La Guardia Civil ha detenido esta mañana al propietario de la promotora inmobiliaria murciana Trampolín Hills, Antonio Martínez. La detención se produce en el marco de las indagaciones de un juzgado de la región que investiga el presunto fraude denunciado por los 2.000 compradores de sus viviendas que, con la empresa en concurso de acreedores, han perdido los anticipos a cuenta que entregaron al constructor.
Conocido como El Gitano, su empresa que nació con un capital social de 5.000 euros en 2005, promovió en los últimos años una urbanización en el municipio murciano de Campos del Río de la que no llegó a levantar ni una sola casa. Con sólo 2.000 habitantes, el equipo de gobierno municipal había aprobado la construcción de otras tantas viviendas y un campo de golf, que finalmente no ha llegado a realizarse.
Los clientes que hicieron entrega de cantidades a cuenta -en algunos casos superiores a los 50.000 euros- se han constituido en asociación y en los últimos meses han planteado una denuncia colectiva por estafa e incumplimiento de contrato contra Martínez y su socio. El abogado de la mayoría de los afectados, Joaquín Guzmán, ha cifrado esa estafa en más de 60 millones de euros y alertó recientemente de la posibilidad de que Martínez y su socio "podrían huir de España o hacer desaparecer pruebas" si seguían en la calle. La investigación sigue abierta y se ha decretado el secreto de sumario.
Retrasos en las obras
Trampolin Hills golf Resort es actualmente, y según los compradores, "un páramo abandonado donde sólo quedan algunos carteles y varias palmeras secas". Añaden que "no se ha construido ni una casa y faltan 80 millones de euros". Es el testimonio de alguno de los afectados que recuerda que en 2009, meses antes de que llegara el concurso de acreedores, las obras acumulaban ya un retraso de tres años porque el Ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial dado el importante revuelo político que generó una denuncia del PP de Campos del Río y que vinculaba al actual alcalde con algunas compraventas de fincas del resort.
Además del concurso de acreedores, la empresa constructora tenía sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que "la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia".
Mientras tanto, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano le había impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros "por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta". Y, por último, el Ministerio de Hacienda anunció que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, no existía como tal ni tenía nacionalidad ni estructura empresarial en España.
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