El mes de noviembre era el señalado en el calendario por la Dirección General de Industria para abrir la ventanilla de la convocatoria y anunciar la puesta en marcha del 'Plan Reindus'. Los empresarios interesados tenían hasta final de año para presentar la solicitud y optar a un pellizco de las ayudas. El Ministerio de Industria era el encargado de resolver entre abril y mayo del año siguiente dicha convocatoria. Así, la última vez que el director general de Industria, Jesús Cándil, visitó la Bahía para repartir 107 millones de euros en apoyo al sector industrial fue el pasado mayo. Candil, acompañado del entonces presidente de la Diputación provincial, el socialista Francisco González Cabaña, desgranó una a una las partidas consignadas y sus beneficiarios. Era la tercera convocatoria del denominado plan de reindustrialización correspondiente a 2010-2011. En esta edición, aún vigente, se aprobaron 128 iniciativas empresariales de entre los 215 proyectos presentados. Candil destacó que el volumen de inversión que iban a generar los proyectos aprobados ascendía a 410 millones de euros con unas expectativas de creación de empleo de 708 puestos de trabajo. La Administración ayudaba en este caso con 107 millones de euros entre subvenciones y préstamos reembolsables a interés cero con cinco años de carencia y diez para su amortización.
El Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización nace con el espíritu de incentivar aquellas zonas que afectadas por procesos de pérdida de tejido industrial, disminución de nivel de renta, pérdida de empleo, baja densidad de población y deslocalización. La Bahía de Cádiz dio el perfil idóneo con la tragedia industrial del cierre de Delfhi. Se trata de un programa de ayudas regional que busca un desarrollo sostenible del territorio a través de la regeneración y creación de tejido industrial y actúa prioritariamente en aquellas zonas desfavorecidas, fomentando la inversión tanto en infraestructuras industriales como en iniciativas empresariales de carácter productivo. Es una inyección pública para la iniciativa privada, aunque también se han beneficiado de estos fondos las empresas públicas.
Tanto en la convocatoria de 2009 como en esta última de 2010, el Ministerio de Industria atendió la demanda empresarial de Cádiz. Los promotores gaditanos se quejaban de las dificultades que suponía el acceso a estas ayudas debido al requerimiento de avales. Es decir, Industria exigió en el primer año del plan la presentación de un aval bancario que garantizara la viabilidad del proyecto por el que se solicitaba la ayuda. Esta medida era, por un lado, costosa para la empresa, y por otro, ralentizaba el proceso. Prueba de ello es que tanto las solicitudes como las ayudas aprobadas en la primera convocatoria fueron mínimas. El Gobierno de la Diputación de Cádiz, a través el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), medió en este asunto y logró que el Ministerio eliminara de la convocatoria de 2009 la exigencia de presentar el aval asumiendo así un alto riesgo, ya que la ayuda podría concederse sin ninguna garantía.
Un fraude a la gallega
Desgraciadamente esto ha ocurrido en la última convocatoria, donde el empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña consiguió engañar a la Administración al lograr casi 15 millones de euros para tres proyectos industriales que ni siquiera existían. Las tres compañías para las que solicitó las ayudas eran Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía.
El ministerio intentó contactar en diversas ocasiones con el empresario para exigirle la devolución el dinero y más tarde delegó la búsqueda en la Agencia Tributaria. Pero todo sin éxito, ya que las empresas tenían su domicilio social en direcciones gaditanas y Dávila Ouviña, en cambio, vivía en su ciudad natal: A Pobra do Caramiñal (A Coruña). De hecho, la Policía Nacional lo detuvo el pasado mes en dicha localidad, donde se desplegó un espectacular dispositivo para el arresto y los registros de su vivienda y uno de los despachos, en la calle Carlos Montenegro. En estos registros, se decomisó diversa documentación y material informático.
Ante este escenario, el Ministerio de Industria ha optado por paralizar temporalmente el plan de ayudas y esperar a que el nuevo gobierno anuncie su cuarta convocatoria en el BOE. Está claro, que de celebrarse una nueva edición, las ayudas no llegarán hasta el verano.
fuente: diariodecadiz
No hay comentarios:
Publicar un comentario