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domingo, 18 de diciembre de 2011

Archivos pedófilos en la sacristía

Meses antes de que el cura fuese arrestado, un joven exmonaguillo acusó a un fraile carmelita de Burriana de supuestos abusos .La detención del párraco de Vilafamés en noviembre de 2010 impactó a la
ciudadanía. Dos de los sucesos que más impacto han causado en los últimos años en la provincia son los que atañen a los curas de Vilafamés y Burriana, acusados de sendos delitos de distribución de pornografía infantil y abusos, respectivamente. Ambos casos están todavía en manos de la Fiscalía, que deberá decidir acerca del futuro de estos dos destacados miembros de la iglesia. De momento, tanto el uno como el otro han sido apartados de sus funciones.


En concreto, el primer caso en salir a la luz fue el del fraile carmelita de Burriana, a quien un joven exmonaguillo acusó de abusar sexualmente de él cuando tenía 17 años. Los hechos ocurrieron en 2007 y, tras relatar a sus padres lo ocurrido, se trasladó a un seminario de la capital peruana, del cual volvió a principios de año para ratificar su denuncia ante el juez.

De hecho, fueron los padres del joven quienes a mediados de 2010 pusieron los hechos en conocimiento de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Tras entrevistarse con el sacerdote y realizar las gestiones oportunas en el marco eclesial, la congregación religiosa notificó lo ocurrido a la Fiscalía de Valencia para que actuara la justicia ordinaria en el caso.

Según el relato de la víctima, el miembro de los Carmelitas tuvo varios acercamientos hacia él aprovechando la amistad que les unía. Uno de estos gestos fue cogerle de la mano, algo que le molestaba pero que llegó a situar en el contexto del apoyo moral.

Sin embargo, un día -declaró a principios de este año el exmonaguillo- el cura le condujo a una habitación que supuestamente cerró con candado. «Allí, comenzó a pegarse más a mí y me hizo tocamientos», explicó en su día el muchacho, que aseguró haber vivido aquel episodio como «una auténtica pesadilla».

El imputado, por su parte, lo negó todo. «Soy inocente y con el tiempo se sabrá la verdad», advirtió el religioso, quien cuenta con el apoyo incondicional de sus más allegados y de un gran número de fieles que se resisten a creer las acusaciones vertidas contra él.

La última palabra en el caso la tendrá ahora el juzgado de Castellón, encargado de asumir la investigación de los hechos y de decidir si la causa sigue su curso o se archiva.

Con todo, lo cierto es que si el asunto del fraile carmelita de Burriana causó un gran revuelo en la sociedad castellonense, el del cura de Vilafamés fue mucho más allá. Y es que en este pequeño municipio nadie daba crédito al enterarse de la detención, llevada a cabo por la Guardia Civil, del que durante los últimos 15 años había sido el párroco de la localidad. El motivo: la posesión de más de 21.000 archivos digitales de pornografía infantil. «Ningún vecino del pueblo podría haber imaginado nunca algo así», reconocía entonces la alcaldesa del municipio, la popular Luisa Oliver, quien manifestó su «indignación» ante lo sucedido.

En concreto, la detención de Rafael S. R., responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción desde 1995, estuvo precedida de un exhaustivo registro que se saldó con el hallazgo, por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de más de 21.000 archivos de niños y bebés en actitud sexual explícita. Éstos permanecían ocultos en el ordenador personal del sacerdote y ocupaban alrededor de 600 gigabytes. Un escándalo sin precedentes en la provincia.

Con todo, el párroco fue puesto a disposición de la juez, quien tras escuchar la versión de éste y de su abogado, así como de valorar las pruebas presentadas por los efectivos de la Benemérita encargados de dicha investigación, concluyó su imputación por un presunto delito de distribución de pornografía infantil a través de internet.

No obstante, la magistrada acordó la libertad provisional de Rafael Sansó, ya que consideró que no existía «riesgo alguno de fuga». Éste, por su parte, está obligado a comparecer ante el juzgado cada 15 días.

El Obispado de la diócesis de Segorbe-Castellón tampoco tardó en reaccionar, y tras estallar el caso decidió cesar al párroco de sus labores en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aunque en principio anunció que iba a hacerse cargo de la defensa del padre.

Tanto el primer asunto como el segundo continúan a día de hoy en manos de la justicia, pero independiemente de cual sea el veredicto final de los magistrados, lo cierto es que ya hay quien se ha posicionado tanto a favor como en contra de los religiosos.
 
fuente: lasprovinciascastellon

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