Según confirmaron ayer fuentes policiales, el pasado jueves Ofelia Perales Muñoz fue llamada a declarar por estos hechos ante la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía Nacional en Sevilla, en relación a la investigación abierta en torno a Ouviña y sus empresas.
Secreto de sumario
Aunque el asunto sigue bajo secreto de sumario, cabe pensar que el interrogatorio a Ofelia Pérez, de 29 años, habrá servido para aclarar qué tipo de actividades llevaba a cabo Soluciones Tecnológicas, dedicada en teoría al análisis de contaminación de aguas marinas, pero que durante meses tuvo un mínimo nivel de trabajo, así como del proceso de selección al que tanto ella como sus compañeros en la empresa se sometieron para ser contratados.
De los siete trabajadores en plantilla en Soluciones Tecnológicas, solo Ofelia y otro empleado eran vecinos de la provincia de Cádiz. El resto procedía de la comarca natal de Dávila Ouviña, natural de A Pobra (A Coruña), a pesar de que el Plan Bahía Competitiva fue impulsado por la Junta de Andalucía tras el polémico cierre de la factoría Delphi en Puerto Real, para paliar el desempleo de la provincia de Cádiz con proyectos empresariales de desarrollo sostenible.
Como informó ayer LA VOZ, el miércoles, un día antes de la comparecencia de Ofelia, su tío Antonio Perales prestó también manifestación ante la Udyco de Sevilla en relación a esta presunta estafa. Y al igual que su sobrina, quedó en libertad a la espera de que ambos pasen a disposición judicial ante la jueza número 4 de Instrucción de Cádiz, que entiende la causa.
Antonio Perales niega
El exalto cargo de la Junta envió ayer un comunicado de prensa en el que negaba que hubiera sido imputado en el procedimiento judicial. El hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales afirmaba en este comunicado que no tiene «la condición de imputado en ninguna causa, ni se me ha atribuido la comisión de ninguna actuación ilícita o irregular» y explica que compareció ante la Udyco «a fin de aportar información» sobre su «labor profesional como gerente de Bahía Competitiva», en una diligencia que duró poco más de dos horas y en las que en «ningún momento» estuvo privado de libertad. Antonio Perales añade que respondió a todas las preguntas que le plantearon los investigadores y se ofreció a aportar «cuanta documentación» estuviera a su alcance «para esclarecer el asunto que se está investigando» y afirma que ha trabajado los últimos 27 años en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, «guiado siempre por el cumplimiento estricto» de sus «obligaciones y el servicio al bien común».
Antonio Perales no aclaraba ayer en su comunicado si acudió ante la Policía en calidad de testigo o si estuvo acompañado de un abogado, como imputado. Fuentes cercanas al caso, en cambio, explican que la declaración se debió a que la investigación también se dirige contra él ante posibles implicaciones e irregularidades en la concesión de la causa. Como insistió ayer LA VOZ, será finalemente la jueza de instrucción la que determine si archiva la causa en torno a Perales o lo procesa como imputado.
La declaración de Perales en sede policial despertó diversas reacciones entre dirigentes políticos de distinto signo. Desde el PSOE-A, el partido de Perales, se limitaron a recordar que fue la Junta la que detectó el posible fraude y la que lo denunció ante la Fiscalía en abril.
Por su parte, el coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó ayer que el «peso de la Justicia debe caer con total fortaleza» sobre Perales en caso de que haya cometido algún tipo de «tráfico de influencias».
Por su parte, el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, demandó ayer al PSOE que convoque en el Parlamaneto andaluz un pleno extraordinario para «esclarecer hasta el final» hasta qué punto la trama de las ayudas «afecta a nuevos dirigentes socialista y al corazón del clan de Alcalá».
fuente: lavozdigital
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