El PSOE tenía razón en sus denuncias sobre las irregularidades detectadas en el servicio público del alcantarillado. Esta es la conclusión que se extrae de la resolución dictada por el tribunal encargado de investigar las actuaciones de la concesionaria de ese servicio, la Unión Temporal de Empresas (UTE) San Fernando, tras ser descubierta la doble facturación que estaba produciéndose desde que le fuese adjudicado en 2005 el mantenimiento de la red de alcantarillado local.
El administración judicial instructora del expediente, seguido contra la empresa a instancias de los socialistas, ha impuesto una multa de 201.000 euros a la adjudicataria por 67 infracciones «muy graves», como detalla en la resolución.
Por ello se le impone a la UTE la sanción máxima ya que, según el tribunal, concurren circunstancias agravantes tales como «la intencionalidad», y alega así que la empresa destinó medios del contrato público para servicios privados, con el objetivo de obtener un beneficio económico a costa del Ayuntamiento. A ello suma «la reiteración» pues el hecho se produjo al menos en 67 ocasiones, que podrían ser más a la vista de la declaración de los trabajadores y a falta de más datos por la ausencia de albaranes.
El portavoz socialista, Fernando León, asegura que «queda totalmente probada la actuación desarrollada por el PSOE, pese a las trabas impuestas por el equipo de gobierno».
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