Las tres denuncias se refieren a pacientes que, “de manera injustificada”, sufrieron una demora en ser atendidos, achacable a los recortes llevados a cabo en los últimos seis meses en los hospitales públicos de Cataluña.
La primera hace referencia a una mujer a la que el Hospital de Bellvitge diagnosticó un cáncer de colon y que tardó mes y medio en ser operada en otro hospital. Como ha explicado María Dolores V.C, que ha remitido su denuncia a la Fiscalía, su periplo comenzó en abril con un diagnóstico erróneo realizado en el Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), que confundió un cáncer de colon con unas hemorroides.El deterioro de su salud la llevó a acudir al Hospital de Bellvitge en mayo, donde fue derivada a su centro de referencia y de allí al Hospital Parc Taulí de Sabadell, lugar en el que se practicó una limpieza de las heces acumuladas y se le colocó un 'stent'. Hasta el 13 de junio, y en el hospital de Viladecans, no se le extirpó el tumor: había perdido 20 kilos y tuvo que empadronarse en Gavá para poder ser operada.
El segundo caso es el de Cristina R., quien acudió al Hospital de Sant Pau de Barcelona el 1 de julio embarazada de ocho meses con un fuerte dolor abdominal, y a la que no se operó porque no existía buen suministro eléctrico. La falta de personal el fin de semana obligó a posponer la intervención de peritonitis a la madrugada del lunes: perdió a su bebé de ocho meses y se le extirpó más de 70 centímetros del colon.
El tercer caso es el de Ginés M.A, que ingresó en el servicio de urgencias del Vall d'Hebron y, tras practicarle un TAC craneal el día siguiente, quedó ingresado a la espera de realizarle una resonancia magnética para determinar qué tipo de lesión cerebral tenía. A pesar de la necesidad de practicarle dicha prueba, el paciente siguió un proceso de empeoramiento hasta que murió seis días después, sin que se le llegara a realizar la citada resonancia y sin que se le llegara a intervenir. Estas denuncias se suman a las dos que ya habían sido interpuestas hace unos días.
Y mientras la Generalitat sufre estas nuevas denuncias, presenta un nuevo plan de recortes a los funcionarios públicos. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, convocó ayer a los sindicatos para hablar de los recortes y de los sacrificios salariales que han de hacer. “Llegó, justificó los objetivos de los recortes y se marchó rápidamente porque tenía que asistir a la sesión del plenario del Parlamento”, dice a El Confidencial una de las personas presentes en la reunión. Pero allí quedó la secretaria y la directora general de Función Pública, Pilar Pifarré y Susanna Bouis respectivamente, que entregaron a los tres sindicatos de la Mesa un listado de 19 puntos que detallaban los recortes que se quieren aplicar para el año que viene.
Las medidas más importantes -y que pueden provocar más fricciones entre los negociadores- son la revisión de las plantillas; la reducción del complemento específico o el equivalente en las dos pagas extra del 2012 (que representa en algunos casos más del 50% del sueldo); la suspensión del Fondo de Acción Social; la eliminación del complemento de productividad; la eliminación de la aportación al plan de pensiones; la renuncia a convocar más plazas en la Administración el año que viene (es decir, congelar las oposiciones); y la reducción a la mitad de los complementos de Dirección por Objetivos que tiene el personal del Instituto Catalán de la Salud.
Las medidas calificadas de estructurales prevén la revisión de las ayudas para comida; la modificación de los días de asuntos propios; la supresión del fondo de tecnificación; la supresión de las mejoras por enfermedad; la supresión de las subvenciones sindicales en lo referente al incremento de horas de crédito sindical o a los liberados; y la supresión de los días adicionales de vacaciones, también llamado premio por antigüedad.
Para la Administración, la reunión fue un éxito, porque los sindicatos no se levantaron de la mesa al ver las medidas propuestas. Y para los sindicatos, fue una tomadura de pelo. “Como sindicalista, me han enseñado a no levantarme de una mesa. Insistiré hasta el final en no firmar un acuerdo, pero no me levantaré”, dice a El Confidencial Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT. Para esta sindicalista, la convocatoria de ayer fue “una provocación. Nos presentaron unas medidas indignantes. Es poco serio, porque no se empieza una negociación planteando recortes porque sí, sino aportando números para situar el tema”.
“Nos faltan datos para valorar la dimensión de la tragedia”, señala también a este diario Josefina Pujol, responsable del área pública de CCOO. Se queja de que “no sabemos ni a cuánto personal pueden afectar los recortes de plantilla ni cómo afectarán estos recortes a los presupuestos del año que viene”. De momento, los sindicatos aseguran que “la palabra acuerdo no entra en nuestra agenda”.
3.500 empleos perdidos en Sanidad
Los números cantan: en el último año, se han perdido en el sector sanitario catalán más de 3.500 puestos de trabajo, ya que se dejó de contratar a interinos. Además, los hospitales cuentan con unas 3.000 camas menos. Y es más: cada día se pierden de 100 a 150 puestos de empleados públicos. “O sea, con la propia dinámica de no sustituir bajas y jubilaciones, o cubrir sólo las estrictamente necesarias, ya tendrían cubierto el cupo de recorte de personal. Lo que tendríamos que hacer, a la vista de esto, es un Pacto Nacional por el Trabajo”, argumenta Encarna Fernández.
Pero el tema no se quedará aquí. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, criticaron ayer enla sesión parlamentaria de control al Gobierno, las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Artur Mas. Los socialistas, el principal grupo de la oposición, han pedido ya la comparecencia de la vicepresidenta Ortega para explicar las 19 medidas puestas ayer sobre la mesa. Fuentes de la oposición, sin embargo, señalaron a El Confidencial que “el Gobierno de Mas está lanzando globos sonda para calibrar las reacciones de los agentes sociales y de los ciudadanos. Primero fue el propio Mas, que salió a 48 horas de las elecciones anunciando recortes drásticos pero sin concretar absolutamente nada. Luego, el consejero de Salud, Boi Ruiz, teorizando sobre un seguro privado obligatorio para las rentas más altas. Ahora, han planteado una serie de cuestiones vagas y esperan a ver la reacción”, criticas las fuentes consultadas. Otro diputado de la oposición subraya que “el gobierno se siente fuerte y puede tomar la iniciativa en los temas que le interesen, aunque corre el riesgo de pasarse de frenada. Tanta prepotencia puede pasarle factura más pronto que tarde, porque la gente ya está muy harta de los recortes y, especialmente, los empleados públicos”.
Pero lo cierto es que el presidente catalán se siente legitimado por las urnas para llevar adelante los recortes que hagan falta y ayer lo volvió a repetir en la sede parlamentaria. Y el consejero Boi Ruiz afirmó que “hablaremos con cada uno de los portavoces parlamentarios para que las líneas políticas del plan de salud 2011-2015 puedan configurar un amplio acuerdo del Parlamento” O sea, que abrió la posibilidad de pactarlo con la oposición. Pero los grupos rivales le pidieron que defina sus prioridades y que escoja pareja de baile. O sea, que elija si quiere ir de la mano con el PP, con ERC o con el PSC, ya que estos tres partidos están dispuestos a hablar de los presupuestos del año que viene, que es donde se reflejarán los recortes con mayor claridad. De todos modos, tanto PSC como ICV y ERC fueron ayer especialmente críticos con la actitud del Gobierno de escudarse en la crisis para recortar derechos laborales.
fuente: elconfidencial
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