El desahucio de esta vecina que lleva 22 años viviendo en el número 7 la calle Zenete estaba previsto ejecutarse por orden judicial a las 12.30 horas de hoy, pero en el lugar no se han personado agentes policiales para llevarlo a cabo, por lo que una hora después, los concentrados han dado por concluida su acción que, entienden, es lo que ha evitado que el desalojo se haya realizado.
Al término de la concentración, los "indignados" han leído un comunicado en el que han denunciado los "fines especulativos" de la inmobiliaria propietaria de este edificio en el que ya solo quedan dos vecinos -entre ellos la desahuciada-, después de que el 19 de enero de 2010 fueran desalojados la mayoría de sus inquilinos.
Según han informado fuentes policiales, aunque la Policía Nacional había recibido un auto de desahucio del Juzgado de Primera Instancia 18 para llevar a cabo hoy el desalojo, finalmente han recibido la orden de suspender el dispositivo, sin que fuentes judiciales consultadas hayan podido precisar los motivos.
Previsiblemente, el Juzgado volverá ahora a notificar a la mujer una nueva fecha para el desalojo.
Clara Martínez, la vecina desahuciada, lleva 22 años residiendo en la vivienda, por la que paga 166 euros mensuales.
Según ha explicado a los periodistas, desde que hace un año y medio le venció el contrato de alquiler, lleva recurriendo judicialmente la pretensión de la inmobiliaria propietaria del edificio de desalojarla de la vivienda en lo que ella entiende obedece a motivos "especulativos" para derribar el bloque y construir "apartamentos turísticos de lujo".
El Ayuntamiento, ha dicho, obligó en su momento a la inmobiliaria que en aquella fecha tenía la titularidad del inmueble -hoy día es otra la propietaria- a acometer reformas urgentes para el mantenimiento del edificio, reformas que finalmente llevó a cabo el consistorio por ejecución subsidiaria, según la vecina.
Tanto Clara Martínez como Manuel Prieto, el otro inquilino del bloque, aseguran que la inmobiliaria no se ha hecho cargo de los desperfectos del inmueble, en el que se acumulan escombros, y que han sido los vecinos los que han tenido que hacer frente al mantenimiento del edificio y a los cortes de luz y de agua.
Si el desalojo de esta vecina se lleva a cabo, Manuel Prieto, que lleva 31 años residiendo en su vivienda con un contrato indefinido por el que paga 88 euros mensuales, será el único inquilino de este bloque que llegó a estar habitado por doce familias.
fuente: canalsur
Al término de la concentración, los "indignados" han leído un comunicado en el que han denunciado los "fines especulativos" de la inmobiliaria propietaria de este edificio en el que ya solo quedan dos vecinos -entre ellos la desahuciada-, después de que el 19 de enero de 2010 fueran desalojados la mayoría de sus inquilinos.
Según han informado fuentes policiales, aunque la Policía Nacional había recibido un auto de desahucio del Juzgado de Primera Instancia 18 para llevar a cabo hoy el desalojo, finalmente han recibido la orden de suspender el dispositivo, sin que fuentes judiciales consultadas hayan podido precisar los motivos.
Previsiblemente, el Juzgado volverá ahora a notificar a la mujer una nueva fecha para el desalojo.
Clara Martínez, la vecina desahuciada, lleva 22 años residiendo en la vivienda, por la que paga 166 euros mensuales.
Según ha explicado a los periodistas, desde que hace un año y medio le venció el contrato de alquiler, lleva recurriendo judicialmente la pretensión de la inmobiliaria propietaria del edificio de desalojarla de la vivienda en lo que ella entiende obedece a motivos "especulativos" para derribar el bloque y construir "apartamentos turísticos de lujo".
El Ayuntamiento, ha dicho, obligó en su momento a la inmobiliaria que en aquella fecha tenía la titularidad del inmueble -hoy día es otra la propietaria- a acometer reformas urgentes para el mantenimiento del edificio, reformas que finalmente llevó a cabo el consistorio por ejecución subsidiaria, según la vecina.
Tanto Clara Martínez como Manuel Prieto, el otro inquilino del bloque, aseguran que la inmobiliaria no se ha hecho cargo de los desperfectos del inmueble, en el que se acumulan escombros, y que han sido los vecinos los que han tenido que hacer frente al mantenimiento del edificio y a los cortes de luz y de agua.
Si el desalojo de esta vecina se lleva a cabo, Manuel Prieto, que lleva 31 años residiendo en su vivienda con un contrato indefinido por el que paga 88 euros mensuales, será el único inquilino de este bloque que llegó a estar habitado por doce familias.
fuente: canalsur
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