La situación de la decena de empleados de Aquagest, la adjudicataria provisional del servicio municipal de alcantarillado, es prácticamente insostenible. No les ha quedado más remedio que convocar una huelga indefinida que comenzará este próximo jueves. Así al menos lo considera el secretario de servicios de la comunidad de UGT, Juan Manuel Ruiz. "Una huelga siempre es la última opción para los trabajadores, pero es que no podemos hacer nada más", explicaba.
Y no pueden hacer nada más porque Aquagest, desde que comenzara a dar este servicio el verano pasado -justo cuando se abrió expediente a la anterior adjudicataria, San Fernando UTE, que precisamente el lunes se conoció que ha sido sancionada con más de 200.000 euros por doble facturación- se ha atenido a aplicar el convenio estatal, un convenio de mínimos, a sus trabajadores, "los cuales están percibiendo salarios que se reducen casi a la mitad respecto a otros compañeros de la provincia", apuntaba Ruiz.
Pero a esta precariedad salarial se suma además el exceso de horas extra que están acumulando -casi rozan las 80 horas anuales permitidas- y el hecho de que están prestando servicio de lunes a domingo, sin descansos y con el móvil corporativo siempre encendido por si tienen que atender alguna emergencia, "que no han sido pocas, habida cuenta de las lluvias caídas semanas atrás", añade el secretario sindical.
A todas luces, aclara éste, es necesario no sólo aumentar los sueldos, sino también la plantilla, e incluso el número de camiones -actualmente dos- que prestan este servicio de carácter público.Las razones por las que esta empresa no mejora la situación de sus efectivos tanto personales como materiales no están oficialmente reconocidas, pero bien es verdad que la concesión de estos servicios a Aquagest tiene un carácter temporal hasta que el Ayuntamiento isleño publique el pliego de condiciones para una adjudicación definitiva.
Una vez esto pase, Aquagest podrá optar a la tarea de forma permanente, pero será una más entre las restantes que se presenten, de tal manera que no está garantizada su continuidad por lo que realizar una inversión excesiva ahora, con la incertidumbre como telón de fondo, podría ser un gasto innecesario ya que tendrían que irse.
Pero es que además, la provisionalidad de esta adjudicación impide a los trabajadores poder negociar un convenio colectivo que les ofrezca un marco de protección laboral estable. Por eso, tienen que limitarse a solicitar un acuerdo de mejora, que al menos arregle en parte su presente laboral. Es esencial que se logre cuanto antes la aprobación de los puntos de este acuerdo, matizaba Ruiz, porque éstos deben incluirse en el pliego de condiciones para tener carácter permanente.
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