La nueva ley de “reordenación” del sector público, que se anuncia como un pretendido ahorro, esconde unas intenciones muy diferentes. La externalización de servicios y funciones que se ha estado realizando a lo largo de las dos últimas décadas se culmina ahora al desintegrar lo que queda de la administración en unas cuantas “agencias” que funcionarán –de aquí a muy poco tiempo- de la misma manera a como lo han venido haciendo hasta ahora las empresas públicas. Total dependencia del PSOE, clientelismo, opacidad en el manejo de los fondos, condiciones laborales precarias, etc. Es decir, el fracaso que ha supuesto la privatización, se intenta curar con más dosis de la misma medicina. No tiene lógica alguna que para frenar el despilfarro que han constituido las empresas públicas se lleve la misma receta al conjunto de la administración.
Con esta reforma, el gobierno está ensayando en Andalucía un paso más de la estrategia que impulsa en todas las administraciones públicas: promoción de la mala imagen del funcionario público presentándolo como un peso muerto que los ciudadanos se ven obligados a “mantener”; adelgazamiento continuo de las plantillas de trabajadores estables y aumento de los trabajadores precarios; constante externalización de los servicios con más peso en los presupuestos; rebaja de salarios –se pagarán en función de la productividad, con el nuevo estatuto de la función pública- y de las pensiones de los funcionarios –como se anuncia en el último acuerdo alcanzado para rebajar las pensiones-.
Pero el fracaso que afronta ahora el PSOE, aunque consiga aprobar su ley de “reordenación”, es más amplio aún que el que representa su política en la administración pública en los últimos años. Los empleados públicos hemos venido manifestándonos y realizando acciones contra los decretos de reordenación desde hace meses. La participación ha sido masiva, a pesar de la represión que el partido en el poder ha intentado por varias vías y que le ha resultado infructuosa. El nivel de organización y participación que han tenido los actos convocados –en los que las siglas han sido lo de menos, al menos a nuestro juicio- son un ejemplo de lucha para toda la sociedad.
Para la CNT el único camino decente que el gobierno andaluz puede tomar es la restitución de las competencias y funciones que desarrollan estas empresas a la administración pública a fin de que sean desempeñadas por trabajadores cuyo acceso al puesto de trabajo no se consiga por medio del carné político de turno y garantizando la universalidad e igualdad del servicio que se presta a los ciudadanos.
Las movilizaciones que se están llevando a cabo no son sólo para defender los derechos de quiénes trabajamos en la función pública andaluza; son también una defensa de un servicio público independiente del partido en el gobierno y esto no afecta sólo a aquellos que trabajan en la administración, sino a todos los ciudadanos, que somos quiénes la mantenemos con nuestros impuestos a pesar del lastre que supone la clase política que padecemos. Por todo esto, desde la CNT animamos a todos y todas a participar en la manifestación que partirá de la Plaza de San Nicolás el próximo día 12 de febrero a las 12.00 horas.
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