Mientras, la Generalitat acusaba al Gobierno de «estafa cultural» y la Comisión de la Dignidad amenazaba con llevar el caso a la ONU, en Castilla y León casi todos se alegraban por la suspensión de un nuevo envío y hacían sus propias declaraciones.
Pero ya venían de antes, las acusaciones, quejas y protestas que historiadores autónomos y diversas organizaciones de ámbito nacional habían puesto sobre la mesa contra la Ley de la Restitución, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodrí-guez Zapatero, que exige la devolución de «papeles» del antiguo Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat.
«Esta no es documentación de una organización catalana. Es documentación nacional del PCE», afirma a este diario Fernando Sánchez, desde el Partido Comunista de España. Él mismo explica que remitió cartas al Ministerio de Cultura para mostrar su desacuerdo por enviar «cajas» que pertenecían a este partido. «Si una organización es de carácter nacional, lo normal es que sus archivos estén en un archivo nacional y no que se disgreguen por las diferentes comunidades autónomas, sino que se entreguen a su legítimo propietario», asegura Manuel Vicent, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que reconoce haber remitido una carta sobre este asunto a Cultura en diciembre de 2005. Un historiador, que prefiere mantenerse en el anonimanto, afirma: «El problema es que jamás dicen los documentos que se van a trasladar».
Un error socialista
Policarpo Sánchez, también investigador, no lo duda: «Ha habido una errónea selección de los documentos que se debían remitir a Cataluña». Uno de los problemas deriva del criterio escogido para devolver los llamados «papeles de Salamanca» a Cataluña: el de territorialidad.
La ley establece que se mande a la Generalitat todo lo que las tropas franquistas confiscaron allí, sin tener en cuenta que, en ningún momento, parte de esos documentos procedían de personas sin relación con Cataluña.
O entidades, en muchos casos de ámbito nacional, que no pueden fragmentar sus archivos por territorios. «El responsable es la persona que dirigió la negociación política con la Generalitat –comenta Fernando Sánchez–. Ha sido un error del Partido Socialista más que del Ministerio de Cultura, que, es probable, conoce mejor lo que hay allí y puede determinar con mayor seguridad si un papel puede irse para allá o no».
Por su parte, Manuel Vicent, explica: «Es la aplicación de una ley tendenciosa». Para Policarpo Sánchez, que ha denunciado en varias ocasiones las irregularidades de este proceso, que, incluso, ha percibido: «No se ha sabido definir lo que es o no es catalán. No se ha identificado correctamente lo que pertenece a Cataluña».
No son los únicos afectados. El Partido Socialista de Asturias también quería que sus «papeles» se quedarán en Salamanca, como se puede comprobar en varios artículos de prensa fechados en septiembre de 2011.
El Gobierno de Aragón, también en este último septiembre, como han publicado algunos diarios, han pedido que se devuelva al Centro de la Memoria Histórica todos los archivos relacionados con ellos y que han ido a parar a Cataluña.
El Principado de Asturias también ha comenzado estudiar qué hacer para impedir que los fondos asturianos, antes depositados en el Centro de la Memoria Histórica sigan en Cataluña, como, de nuevo, recogen los titulares de varios diarios el pasado mes de septiembre. «No nos facilitan el listado de los documentos, así que no sabemos exactamente la cantidad que se han llevado. Nos vamos enterando poco a poco.
Es una situación irracional. Da la impresión de que daba igual la documentación. Se ha hecho una ley política para contentar a Cataluña y dejar a los demás indefensos», comenta Manuel Vicent. Para él, la situación puede llegar a ser surrealista: «Cuando se sepa el listado tendremos un año para reclamar. Allí se tratará de determinar si se nos devuelve o no. Se pretende que demostremos con un documento que esa documentación te pertenece, cuando el documento es el que demuestra de quién es propiedad. Es kafkiano».
Daño a las víctimas
Manuel Vicent calcula que al menos hay 50 ó 60 cajas confirmadas con legajos de su organización. «Si cada comunidad autónoma va a pedir lo que le corresponde, el archivo acabará disgregándose. O sea, un desastre».
Después afirma con contudencia y dureza: «Cuando las cosas se hacen por intereses partidista es muy fácil que se hagan cosas injustas y, por tanto, se resarza menos a las víctimas. Precisamente a ellos, a los que se les llena la boca al hablar de esto. Más que resarcir a las víctimas se las está haciendo más daño».
No es el único capítulo polémico. Las copias también están en el cen-tro de las protestas, como ya ha denunciado otras veces Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
«Se suponía que tenían que dejar una copia digitalizada en Salamanca, pero en ocasiones están incompletas. Está la primera copia de un documento y el resto falta», dice Manuel Vicent, quien considera que la Transición no terminará hasta que se resuelva de una vez este asunto y el problema de los bienes inmuebles de la CNT.
Policarpo Sánchez afirma a este respecto: «No se ha depositado una copia de los documentos enviados a Cataluña. Los errores en la digitalización de los fondos van de nimios a graves. Se han llevado decenas de miles de documentos sin digitalizar o de forma incompleta». Y explica: «Uno de los errores más típicos son los carnés.
No se han digitalizado las cubiertas, donde vienen los nombres de las organizaciones. Estos carnés incluyen estatutos de la organización al que pertenecen y que no se ha digitalizado o se ha hecho de forma incompleta, como el carné de María Sales Arnau, de la CNT, con el número de signatura PS-Barcelona, caja 1651, expediente 58. Otro ejemplo: la no digitalización de expedientes completos, como el del Centro Asturiano, con la signatura PS-Barcelona, caja 398, expediente 1.
Por mucho que lo he buscado, no aparece en Salamanca. Al ver que no estaba digitalizado, pensé que estaba el original. Pero, dentro de la caja, no está tampoco el original».
fuente: larazon
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