San Fernando se esfuerza durante todo 2010 para presumir de aniversario. Se cumplen 200 años desde que en esta ciudad se reunieron las Cortes que sólo dos años después aprobaron la Constitución de 1812. Pero ahora el aniversario que más pesa es el que se cumple hoy. Ha pasado un año desde que el Ayuntamiento, gobernado por PA y PP, denunciara la desaparición de dinero público de la caja municipal. En total 7,8 millones de euros. Un trabajador municipal, responsable máximo de esa caja, permanece en prisión desde hace cinco meses pero la investigación, que está estancada, ha dejado muchas preguntas sin responder.
La Cámara de Andalucía tiene pendiente entregar una auditoría
El abogado del único encarcelado ha solicitado nuevas diligencias al juzgado mientras se aguarda con expectación el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el funcionamiento económico del Consistorio isleño.
Ha pasado un año desde que el interventor y la tesorera municipales, por mediación del alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, interpusieran en comisaría una denuncia por un evidente descuadre contable en la caja municipal. Entonces sólo se había detectado medio millón de euros pero se intuía que podía faltar más.
La Cámara de Andalucía tiene pendiente entregar una auditoría
El abogado del único encarcelado ha solicitado nuevas diligencias al juzgado mientras se aguarda con expectación el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el funcionamiento económico del Consistorio isleño.
Ha pasado un año desde que el interventor y la tesorera municipales, por mediación del alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, interpusieran en comisaría una denuncia por un evidente descuadre contable en la caja municipal. Entonces sólo se había detectado medio millón de euros pero se intuía que podía faltar más.
La desaparición del dinero se había producido desde 2003 pero fue una auditoría ordenada por la Cámara de Cuentas en 2009 la que requirió los informes que sacaron a la luz la falta de un importante montante económico.
Desde aquel primer día el Ayuntamiento apuntó como presuntos culpables a los dos funcionarios responsables de la caja: Clemente Ruiz y María José Lebrero. Llegaron a ser detenidos y meses después, tras tomarle declaración de nuevo, la jueza ordenó el ingreso en prisión de Clemente. Allí sigue.
Su abogado, Ignacio Quintana, se esfuerza desde entonces en probar su inocencia. "No se ha podido demostrar que él haya hecho uso de este dinero ni que él fuera el único que tenía acceso a él", insiste. Ahora, tras varios meses con la investigación parada y con su cliente en prisión preventiva, ha solicitado nuevas diligencias.
Desde aquel primer día el Ayuntamiento apuntó como presuntos culpables a los dos funcionarios responsables de la caja: Clemente Ruiz y María José Lebrero. Llegaron a ser detenidos y meses después, tras tomarle declaración de nuevo, la jueza ordenó el ingreso en prisión de Clemente. Allí sigue.
Su abogado, Ignacio Quintana, se esfuerza desde entonces en probar su inocencia. "No se ha podido demostrar que él haya hecho uso de este dinero ni que él fuera el único que tenía acceso a él", insiste. Ahora, tras varios meses con la investigación parada y con su cliente en prisión preventiva, ha solicitado nuevas diligencias.
Todas ellas encaminadas a que el Ayuntamiento explique cómo funcionaba el área de Economía y Hacienda y, en concreto, el control de esa caja municipal. Pretende demostrar que había más agujeros de los hallados hasta ahora.
La jueza encargada del caso ordenó el ingreso en prisión de Clemente porque supuestamente había riesgo de fuga. Considera demostrado que el funcionario, que era también propietario de una inmobiliaria, falsificó documentos para retirar de la caja municipal dinero que luego registraba como operaciones realizadas por su empresa privada, aunque no eran reales. Ruiz llegó a crear un sistema informático propio para el funcionamiento de la caja.
La jueza encargada del caso ordenó el ingreso en prisión de Clemente porque supuestamente había riesgo de fuga. Considera demostrado que el funcionario, que era también propietario de una inmobiliaria, falsificó documentos para retirar de la caja municipal dinero que luego registraba como operaciones realizadas por su empresa privada, aunque no eran reales. Ruiz llegó a crear un sistema informático propio para el funcionamiento de la caja.
El auto de prisión destacaba sus contactos con unos empresarios marroquíes instalados en la ciudad, a los que ayudó económicamente.
Aunque fueron investigados nunca fueron imputados. Su abogado, José Luis Tellado, ha reclamado ahora en el juzgado la devolución de los bienes personales que les fueron intervenidos, entre ellos, álbumes de fotos y ordenadores.
La investigación policial recogida en el sumario destacaba el alto tren de vida de Clemente Ruiz, aunque no lo suficientemente elevado para justificar que él se haya gastado esos casi ocho millones de euros.
La investigación policial recogida en el sumario destacaba el alto tren de vida de Clemente Ruiz, aunque no lo suficientemente elevado para justificar que él se haya gastado esos casi ocho millones de euros.
¿Dónde está el dinero? El gobierno local confía en que un juicio, que no se antoja inminente por diversos problemas personales y técnicos que están retrasando la instrucción, permita dar luz y recuperar el dinero. La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene pendiente entregar la auditoría cuya solicitud de información provocó el descubrimiento del caso.
fuente: El Pais
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