lo hicieron al día siguiente.
Los empresarios imputados por López Pandiella aparecen vinculados, bien directamente o bien a través de socios y familiares, a casi una treintena de sociedades. Estas firmas mantienen actividad en campos muy diferentes que van desde la papelería y la mueblería al diseño y elaboración de proyectos o la construcción. En muchos casos, estas sociedades desarrollan su actividad principal fuera de Asturias. Fuentes de la investigación explicaron que los responsables de alguna de estas firmas han pasado ya a declarar en calidad de testigos por la Comisaría del Natahoyo.
Para tratar también de establecer la posible participación de algunas de estas compañías en la trama, la juez López Pandiella ha solicitado a la Administración regional los expedientes completos de cada contratación. Pandiella quiere analizar así todo el proceso, desde el anuncio de la obra, las empresas que concurrieron y la licitación, hasta la adjudicación. Fuentes del caso explicaron que en algunas de estas adjudicaciones, que precisan de tres ofertas para llevarse a cabo, llegaron a concurrir, para que se cumpliera la ley, tres compañías que compartían propietarios y accionariado. «Es lícito», explican, «y suele hacerse cuando hay urgencia para adjudicar algún proyecto aunque igual pueda parecer que no es del todo correcto».
En su investigación de los contratos, la juez Ana López Pandiella y los miembros de la brigada de delitos económicos de la Policía Nacional en Gijón se han encontrado con que muchos de los acuerdos comerciales que autorizaba la funcionaria Marta Renedo Avilés, jefa de servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, carecían de originales. Fuentes cercanas al caso explicaron ayer que Renedo tramitaba fotocopias que obligaba a compulsar a uno de sus subordinados capacitado legalmente para ello. Al parecer, el subordinado cumplía las órdenes sin ver siquiera el original. Según pudo saber este diario, administrativamente, para funcionamiento interno, la fotocopia compulsada tiene el mismo valor que el original del contrato, lo que facilitaba la supuesta actividad fraudulenta de Renedo.
Lne.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario