La reunión con Zapatero en la Moncloa dio un giro al diálogo social
La estrategia sindical puede haber dado un giro de ciento ochenta grados. Comisiones Obreras y UGT negocian contra reloj con el Gobierno cómo gradualizar la reforma de las pensiones, reconducir la negociación colectiva y suavizar la reforma del mercado laboral a través de la aprobación de los reglamentos que la desarrollan para evitar una nueva huelga general, prevista para finales de enero, principios en febrero.
Los secretarios generales de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, son conscientes del fuerte desgaste que tiene para sus organizaciones una nueva convocatoria de estas características. El fracaso de la huelga general que se convocó en el sector público contra la bajada de un 5% de los salarios, unido al limitado seguimiento de la huelga general del 29-S, les ha situado en una situación muy complicada. Una nueva huelga general les dejaría desfondados y sin recursos ante un hipotético cambio político, que previsiblemente se producirá a medio plazo. Como afirma un destacado sindicalista, “el aparato mediático de la derecha nos ha dejado en paz. Primero nos empujaron a la huelga, luego nos crucificaron con los liberados y tras el 29-S... ¿Hemos perdido su interés?”.
Los sindicatos son conscientes de que en tres años de crisis no han sido capaces de proponer un solo acuerdo –con la excepción del AINC, que como afirma José María Lacasa, secretario general de CEOE, “se firmó porque no se movió ni una coma”–. Necesitan algún tipo de resultado para demostrar a sus afiliados que el esfuerzo que les pidieron en septiembre sirvió para algo. El problema de hacer una nueva huelga es que pedirían un nuevo sacrificio salarial sin expectativas de obtener nada a cambio.
Los dos secretarios generales comprobaron en la última reunión celebrada con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que una segunda huelga general está llamada al fracaso, aunque resultara un éxito de seguimiento, porque el Gobierno no puede dar marcha atrás en el retraso de la jubilación a los 67 años. “No podemos ser ingenuos. El peligro de un nuevo ataque de los mercados no ha desaparecido... la reforma de las pensiones es clave para la sostenibilidad de nuestras finanzas... pido un esfuerzo de responsabilidad a los sindicatos”.
La situación se ha complicado aún más teniendo en cuenta que el Parlamento casi por unanimidad– excepto IU, BNG y ERC– ha respaldado la reforma de las pensiones del Gobierno.
Ahora el problema es saber si los sindicatos son capaces de vender esta suavización de la norma como un éxito ante sus bases o si tienen que admitir el fracaso. Los sindicatos ya han comenzado a explicarlo a sus cuadros.
De acuerdo con las actas que resumen estas reuniones, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, se sigue rechazando la política de ajuste impuesta por el Gobierno desde mayo, pero se admite también la negociación. “Ha sido unánime la disposición a explorar todas las posibilidades de negociación, pese a lo compleja que esta pueda ser, pero dando un plazo tasado para finalizar las mismas, que no puede pasar del 10 de enero”.
El debate sobre los riesgos de un nuevo fracaso, entendido este como una movilización que no logra cambiar la política del Gobierno, ha surtido efecto entre los cuadros sindicales. Aunque no por ello han renunciado formalmente a la convocatoria. Tal como se recoge en el resumen de las reuniones, si la negociación no sale como esperan, “habrá manifestación en Madrid el 22 de enero y huelga general en febrero”.
ubilación flexible y otra redacción del despido
A pesar de las contradicciones que puedan existir contra la huelga, los sindicatos no tendrían más remedio que hacerla si el Gobierno no les deja margen suficiente para algún tipo de triunfo visible. De momento, lo que el Ejecutivo les ha ofrecido en las reuniones confidenciales que mantienen a nivel técnico es gradualizar la reforma de la Seguridad Social.
De esta manera, ningún trabajador se jubilaría a los 67 años hasta el 2027. La medida entraría en vigor en el 2013 y afectaría a los que ahora son menores de 40 años. Quedarían fuera quienes han cotizado 36 años (el 40% de los trabajadores que se jubilarán en 15 años), quienes realicen trabajos penosos y quienes renuncien a parte de la pensión que les quede (tras la aplicación del consabido coeficiente reductor). Lo mismo sucede con la prolongación del periodo de cómputo de 15 a 25 años a razón de un año. Es decir, que la reforma no se pararía, pero se haría digerible.
El jueves el presidente dio una opción más: una nueva formulación del despido objetivo en los expedientes de regulación de empleo (ERE). La redacción del despido objetivo fue el punto más duro de la reforma laboral porque permite despedir prácticamente sin trabas. El hecho de cambiar la redacción del despido sería un cambio radical en la reforma y sin duda un éxito sindical.
Tampoco se eliminará la ultractividad de los convenios como quiere la CEOE.
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