A la luz de este informe, los nuevos gestores municipales de Puerto Real del Partido Andalucista, encabezados por Maribel Peinado, siguen dando pasos para completar la auditoría económica del Ayuntamiento de la Villa. Así, anuncian que en los próximos días se nombrará al responsable técnico de la auditoría interna que servirá para que el ejecutivo local examine el estado de las cuentas públicas. El responsable político será el propio Jesús Plaza.
Plaza ha manifestado que "tal y como nos hemos comprometido con los ciudadanos de Puerto Real realizaremos la auditoría de cuentas, pero no podemos desatender el trabajo diario, que es mucho, con tal de agilizarla, por lo que seremos cautos y fiscalizaremos la gestión en varias fases". La primera de ellas será requerir informes con carácter de urgencia de todas las áreas municipales para planificar las medidas que deben adoptarse con carácter más inmediato.
Los primeros análisis realizados por el teniente de alcaldesa responsable de Hacienda ya han constatado la necesidad de aclarar la delicada situación económica que sufre el Ayuntamiento.
Por citar algunos datos concretos, la cantidad exacta que había en Tesorería el 11 de junio era de 79.099,05 euros, pues desde que los ciudadanos retiraron la confianza al anterior alcalde hasta que tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, Barroso ordenó de forma masiva pagos que no eran ni prioritarios ni urgentes por valor de 343.333,26 euros, más algunos otros que fueron ordenados pero no llegaron a efectuarse. Según Jesús Plaza, "la intención del anterior alcalde era boicotear y entorpecer la labor del nuevo equipo de gobierno, aunque fuera a costa de perjudicar al pueblo".
No obstante, los últimos días antes de las elecciones ya no se pagaron ayudas sociales por importe 42.793,03 euros, y ni siquiera ayudas de primera necesidad para familias puertorrealeñas por importe de 3.068,27 euros.
Según el teniente de alcaldesa de Economía, las irregularidades no se limitan, ni mucho menos, a esas decisiones tomadas en los últimos días. Entre otras anomalías, de consecuencias muy graves, se encuentra el impago durante años de los servicios de recogida de basura por parte del Ayuntamiento a las empresas que tenían la concesión antes de la creación de Apresa 21, lo que ha creado una deuda de nada menos que 23 millones de euros; o la existencia de facturas de una empresa de la provincia que ha cobrado 18.000 euros para asesoramiento económico personal del anterior alcalde durante seis meses.
fuente: diariodecadiz
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