El Tribunal de Cuentas examina con lupa las cuentas de Fremap, la primera mutua de accidentes de trabajo en España, por presunta responsabilidad contable en una operación inmobiliaria que se remonta al año 2004. La Seguridad Social ha remitido a este tribunal un informe, al que ha tenido acceso este periódico, en el que reclama a la mutua cuatro millones de euros por "posibles perjuicios económicos" al organismo público, cifrados en más de cuatro millones de euros.
El Ayuntamiento de Majadahonda es el principal receptor del dinero
La empresa alega que se trata de un procedimiento ordinario
La Seguridad Social considera que la mutua, que como el resto del sector gestiona recursos públicos para hacer frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de las empresas, pagó indebidamente "al menos" 4,17 millones de euros por las obras de ampliación de un hospital en el municipio madrileño de Majadahonda. Más de la mitad de esos pagos (2,3 millones de euros) tuvieron como destinatario al Ayuntamiento de Majadahonda, propietario del suelo donde se realizó la obra del hospital de Fremap. El resto correspondió a la firma contratista, principalmente por una revisión de precios no contemplada en el contrato.
Pese a tener estatus de empresas privadas, las mutuas gestionan recursos provenientes de las cotizaciones sociales que abonan las empresas. Por ese motivo su labor está sujeta al escrutinio de la Intervención General de la Seguridad Social.
En este caso, Fremap pidió a la Seguridad Social el permiso preceptivo para ampliar su hospital en Majadahonda. La autorización fue concedida el 16 de abril de 2004, poco después de que el PSOE ganara las elecciones generales, aunque el encargado de firmarla fue todavía el anterior responsable de ordenación de la Seguridad Social del Partido Popular. Uno de los primeros trámites realizados ante el Consistorio de Majadahonda consistió en sustituir por un pago la obligación que tienen todas las empresas que utilizan suelo municipal de ceder parte de ese terreno al Ayuntamiento. Fremap acordó abonar 1,8 millones de euros, equivalentes a 4.000 metros cuadrados. La auditoría en la que se basa la Seguridad Social concluye que, en realidad, el número de metros cuadrados equivalente a ese 10% es muy inferior, de 1.548, según se determinó "por error de hecho o aritmético" en un pleno municipal de mayo de 2006. Y, sin embargo, la cantidad satisfecha por Fremap no varió, a pesar de que la superficie por la que pagaba resultó casi tres veces inferior a lo inicialmente previsto. Además, la valoración de los terrenos "no se ajustó al mercado", concluye el informe de la Seguridad Social.
El organismo público reprocha también a la mutua haber pagado una multa de 1,2 millones de euros, "con cargo a los recursos de la Seguridad Social", por haber iniciado las obras de construcción sin la licencia correspondiente. El organismo entiende que no es posible cargar al sistema público pagos imputables a la responsabilidad de la propia empresa.
No es este Ayuntamiento -cuyo ex alcalde, Guillermo Ortega, se ha visto envuelto en la trama Gürtel de financiación irregular del PP- el único destinatario de los pagos de Fremap. La constructora Conosa, ahora en concurso de acreedores según la base de datos Informa, recibió casi un millón de euros "sin que se haya constatado la efectiva prestación de los servicios" y una cantidad similar por una revisión de precios no prevista por contrato.
Fremap realizó una serie de alegaciones al informe, aunque la mayoría de ellas se desestima en el documento remitido al Tribunal de Cuentas, fechado el 21 de octubre de 2010. Consultada al respecto, la entidad resta importancia al caso al asegurar que "forma parte de los procedimientos de auditoría a los que las mutuas están sujetas anualmente".
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