Caso Malaya - Ocultaron que Roca era socio y empleado municipal

Un funcionario de la Agencia Tributaria que participó en la investigación del caso Malaya ha afirmado que la sociedad suiza Lispag, con la que se desarrolló la operación inmobiliaria Crucero Banús, se utilizó con “fines de interposición” para ocultar que “uno de los socios que está contratando con el Ayuntamiento es un empleado municipal”, en referencia al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y así eludir “una prohibición legal”.


Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.

En la sesión de este martes del juicio sobre la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga) el perito ha analizado dicha sociedad y ha insistido en que fue “un instrumento” para desarrollar la operación “de manera segura” y para que “quedara apantallado” el nombre de los socios. También ha dicho que “si no llega a ser por la intervención judicial no se conocería nada” de la empresa y que su utilización tiene “una plurifinalidad”.

En este punto, ha explicado que dicha sociedad se utiliza con “fines de interposición”, ya que, ha especificado, la legislación “prohíbe contratar a un empleado que ostente más del 10% y que esté empleado en una sociedad que esté participada en un 50% por una administración pública”, por lo que se utiliza dicha sociedad “con la finalidad de contravenir una prohibición legal”, que, a su juicio, “debería ser conocida por todos los participantes dada la condición que tenían”.

“Es que podían decir que entre los socios estaba Juan Antonio Roca Nicolás con el 15%, se lo podían haber dicho al interventor de Marbella o a algún otro ayuntamiento, podían haberlo hecho transparente”, se ha preguntado, respondiendo que no, porque “entonces, ese contrato, ese convenio, hubiese sido nulo de pleno derecho”.

Por otra parte, ha añadido que lo que buscaba la sociedad era “que no se pudiera identificar al socio real, ni a los fondos utilizados en la compra y tampoco a dónde se destinaban los ingresos obtenidos en la venta”.

Asimismo, el perito ha afirmado que existe “un desfase” entre lo aportado y la distribución de los beneficios entre los socios que participaron en la operación, ya que Roca participó con un 12,6% de la compra del terreno objeto de la operación, mientras que los ingresos que le correspondieron serían del 15%.