Según pudo saber ABC, no se ha devuelto la mayoría de los teléfonos, de los que el 50 por ciento (446) —en su mayoría Blackberry, iPhone y smartphones— fueron a parar a manos de destinados a cargos de confianza de socialistas y de la coalición de izquierdas. Una conducta que no varió con la misiva que el pasado 8 de julio remitió la diputada de Nuevas Tecnologías al portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Jesús Mora, en el que se pedía la devolución de los terminales o pagar su importe para poder adquirirlos en propiedad. Ni la polémica surgida por un IPad que se llevó el expresidente, Salvador Pendón (PSOE), que acabó devolviendo acompañado de una carta en la que aseguraba desconocer que debía entregarlo, ha empujado a los «beneficiarios» de los móviles a seguir su camino. y también de los portátiles.
Los 800 móviles de última generación que se adquirieron durante el pasado mandato y están valorados en unos 180.000 euros, un importe que se ajusta, según ha criticado el PP, con el «elevadísimo coste» realizado en telefonía por parte del anterior equipo de gobierno de la Diputación malagueña. No obstante, otras fuentes del ente supramunicipal quisieron precisar que, aunque los terminales son propiedad del organismo, un buen número se adquirieron gracias a puntos de promoción.
El gasto en llamadas realizado a lo largo de los últimos cuatro años se ha cifrado en unos 104.000 euros.
En lo que se refiere al material informático, en el área de Presidencia había 12 portátiles y tres iPad que se adquirieron en diciembre de 2010 se adquirieron en metálico en unos grandes almacenes previo pago de 2.379 euros. Pendón entregó el suyo después del revuelo mediático que se creó tras conocerse su apropiación, pero sus dos principales asesores, a los que fueron entregados los otros , no lo han hecho, según confirmaron las fuentes consultadas.
Estos aparatos están dentro del inventario de bienes de la Diputación, institución donde los populares se han encontrado con «un cajón de sorpresas muy desagradables» y una situación económica «preocupante» con un déficit de 3,7 millones.
Los populares están contrariados con el «sentido patrimonialista» de los socialistas y los nuevos gestores del ente supramunicipal estudian acudir a los tribunales por un presunto delito de apropiación indebida por la no devolución de este material.
De las tarjetas a las subvenciones
La gestión de PSOE e IU al frente de la Diputación malagueña ha sido puesta en tela de juicio por el PP desde la oposición y el inicio del actual mandato bajo su batuta. Uno de los primeros escándalos que hicieron público los populares al llegar al poder fue la existencia de un total de 20 tarjetas de crédito que estaban «para libre disposición» de la directora gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Ana Gómez, con las que se realizaban «pagos en peluquería, farmacia y supermercados». Posteriormente se conoció la contratación masiva de afiliados del PSOE en el Consorcio de Bomberos y las millonarias subvenciones otorgadas a ONG vinculadas a IU.
fuente: ABC
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