"No salí a la carretera por
miedo, me mantuve todo el tiempo en la factoría"
"Yo sólo estuve en la
asamblea dentro de los astilleros. No salí a la carretera por miedo, me mantuve
todo el tiempo en la factoría. No soy partidario de ir a la calle". Con
estas palabras, Juan Villalpando, el operario de Navantia acusado de un delito
de daños y de otro de desorden público a partir de la protesta de los
trabajadores de la fábrica el 19 de marzo de 2012, defendió su inocencia
negando la mayor, esto es, su propia presencia en el puente Carranza el día de
los hechos.
La versión ofrecida por el trabajador, de 62
años de edad, se vio corroborada por las declaraciones de varios testigos,
entre ellos, una limpiadora del centro que aseguró estar toda la mañana con
Juan Villalpando dentro de las dependencia de Navantia. "Lo recuerdo
perfectamente porque días antes mi hermano -compañero de trabajo del acusado-
había sufrido un infarto; y esa misma mañana Juan me preguntó por su estado de
salud. Recuerdo incluso que estuvimos sentados al sol con otros trabajadores,
ya que hacía frío".
De otra parte, el procesado no se reconoció en
ninguna de las fotografías que aportó la Guardia Civil de la protesta de los
trabajadores aquella mañana, día central de los actos del Bicentenario en
Cádiz, con presencia del Rey Juan Carlos I. En esas imágenes aparecía un hombre
encapuchado transportando neumáticos y palés en un elevador, que posteriormente
fueron quemados en la vía pública. El acusado manifestó en Sala que él no sabe
manejar una carretilla elevadora, "ni siquiera estoy autorizado para ello.
Nunca he trabajado en un grupo especial de transporte ni tampoco he realizado
el curso habilitante necesario para conducir carretillas. Es más, si lo hago me
pueden echar".
En última instancia, Villalpando declaró que
en Navantia es obligatorio pertenecer a un sindicato y que él forma parte del
CAT (Colectivo Autónomo de Trabajadores), agrupación que "no promovía las
movilizaciones" ni los cortes de tráfico.
Ayer también prestaron declaración en sede
judicial varios agentes de la Guardia Civil que ese 19-M integraron el
dispositivo de seguridad especial programado con motivo de la visita del
entonces Rey Juan Carlos I. Concretamente, dos funcionarios explicaron que su
función aquel día fue tomar fotografías durante dos horas de los altercados que
se estaban sucediendo. Así, captaron a un trabajador que escondía su rostro
bajo un pasamontañas manejando un
"torito" en el que transportaba ruedas y palés de madera; ese mismo
operario -dijeron- destrozó una valla y un guardarraíl del puente Carranza.
Durante el transcurso de todas estas supuestas acciones delictivas "el
conductor tenía la cara cubierta". Los funcionarios especificaron que
cuando el trabajador aparcó la carretilla se despojó del pasamontañas, "si
bien seguía portando una braga" que tapaba parcialmente su rostro.
Un tercer guardia civil de la Comandancia de
Cádiz declaró ayer en los juzgados del Estadio que el acusado "parecía
ser" la persona que manipulaba el elevador en la secuencia de imágenes
tomadas por sus compañeros. Este agente explicó que identificaron al conductor
de la carretilla cotejando el material gráfico recopilado ese día con la foto
de su DNI con la que cuenta la Benemérita en su fichero. Así, el guardia civil
no identificó al sujeto directamente porque no estuvo allí. La vía de acceso
-insistió la defensa- fue mediante "el cotejo" de las imágenes
tomadas y la foto de carné del acusado.
Ayer quedó visto para sentencia este juicio en
el que llamó la atención la escasa participación de la acusación particular,
recayendo el peso del interrogatorio en la defensa y el fiscal, que aceptó el
atenunate del pago de la multa (8.700 euros recaudados por los compañeros) y rebajó la petición de cárcel
para este operario de cuatro años a tres años y nueve meses.
Mientras tanto, el comité de empresa de Navantia
Puerto Real y algunos trabajadores permanecieron en la puerta del Juzgado
durante toda la mañana en señal de apoyo. Allí, el presidente del comité,
Antonio Noria (CCOO), insistió en que el juicio es un "intento de
amedrentar" la lucha sindical en los astilleros y que, a pesar de que hay
fijadas más vistas similares en los próximos días por similares altercados,
mantendrán las movilizaciones en la calle porque este método de presión
"ha permitido que ahora haya carga de trabajo". Igualmente, la
plantilla del astillero permaneció concentrada en asamblea permanente junto al
edificio de dirección de la factoría.
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