La tragedia del Campo de las Balas, en Cádiz, sí tuvo responsabilidad municipal. En 2004 un joven de 16 años murió aplastado por los escombros de un viejo edificio militar. Dos amigos suyos salvaron la vida, aunque uno sufre heridas irreversibles en el brazo. El inmueble, en la zona conocida como Campo de las Balas, era propiedad del Ayuntamiento de Cádiz.
En el siniestro murió un joven y otro resultó herido y tiene secuelas
Las denuncias de las familias por la vía penal, que reclamaban indemnizaciones al consistorio por haber permitido el uso de estas instalaciones en mal estado, fracasaron. En cambio, el juzgado número dos de lo Contencioso-Administrativo sí ha aceptado su demanda y ha condenado al Ayuntamiento, siete años después, a una indemnización de 212.734 euros.
La sentencia confirma lo que los jueces por la vía penal no vieron. El derrumbe se produjo a primera hora de la tarde del 16 de enero de 2004. Los tres jóvenes, como hacían otros muchos, habían acudido a jugar a esta antigua escuela de tiro con varios edificios abandonados. Había un proyecto de demolición todavía no ejecutado. Otros inmuebles eran usados por asociaciones y agrupaciones de carnaval para actividades particulares. Pero la Policía advirtió meses antes del estado de abandono de estas instalaciones y de sus malas condiciones de conservación. Según relataron los supervivientes, el edificio en el que jugaban se derrumbó cuando uno de ellos golpeó contra un muro una pelota.
Según la sentencia del contencioso-administrativo, el Ayuntamiento era perfecto conocedor del uso que se le estaba dando al inmueble y no actuó para evitarlo. "El servicio de vigilancia era insuficiente y lo mismo cabe decir de la actuación de la Policía Local", reza el texto. "Una vigilancia suficiente habría permitido conocer el mal estado, habría bastado con atender la llamada del vigilante, que comunicaba que había un hueco en la pared", que podría suponer un peligro. "No había un defecto estructural del edificio pero la comisión de gobierno sí reconoció que existía el peligro de un siniestro".
La sentencia, de 18 folios, es un deseo largamente esperado por las familias del joven fallecido y del herido, que permanece con una discapacidad en el brazo desde el siniestro. "Establece claramente la responsabilidad del ayuntamiento. Si no fue penal, al menos su responsabilidad civil", explicó ayer el abogado de las familias, Gabriel Escalante. El equipo de gobierno, del PP, eludió ayer pronunciarse sobre esta sentencia, sobre la que cabe recurso.
El entonces portavoz del PSOE, Rafael Román, que llegó a ser reprobado en un pleno por reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en la tragedia, se felicitó moderadamente por este fallo judicial. "Una sentencia que tarda siete años no es justicia". Confía en que el Consistorio no recurra para no agrandar el sufrimiento de estas familias. La mayor parte de la indemnización, 152.550 euros, los sufragará la aseguradora Mapfre.
fuente: elpais
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