Los trabajadores/as cada vez trabajaremos más años, cotizaremos más dinero y nos jubilaremos más tarde; y todo ello para tener "derecho" a una pensión cada vez menos digna.
Esta semana se reúne la Comisión del Pacto de Toledo. En este caso, supone elevar la "base de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años". El problema es que, por debajo de esta denominación técnica (base de cálculo) lo que se esconde es una rebaja pura y dura de las pensiones.
Hasta ahora, para calcular cuánto cobraba cada jubilado, se tenían en cuenta sus últimos quince años de cotización. A partir de ahora, se ampliará a veinte años. Normalmente, los trabajadores cobran más según avanzan en su carrera laboral, por lo que un cambio así supondría una rebaja en las pensiones.
Este tipo decontradicciones son habituales en todo lo que rodea al Pacto de Toledo. Los políticos saben que rebajar las pensiones tiene un fuerte coste electoral y buscan retrasar, embrollar y esconder lo máximo posible los cambios. En este momento hay dos propuestas encima de la mesa: ampliar la base de cálculo de 15 a 20 años y retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
Por mucho que traten de ocultarlo los políticos con declaraciones sobre la "sostenibilidad del sistema, la necesidad de hacer ajustes o la solidaridad", lo cierto es que el resumen es: más años en el curro y menos pensión a cobrar.
Y los estudios, informes y declaraciones a largo plazo indican que la tendencia es a reducir cada vez más el importe de las pensiones (a través de la ampliación de la base de cálculo) y a obligar a ampliar los años trabajados.
Pero todo lo demás queda casi pequeño cuando se escucha la justificación de la señora López i Chamosa para este expolio. Así, antes de entrar en la reunión, la representante del PSOE aseguró que "había consenso" sobre el tema porque una medida así se introduciría "poco a poco" y no "perjudicaría excesivamente a nadie".
Este tipo de frases son vomitivas, puesto que a quien no va a perjudicar seguro es a ella o a sus compañeros del Pacto de Toledo. Los políticos españoles (en el Parlamento, en las cámaras autonómicas e, incluso, en muchos ayuntamientos) tienen planes de pensiones especiales pagados con el dinero de todos los trabajadores/as.
Y sus privilegios no acaban ahí, según el reglamente de las Cortes, gozan de la llamada "pensión parlamentaria", que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.
CONTRA LOS RECORTES LABORALES Y DE PENSIONES,CONTRA LOS PARTIDOS POLITICOS HOY MAS QUE NUNCA ORGANIZATE Y LUCHA
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