Perales, que fue destituido de su cargo al frente del Plan a finales de julio, días después de que se hiciera público la reclamación de las ayudas por parte del Ministerio de Industria, no solo apoyó la concesión de las subvenciones al Ouviña, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el pasado 5 de noviembre. Además, llevó al empresario de la mano en la compra del Polígono de La Palmosa en Alcalá de los Gazules, su ciudad natal, cuando el Ayuntamiento estaba aún gobernado por el PSOE.
Era de esperar, por tanto, que tarde o temprano Perales tuviera que aclarar, dentro del procedimiento judicial, en qué consistieron los contactos mantenidos con Ouviña y las razones que llevaron a facilitarle cantidades tan importantes de dinero para la creación de tres empresas de las cuales, solo una llegó a constituirse. Ese momento ha llegado ahora, aunque Perales ha sido finalmente llamado a declarar como imputado y no solo como un mero testigo, a petición de la propia jueza de instrucción Número 4 de Cádiz y de la Fiscalía de Cádiz.
El exgerente del Plan Bahía, que ahora forma parte de la Agencia IDEA de la Junta, compareció el pasado miércoles ante la Unidad de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Sevilla -responsable de las diligencias-, que le tomó una primera manifestación con el objetivo de incluirla en el atestado del caso. Sin embargo, Antonio Perales aún no ha pasado a disposición judicial y no ha quedado detenido.
Según explicaron fuentes judiciales, la ampliación del atestado con sus declaraciones se enviará ahora a la jueza de instrucción, que le llamará a declarar probablemente en las próximas semanas en los juzgados gaditanos. Será entonces cuando la magistrada decida si archiva la causa con respecto a Perales o le mantiene los cargos.
Hasta ahora, Antonio Perales ha mantenido públicamente que fue embaucado por Alejandro Dávila Ouviña: «Tuve varios encuentros con él y en todos pareció que sus proyectos eran solventes. Ese fue mi único error, creer en una persona que venía con grandes proyectos para El Puerto de Santa María y Alcalá de los Gazules». Con estas palabras, concedidas a este periódico el pasado mes de agosto, se disculpaba poco después de su cese al frente del plan de reindustrialización. La Junta argumentó entonces que su salida era fruto de una reestructuración interna, por la que la entidad que gestionaba y su puesto eran integrados en la Agencia de desarrollo IDEA.
Vínculos familiares
Sin embargo, no solo cabe esperar que Perales aclare ante la jueza los pasos que se siguieron a la hora de conceder a Ouviña las citadas subvenciones, integradas dentro del plan Reindus del Ministerio de Interior, pero gestionadas por la Junta. Dada su imputación, también cabe esperar que se le interrogue por la vinculación empresarial que existía entre su sobrina, Ofelia Perales, con las empresas del gallego en prisión. Como publicó en exclusiva LA VOZ, Ofelia Perales Moreno, hija del malogrado Alfonso Perales, formó parte de la plantilla de una de las tres sociedades de Ouviña que recibió las subvenciones que le reclama ahora el Ministerio de Industria y por las que está siendo investigado.
La empresa, Soluciones Tecnológicas Ambientales, es la única de las tres subvencionadas que llegó a constituirse, con sede en el parque Tecnobahía de El Puerto. Por ella el empresario recibió 2,4 millones de euros en la convocatoria de 2010 del Plan Reindus.
Curiosamente, de los siete empleados de Soluciones Tecnológicas, solo Ofelia y otro compañero eran vecinos de la provincia, a pesar de que las ayudas tenían como objetivo crear empleo en la Bahía para aliviar las terribles cifras de desempleo, sobre todo, tras el cierre de la factoría Delphi que dejó a miles de personas en la calle. El resto de trabajadores, en cambio, procedían de la misma comarca gallega que Ouviña, natural de A Pobra (A Coruña). En julio, tras meses con una actividad mínima en la compañía, estos empleados dejaron de cobrar sus nóminas y fueron liquidados.
Ese mismo mes de julio, el Ministerio de Industria publicaba en el BOE el requerimiento a las tres empresas de Ouviña para que devolvieran los 14,5 millones de euros en ayudas que recibieron entre 2009 y 2010, ya que al parecer no se habían destinado a los fines definidos en la convocatoria. La Policía Nacional ha elevado ahora la cantidad supuestamente desviada a 21,5 millones de euros.
El Ministerio de Industria había sido incapaz de localizar al empresario para reclamarle el dinero, pues las tres sedes investigadas tenían sus direcciones fiscales en un restaurante de la pedanía barbateña de Zahara de los Atunes -el número 65 del Paseo Pradillo-. Mientras tanto, Dávila Ouviña llevaba su rutina habitual en su pueblo natal, donde era de sobra conocido. No se ocultaba. De hecho, fue en su domicilio de A Pobra donde fue detenido a comienzos de noviembre, en un dispositivo policial espectacular. Además de él, acabaron arrestadas seis personas más en A Coruña, que quedaron en libertad con cargos, y un empleado del empresario -Pablo I. R. M.- que fue enviado a prisión provisional junto a Alejandro Dávila Ouviña. Sin embargo, este trabajador ha sido puesto en libertad recientemente, aunque permanece imputado, según fuentes judiciales.
Aunque el supuesto pufo se hizo público en julio, tras la reclamación del ministerio en el BOE, las presuntas irregularidades fueron detectadas por la Junta de Andalucía, meses antes. Concretamente, en febrero de 2011, cuando se sospechó de la legitimidad de un aval bancario a nombre de Ouviña y de una de estas empresas. En marzo, al confirmarse la falsedad de esta operación bancaria, el Gobierno autonómico decidió denunciar al empresario ante la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales dependiente del Banco de España, y posteriormente -en abril- ante la Fiscalía de Sevilla.
Investigados desde Cádiz
Esta es la razón por la que las labores de investigación y las detenciones, entre ellas la de Ouviña en A Pobra -de donde nunca se movió-, han sido llevadas a cabo desde un principio por la Udyco de Sevilla, que ahora ha interrogado a Antonio Perales. La instrucción, en cambio, debía ser llevada desde Cádiz, al ser el lugar donde supuestamente se habría cometido el delito de estafa. En el reparto, el caso recayó en el juzgado de Instrucción Número 4 de la capital, en el que es titular la magistrada Laura del Río, hermana del presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Será ella la que deberá tomar declaración a Antonio Perales en las próximas semanas en relación al caso.
fuente: lavozdigital
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