Cuando las principales empresas del grupo presentaron suspensión de pagos, en febrero de este año, los “banquitos”, como se denominaba a estos chiringuitos financieros, tenían en su poder más de 200 millones de euros captados en las oficinas de Jerez de la Frontera, Madrid y Barcelona, principalmente. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso El Confidencial, la contabilidad B de la sede gaditana manejaba unos 130 millones de euros; más otros 70 en la de Madrid y una cantidad muy inferior en la capital catalana.
En el momento del estallido del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción ya sospechó que los damnificados por esta presunta estafa no eran sólo los incautos que acudieron a las emisiones de pagarés publicitadas en todos los medios de comunicación, sino que también existía una línea de financiación paralela con dinero negro que no tributaba las plusvalías. La contabilidad B del grupo de empresas, a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirmaría su hipótesis.
Los dueños de ese dinero se encuentran en una situación aún peor que quienes invirtieron con todas las de la Ley, ya que al denunciar reconocerán que pudieron haber cometido fraudes millonarios a Hacienda. Pese a ello, cientos de inversores se están movilizando para intentar recuperar su dinero en los tribunales. Cuentan con una baza: los delitos fiscales prescriben a los cinco años. De momento, según las fuentes jurídicas consultadas, algunos de los nombres de estos inversores ya están en manos de los investigadores.
La operativa era siempre la misma: el inversor llevaba el dinero en metálico a la oficina correspondiente, donde le firmaban un pagaré a nombre de alguna de las sociedades del grupo. La mayor parte de ellos iban al portador, precisamente para ocultar el nombre de quien estaba colocando dinero negro. La rentabilidad oscilaba entre el nueve y el doce por ciento. Accedían a la tasa más alta las personas de la máxima confianza de la familia Ruiz-Mateos. De hecho, alguno de los hijos del patriarca y altos directivos de Rumasa figuran entre las listas de inversores. Invertían gratificaciones cobradas en negro. La Audiencia Nacional está siguiendo la pista de esta trama de inversiones en B.
Un modelo de financiación particular
En el caso de Madrid, según fuentes conocedoras de esta red de captación de fondos, las operaciones se cerraban en la oficina de Diego de León 55, en el despacho de Manuel Sánchez Marín, director general de administración de Rumasa, con un reducido equipo de gente. Durante los últimos años, sólo el “banquito” de la capital llegó a recoger una media de tres millones de euros mensuales y estuvo operativa hasta finales de enero de 2011, según las fuentes consultadas. Esta versión, sin embargo, no ha podido ser contrastada con los Ruiz-Mateos, a pesar de haber intentado hablar hasta con dos portavoces distintos de la familia.
Inmediatamente, el dinero metálico se trasladaba al domicilio familiar del clan, la ya famosa mansión de Somosaguas, en el número 2 de la Calle Alondra, en la zona más elitista de Pozuelo de Alarcón. Desde ahí se distribuía, tanto para realizar pagos en B como para invertirlo fuera de España. Los Ruiz-Mateos separaban físicamente la captación de los pagarés en B de los legales, que se centralizaban en las oficinas de Pablo Iglesias (Madrid). Después, el dinero de ambas fuentes podía cruzarse a miles de kilómetros, en la compleja trama internacional.
Los inversores que recurrieron a este método, atraídos por las enormes plusvalías que le sacaban a un dinero opaco, tenían fe ciega en José María Ruiz-Mateos, que siempre cumplió con sus clientes. Los más numerosos, sus paisanos de Jerez. Casi todos renovaban los depósitos año tras año, hasta que la abeja dejó de volar. Además de los inversores de toda la vida, Nueva Rumasa contaba con cuatro colaboradores que captaban fondos a cambio de una comisión. Se trata de ex empleados de la primera Rumasa, alguno de ellos de la rama bancaria. Ahora, todos esperan a que la Fiscalía determine sus responsabilidades.
fuente: elconfidencial
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